María vivía en España. En 2016, ante reiteradas situaciones de violencia de parte de su ex pareja decidió viajar a Uruguay con su hija. Y resolvió quedarse.
Una vez en nuestro país, ante algunos comportamientos peculiares de la niña, se inició un proceso de pericias para identificar una posible situación de abuso. Las investigaciones confirmaron la violencia intrafamiliar, pero no dieron cuenta de que haya habido abuso sexual.
Sobre el padre de la niña pesa una orden de restricción que no le permite acercarse a ellas ni establecer comunicación. El hombre violó esta medida en reiteradas oportunidades.
Como la niña estaba en Uruguay sin el consentimiento del padre, la Justicia intervino. Y la Justicia falló, en ambas acepciones del término. Resolvió la restitución de la niña a España. La defensa logró suspender la medida por un tiempo y, tras una nueva instancia, se ratificó la decisión inicial.
La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso presentado por la defensa para evitar que María y su hija tengan que abandonar el país. Esto deja firme la orden que dice que la niña sea restituida a España, donde la aguardan su padre y una orden de restricción por violencia.
María y su hija deben volver a España, donde fueron violentadas. No es lo que quieren. Podrían correr peligro. Este fallo da cuenta de una irresponsabilidad enorme por parte de la Justicia. María y su hija no tienen garantías. Su seguridad está en jaque. La Justicia es y será responsable.