El movimiento feminista irrumpió con estruendo en la sociedad uruguaya: el “crimen pasional” se empezó a llamar femicidio, al hombre que asesina a una mujer por su condición de tal, femicida; la cantidad de denuncias de violencia doméstica se convirtieron en un problema nacional y dejaron de ser un secreto que debe quedarse en la interna del hogar.
Las problemáticas de género y las demandas del movimiento feminista han permeado, en distinta medida, los programas de gobierno de los partidos políticos. Pero, ¿qué proponen para disminuir la desigualdad de género?
Al menos cuatro de los seis partidos que alcanzaron representación parlamentaria están de acuerdo en que es necesario compartir los cuidados de las y los hijos y repartir las tareas del hogar de forma equitativa. Combatir la brecha de género, particularmente en el ámbito laboral, es un lugar común para los partidos que abordan el tema. También es de destacar que los partidos más votados en sus programas plantean la necesidad de evaluar y mejorar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Los programas que menos toman en cuenta los temas de género son el Partido Independiente, que le dedica algunas menciones, y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), que no nombra la palabra “mujer” ni “género” en ninguna parte de su programa.
Cuidados y reconocimiento
El Partido Colorado (PC) plantea mejorar y financiar el SNIC ya que considera que tuvo un impacto positivo, dado que “cuidadores formados y financiados total o parcialmente por el Estado se hagan cargo de las tareas de cuidados de niños, adultos mayores y personas en situación de dependencia”, logrando “el doble objetivo de liberar a las mujeres de tareas no remuneradas en el hogar y de remunerar a las personas que efectivamente se dedican a los cuidados, en su mayoría mujeres”.
También propone reducir la brecha entre las licencias por maternidad y paternidad dado que “la madre obtiene 14 semanas de licencia, mientras que al padre le corresponden 13 días”, en tanto “94% de las madres hacen uso del tiempo establecido por ley, para los padres esta cifra desciende hasta 79%”, plantean.
Aunque Cabildo Abierto (CA) plantea revisar los conceptos de “la ideología de género” en las guías de educación sexual, de todas formas utiliza “género” como categoría conceptual para desarrollar propuestas y analizar la sociedad. En el apartado Educación cita el artículo 41 de la Constitución. Este establece que “el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres”. En este sentido, plantea revisar los programas y textos de educación inicial y primaria que contengan “conceptos de ideología de género”, así como “las guías de abordaje de la educación sexual”. En varios planteos programáticos, cuando utiliza palabras como “revisar” o “evaluar a fondo”, no se explicita qué aspectos deben ser evaluados, cuáles generan dudas o rechazo.
CA acepta en su programa que “las familias uruguayas han venido sufriendo modificaciones en la integración de los hogares”, y por lo tanto plantea la necesidad de “concientizar acerca de la nueva paternidad y la importancia de la corresponsabilidad familiar y del hogar”. En este sentido, propone compensar desde el Estado el cuidado de las y los hijos a las mujeres: plantea implementar “un salario maternal para la mujer que al tener su tercer hijo prefiera renunciar a su trabajo y quedarse en el hogar para su mejor crianza”. También “establecer una jubilación mínima universal para todas las madres que ingresen al sistema, y luego cuotas adicionales sucesivas por cada hijo que ingrese a la vida laboral”.
El Partido Nacional (PN) plantea que es condición para la construcción de una “sociedad plural” superar “estereotipos y prejuicios que puedan tener efectos discriminatorios”, por eso considera importante “cultivar vínculos de respeto y reconocimiento en ámbitos tan diversos como el doméstico, el laboral, el educativo, el sanitario y el cultural”, aunque no explica qué debe reconocerse y a quién.
El Partido de la Gente (PG) plantea “acabar con todo tipo de violencia contra las mujeres”. Reconoce y “reivindica el rol y la contribución que las mujeres hacen por la sociedad uruguaya en todos los ámbitos de la vida”. Propone una “discusión racional basada en la búsqueda de soluciones a los problemas objetivos que enfrentan las mujeres respecto a las desigualdades estructurales, tales como la salarial, además de situaciones de violencia y discriminación”. Para esto se proponen “ofrecer patrones de conducta ejemplares a las nuevas generaciones y educar a las generaciones más maduras. Respetar y promover la equidad entre todas las personas y la igualdad de oportunidades, sin que el género sea un factor de discriminación”.
El Frente Amplio (FA), actual partido de gobierno, plantea en su programa que “la agenda de género debe estar en el centro de todas las acciones del próximo gobierno del FA” y reafirma que “la libertad, la igualdad, el trabajo, la justicia social, la solidaridad, la democracia y la paz” constituyen valores sobre los cuales “la fuerza política ha asentado su pensamiento histórico y su identidad y sobre los cuales ha justificado su razón de ser antioligárquica, antiimperialista, antipatriarcal y antirracista”. “Esto implica tener el compromiso de transformar desde el Estado las relaciones de poder y subordinación de las mujeres que reproduce la sociedad capitalista patriarcal”, agrega.
Reconoce que las mujeres adolescentes más pobres “destinan muchas horas a los cuidados de familiares dependientes”, por esta razón considera “fundamental el desarrollo de alternativas de cuidado de las personas dependientes con equidad de género e intergeneracional, que posibiliten que las adolescentes puedan transitar esta etapa de su vida en condiciones de equidad”, para así desarrollar “sus proyectos de vida con autonomía”; también plantea “profundizar las cláusulas de género en los convenios colectivos, contemplando la especialización de los servicios de cuidados para las mujeres trabajadoras, la capacitación para las mujeres en aquellas especializaciones laborales peor remuneradas, para evitar la división sexual del trabajo y la segmentación por ramas”.
Políticas de género para hombres
CA, al igual que el PC, incluyen dentro de “género” la necesidad de garantizar los derechos de los niños y de los hombres. CA anhela alcanzar la “equidad de género para aquellos padres que se ven notoriamente perjudicados con relación al cuidado, al vínculo y a la crianza de sus hijos, luego de divorciados o separados”. “Los niños son los más vulnerados en este caso”, aclara. Añade que va a “combatir la violencia doméstica hacia las mujeres pero también hacia los niños, los ancianos y los hombres, sobre todo cuando se les quita la oportunidad de tener contacto con sus hijos luego de la separación”.
El PC indica en este sentido que “tampoco se debe perder de vista que la división de tareas y la rigidez del sistema impacta negativamente a los hombres. Ejemplo de esto es que 86% de los homicidios consumados en 2018 hayan tenido hombres como víctimas, que 81% de las víctimas de suicidio sean hombres, y que la esperanza de vida de los hombres sea seis años menor que la de las mujeres”. “Estas cuestiones también deben ser abordadas si buscamos una verdadera equidad de género”, insiste. El partido liderado por Ernesto Talvi propone la realización anual de “encuestas nacionales de victimización que incluyan un apartado especial sobre violencia doméstica y de género, que incorporarán a hombres en la muestra”. Sobre esto último argumenta que “los hombres también sufren violencia doméstica a manos de familiares, parejas y ex parejas, como evidencia el hecho de que casi un cuarto de las denuncias por violencia doméstica son realizadas por hombres”.
Violencia y educación
La problemática de género transversaliza la mayoría del programa del FA. Por fuera del eje específico de género, desarrolla propuestas en: Recursos Acuáticos, Educación, Cultura, Turismo, Industrias y Energía, Deporte, Diversidad, respecto de las mujeres víctimas de terrorismo de Estado, las mujeres en situación de discapacidad, y las que se encuentran actualmente privadas de libertad. También predomina un enfoque interseccional: “Tienen que considerar las intersecciones de diversas dimensiones que configuran escenarios de desigualdad que afectan en particular a las mujeres: condición de clase, ascendencia étnicoracial, origen territorial, situación de pobreza, discapacidad, edad, ideología, espiritualidad, identidad de género, orientación sexual, entre otras”.
Algunos de los objetivos programáticos son la “defensa de la igualdad de género, a través de cambios en las prácticas de políticas machistas, prevenir y sancionar la violencia política hacia las mujeres, garantizar el acceso a la justicia y a la protección del Estado para una vida libre de violencia de género, garantizar y reforzar el acceso a la vivienda para las mujeres que por situaciones de violencia de género deban salir de sus hogares, solas o con sus hijas e hijos, y ampliar el sistema interinstitucional de respuesta en situaciones de violencia basada en género, asegurando su funcionamiento los 365 días del año sin excepciones.
CA se plantea luchar “contra la violencia en general y la doméstica en particular, ya sea física, psicológica, económica o sexual”, que consideran afecta a las mujeres “de manera desproporcionada”. Asegura en su programa que “la violencia y la intolerancia parece haberse instalado en la sociedad” y propone crear “un programa de promoción de Cultura de Paz como un medio de disminución de la violencia en la sociedad”.
Por su parte, el PN pretende “sensibilizar y capacitar sobre igualdad de género con igualdad de oportunidades y derechos, mediante acciones que promuevan un cambio cultural en la sociedad hacia la comprensión e integración de las personas de los distintos géneros”. Considera en ese sentido que el “sistema educativo, las políticas sociales y los medios de comunicación públicos son instrumentos de primera importancia”. Propone un “combate frontal a la violencia basada en género”, y asegurar “el real cumplimiento de la Ley integral de violencia contra las mujeres”. Creen necesario desarrollar o adecuar la normativa vigente en algunos aspectos, como realizar un seguimiento para que “el hombre abusador cumpla con el tratamiento dispuesto judicialmente y que, en caso de no hacerlo, se le aplique la figura de desacato; extender las pulseras electrónicas a todo el país, y centrar la prevención en el acosador, evitando la afectación de la vida normal de la mujer con la asignación de la custodia al acosador y no a su víctima”. Se propone asegurar que “los servicios de respuesta tengan una cobertura de 24 horas al día los 365 días del año, con un dimensionamiento y capacidad de respuesta acorde a las situaciones límite” y “preparar al personal de salud para que identifique situaciones de violencia de género o abuso infantil”.
El Partido Independiente (PI) nombra en muy pocas oportunidades las problemáticas de género entre ítems más globales. En la sección “Síntomas de la marginalidad social” argumenta contra la vía punitiva como única posibilidad de respuesta y señala que esta “no puede ser la única ni la principal en el combate y la prevención de la violencia intrafamiliar ejercida por el hombre”. Dice que deben adoptarse abordajes complementarios, por fuera de lo punitivo, centrados en “quien ejerce la violencia, que puede padecer problemáticas psicológicas (agresividad, ira y celos desmedidos, entre otras) que conllevan el uso de la violencia en el hogar y/o hacia la mujer”. Indica que “la violencia intrafamiliar, la creciente visibilización y concientización sobre el problema se manifiesta en el fuerte incremento de las denuncias realizadas”. El PI plantea que “la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual, los persistentes prejuicios que excluyen a minorías étnicas o personas discapacitadas son reclamos justos y deben ser examinados por todos, con la razón y la lógica”.
El PG propone la creación de un registro de agresores y de “Centros de Urgencia” para casos de violencia de género. Allí las víctimas tendrán apoyo profesional. Señala que si una víctima “acepta reconciliarse con el agresor, se proporcionarán servicios de asesoramiento al agresor y a la víctima y se supervisará la situación para prevenir nuevas situaciones de violencia”. También propone la “capacitación obligatoria” para acceder a cargos y ascensos estatales, y “programas de sensibilización al personal judicial, policías y los profesionales del derecho y la salud”.
El PC pretende implementar un programa escolar y liceal a escala nacional “con el fin de cambiar las actitudes de los niños y adolescentes sobre la violencia sexual y los roles de género”. El programa estará basado en dos modelos: el de Relaciones Seguras (safe dates) de Estados Unidos y el de Noviazgos sin Violencia de Argentina. Señalan que el objetivo será “promover cambios en las normas adolescentes sobre roles y violencia de género, mejorar la resolución de conflictos, fomentar la búsqueda de ayuda en casos de riesgo y desarrollar la capacidad de asesoramiento entre pares y amigos”. También se plantea realizar una campaña de concientización en medios para “promover modelos positivos y denunciar conductas abusivas”.