Un proyecto de ley presentado en 2019 para regular la educación sexual en instituciones educativas fue desarchivado este año a pedido del diputado nacionalista Rodrigo Goñi, uno de los promotores, con la intención de impulsarlo. La propuesta establece que “todo padre o tutor tiene derecho a ser informado previamente sobre el tipo de educación sexual que se ofrecerá a sus hijos o pupilos”, ya que es una disciplina que “atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas”.
Por eso, plantea que las instituciones públicas tienen que informar antes de empezar el año lectivo sobre la propuesta de educación sexual que se brindará en clase. Según el texto, esa información deberá incluir desde los objetivos y contenidos del programa hasta los “valores a transmitir” o qué formación tiene la o el docente “sobre sexualidad”.
El proyecto asegura que las instituciones educativas tienen que recabar el consentimiento de las familias y que, si se estas se oponen a la propuesta, deberán ofrecer “al menos, las dos visiones de la educación sexual que sean acordes con las convicciones morales y religiosas más representativas entre los padres”. Si la mayoría de los padres de una clase están de acuerdo con que se ofrezca un programa diferente, la institución deberá coordinar para que pueda ofrecerse. En caso de que la o el docente no esté de acuerdo con la propuesta de los padres, “la educación estará a cargo de la persona que ellos propongan, con la remuneración que corresponda al docente”.
El texto fue redactado por la Red de Padres Responsables, que en su página web se presenta como “un grupo de padres y madres” que busca reivindicar el “derecho y deber” de educar a sus hijas e hijos de acuerdo a sus “propios valores en el ámbito de la sexualidad humana”. La red se opone a la educación sexual que hoy se brinda en escuelas y liceos por su propuesta de “deconstruir y desnaturalizar el ser varón y ser mujer” y “deconstruir el modelo tradicional de familia y favorecer la construcción de nuevos modelos”, según se lee en la página. “A través de charlas, talleres, difusión de material instructivo y audiovisual, se está experimentando con menores de edad, con la complacencia y auspicio de algunas autoridades públicas”, asegura la red. Y cita ejemplos de la Guía educativa sobre la diversidad afectivo-sexual: vestidos en el aula, publicada por Llamale H en 2011, que hacen referencia a conceptos como la “identidad de género”, el “orgasmo” y la “masturbación”.
El proyecto de ley fue remitido a la Dirección de Derechos Humanos y los consejos desconcentrados de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que en los próximos meses deberán brindar asesoramiento. La directora de Derechos Humanos de la ANEP, Gloria Canclini, dijo a la diaria que por el momento no puede hacer comentarios, ya que “es un tema que se está estudiando en equipo” y todavía no hay una respuesta definida. “Es un tema que hay que tomar con mucha seriedad y ver que tenga sostenibilidad, porque tiene muchas dimensiones”, dijo la jerarca, y adelantó que entre otras cosas “hay que ver los mandatos legales en todo sentido y analizar el proyecto de ley a la luz de los derechos del niño y de los distintos instrumentos que el Uruguay ha suscripto”.
Por una educación sexual integral
Mientras la ANEP tiene el proyecto a estudio, educadoras y educadores sexuales, docentes y expertas en género lo analizan para medir el impacto que podría tener si llegara a aprobarse. Una de ellas es María José Hernández, educadora sexual y docente en el Instituto de Formación Sexológica Integral (Sexur), quien hace unos días invitó a reflexionar en torno a esta iniciativa en una actividad virtual que realizó junto a Mariana Sanabia, también educadora sexual y docente de Sexur, referente de educación sexual en liceos y profesora de Biología.
La convocatoria estuvo dirigida a educadoras y educadores sexuales, pero también a maestras, profesoras, familias y cualquier persona que pudiera estar interesada, porque la idea era sacar el debate para afuera.
Las especialistas resaltaron que hoy en Uruguay la educación sexual está presente en los centros educativos, de alguna forma u otra, lo cual es un diferencial respecto de muchos países de la región. “Transversaliza los programas de educación preescolar y primaria, en el liceo está presente a través de referentes de educación sexual, y en la UTU es una materia”, resumió Hernández. Para Sanabia, incluso “con millones de cosas para criticar y mejorar”, se trata de una “conquista”. “Tener la educación sexual incorporada en el sistema educativo es un paso muy grande, entonces, que cuestionen aspectos tan centrales de cómo funciona es poner mucho en riesgo”, agregó.
Como punto de partida, las educadoras debatieron sobre qué modelo de educación sexual debería brindarse en los centros educativos. Coincidieron en que el camino es el de una educación sexual integral, con perspectiva de género, derechos humanos, equidad y diversidad. “Un modelo integral que no olvida el cuerpo, que lo pone en juego, que lo problematiza, que saca a la gente de sus lugares de confort, de sentarse en una silla y que todo lo que importa es desde el cuello para arriba”, puntualizó Sanabia.
Y respondió a quienes crean el “cuco” de que la intención es “erotizar” a las niñas y los niños: “Las técnicas corporales forman parte del trabajo, pero no en clave erótica; tiene que ver con cómo nos vinculamos y qué representa el cuerpo para mí. Les niñes, teniendo esos espacios para irse construyendo corporalmente con otras personas, se están beneficiando, porque son individuos que se van a volver adolescentes y adultos que van a tener mucha más noción de sí mismos, de lo que les pasa, cuándo les pasa y con quién les pasa. Por lo tanto, van a poder poner mucho mejor los límites, van a tener muchas más herramientas para discernir o poder identificar una situación abusiva”.
Acerca del proyecto de ley, Sanabia dijo que se enmarca en una estrategia de ciertos sectores de “despolitizar” la educación y, sobre todo, la educación pública, “al quitar o colocar como menos importante aquellos espacios que, en realidad, promueven una actitud crítica” como pueden ser la filosofía, la historia o, también, la educación sexual. Todo esto en nombre de una concepción de laicidad “que plantea que, de alguna forma, mis concepciones religiosas están por encima de todo tipo de plan educativo”, dijo la docente, cuando a su entender la educación sexual “no le dice a nadie lo que tiene que pensar de las cosas”, sino que “establece ciertos parámetros o lineamientos que son derechos humanos”. Por ejemplo, el de no discriminación por orientación sexual o identidad de género.
“Podemos decir entonces que la educación sexual no amenaza con ninguna creencia religiosa personal, lo que sí puede es invitarte a repensar si algo de alguna manera está siendo injusto o discriminatorio”, sintetizó Hernández. Su colega agregó: “Si lo pensás, la educación sexual es apenas un contrapeso que le hacemos al peso que tienen todos esos mensajes [que recibimos en la familia, el barrio, los centros educativos, las películas]. Muchas veces, es el único espacio que vas a tener para hacerte ciertas preguntas. Entonces, ¿cómo no va a ser fundamental?”.
Hernández dijo que el proyecto “de alguna manera violenta los derechos humanos”, porque “se puede llegar a volver a dejar a la infancia y a la adolescencia solas, abandonadas, sin información o con información sesgada, sin posibilidad de tomar decisiones ni de pensarse como seres deseantes”. “Este proyecto amenaza algunos avances en cuanto a derechos sexuales y reproductivos”, consideró, y lanzó una invitación en nombre del colectivo de educadores sexuales: “Invitamos a que las personas tomen contacto con el proyecto, puedan conectarse con nosotras, nosotros, con páginas de educación sexual, para poder informarse, porque vemos en este proyecto de ley una herramienta de resistencia de estos movimientos neoderechistas, muy vinculados con el grupo que da origen a este proyecto de ley. Tenemos una responsabilidad comunitaria de no dar un paso atrás”.
Una forma de prevenir la violencia
Las educadoras también cuestionaron que el proyecto considere a la educación sexual como una disciplina que tiene que quedar “encarcelada” en la órbita de la intimidad. “Primero, porque es una locura pensar que cada núcleo íntimo, familia u hogar está desprendido como una isla, en vez de formar parte de un sistema”, dijo Hernández. Pero, además, porque “decir que la educación de la sexualidad y de la intimidad debe quedar en la familia me pone en tensión inmediatamente con lo que tiene que ver con la violencia de género, los abusos sexuales y los primeros abusos en las infancias”.
En la misma línea, Sanabia aseguró que la educación sexual es “fundamental” para atender los abusos sexuales infantiles. “Atender la violencia intrafamiliar no es solamente tener más tobilleras, abrir más cárceles, pensar siempre en clave punitiva. Si no podemos pensar en educación sexual, difícilmente logremos atender realmente la violencia de género de todo tipo y color”, puntualizó.
En este punto coincidió Teresa Herrera, socióloga, experta en género y generaciones e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. “No existe mejor preventivo del abuso sexual infantil que la educación sexual. Ahí es donde las niñas y los niños aprenden realmente qué es la sexualidad, cómo debe ser ejercida si es entre adultos, a cuidar las partes privadas de su cuerpo y todo lo demás”, aseguró Herrera, a título personal, consultada por la diaria. Recordó además que 91% de las personas que ejercen violencia hacia niñas, niños y adolescentes son familiares o pertenecen a su núcleo de convivencia, tal como muestran los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia de 2019.
Herrera dijo que el principio de intimidad que aparece en el proyecto de ley es “justamente lo que dicen los abusadores”, cuando esgrimen cosas como “esto es personal, esto es entre vos y yo nada más, no lo tenés que decir”, o “todos los papás hacen esto con sus hijitas o con sus hijitos”.
La socióloga dijo que las niñas y los niños tienen derecho a conocer de manera libre cuáles son los aspectos de su sexualidad, y que la propia educación tiene que garantizarlo. De hecho, recalcó que muchas de las denuncias de abuso han salido del sistema educativo. “Pero si no se genera la conversación, no se genera la confianza y no se habilita el espacio”, advirtió, “esas denuncias no aparecen”. “Tampoco estoy diciendo que los padres no pueden hablar de sexualidad con los hijos”, advirtió; “digo que una cosa no debería reemplazar a la otra”.