Era junio de 2015. Laura y Jazmín habían marchado en el Día del Orgullo Gay en San José, la capital de Costa Rica. Al caer la tarde, junto con un grupo de personas, se lamentaban de que tanto amor expresado en la calle no pudiera materializarse en matrimonios y en derechos adquiridos como parejas. Una de ellas tenía consignado en su cédula sexo masculino por un error registral. Entonces, “¿por qué no casarnos?”, se preguntaron. Legalmente iban a ser un hombre y una mujer.
Lo hicieron; la boda se celebró con amigos y familiares. En ese momento casar a dos mujeres podía pagarse con cárcel, por lo que pocos abogados se habrían animado a hacerlo. No obstante, registralmente era procedente, pues en las cédulas de identidad constaba que se trataba de un hombre y una mujer.
Allí estaba Marco Castillo, un abogado y activista que ya había intentado presentar su propio matrimonio ante el Registro Civil y había interpuesto un recurso de amparo contra el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Unos meses después de aquella celebración, y cuando el Registro Civil aprobó la unión pues registralmente se trataba de un hombre y una mujer, todo estalló. Medios de comunicación locales consignaron que eran dos mujeres legalmente casadas y, con una velocidad inusitada, el Registro Civil buscó anular lo que ya había aprobado.
Además de esa anulación, también se anunció con gran celeridad la acusación penal de las contrayentes, los testigos y el notario que las había casado. Fueron acusados de “falsedad ideológica”, de mentir en documentos públicos y de celebración de “matrimonio imposible”. Un largo período de litigio judicial caería sobre estas cinco personas.
Inconstitucional
Mientras el proceso contra las protagonistas de aquel “matrimonio imposible” avanzaba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su opinión ante una pregunta del Estado costarricense sobre los derechos de las personas y de la diversidad sexual en cuanto a formar familias y su identidad sexual. La corte dijo, en resumen, que el Estado debería tutelar el cumplimiento de los derechos de todas las personas y de todos los tipos de familias.
Posteriormente, un fallo de la Sala Constitucional declaró inconstitucional el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, lo que abrió la puerta para el matrimonio igualitario. La sala, sin embargo, fijó un plazo de año y medio para que se aplicara el fallo.
Estos antecedentes fueron fundamentales para que el martes 5 un juez finalmente dejara sin efecto las acusaciones que pesaban sobre Laura Florez-Estrada, Jazmín Elizondo, Marco Castillo y los testigos de la boda celebrada en 2015. El juez, además, fue más allá y ordenó eliminar las anotaciones que buscaban anular el matrimonio, por lo que ya puede considerarse el primer matrimonio igualitario del país, aunque en los hechos todavía faltan 16 meses para que otras parejas puedan inscribir los suyos.
Jazmín Elizondo dijo a la diaria que se llenaron de una “alegría profunda”. Al salir de la audiencia preliminar que dio por terminados años de zozobra, recordaron la amenaza que significó la persecución judicial de que fueron objeto, que incluyó la posibilidad de ir a la cárcel. “Incluso estuvimos pensando en el exilio, en buscar otro país para irnos, porque sentíamos que nos iban a condenar. Estuvimos perseguidas”, reconoció Jazmín.
En la audiencia, escuchar a los abogados defensores, a la fiscalía y al juez significó “algo muy hermoso” para las dos mujeres casadas. “Todos nos agradecían porque estábamos dando pasos hacia la igualdad y la equidad de derechos. Fue hermoso y no me lo esperaba. Quiero más de eso. Quiero ver que la gente tiene posibilidad de cambio y que podemos cambiar”, expresó.
Para el activista Marco Castillo, que estuvo cerca de perder su licencia de notario, el final de esta etapa fue un gran alivio pero también un reconocimiento a una lucha sin descanso de quienes llevan más de 30 años buscando el derecho a formar una familia.
A la audiencia de este miércoles iba tranquilo. Confiaba en que el fiscal retiraría la acusación y que el juez liberaría de toda responsabilidad a los acusados. “Después de la resolución de la Sala Constitucional, el Poder Judicial no puede decir algo diferente. Que aún no esté en vigencia el matrimonio igualitario no impide que se apliquen los principios generales del derecho”, dijo a la diaria.
A futuro
Aún es incierto lo que pueda pasar con otros matrimonios que busquen inscribirse. Aunque la Sala Constitucional reconoció que el Código de Familia vulnera derechos humanos, en la práctica la norma sigue vigente. La Asamblea Legislativa, de mayoría conservadora, tiene un plazo de 16 meses para reformar los artículos señalados como inconstitucionales; si no lo hiciera, vencido el plazo esos artículos quedarían derogados, según el alto tribunal.
Esto significa que, aunque ya haya un matrimonio igualitario en Costa Rica, los derechos no alcanzan todavía a todas las personas. Muchas parejas deben esperar el plazo dictado por los magistrados. El cambio aún está por venir, pero ya se ve luz al final del oscuro recorrido que ha transitado el país en el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo.
Fernando Francia, desde Costa Rica