Según la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia de Género y Generaciones, cuyos datos fueron presentados en 2019 y profundizados este 25 de noviembre, 76,7% de las mujeres uruguayas vivieron situaciones de violencia de género en algún ámbito y momento de su vida.
El Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reunió a las autoridades de distintos ministerios e instituciones públicas en la Torre Ejecutiva para hacer un balance y una rendición de cuentas de las acciones realizadas este año para dar respuesta a esta problemática. Fue la primera evaluación pública sobre el tema desde que asumió el gobierno y estuvo atravesada por la discusión en torno al proyecto de ley presupuestal, que se discute estas horas en el Senado. Se celebró bajo la consigna: “No más violencia hacia las mujeres: prioridad de Estado, responsabilidad ciudadana”.
La actividad estuvo liderada por la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, que en su presentación puso el foco en los recursos que destina el Estado para combatir este problema. “Desde que la pandemia empezó, reiteramos el compromiso presupuestal del gobierno para dar una respuesta a este tema e incrementar el gasto. El gasto se incrementó. El Instituto Nacional de las Mujeres, a través del Ministerio de Desarrollo Social [Mides], tiene más presupuesto para dar respuesta a este tema. El Ministerio del Interior ha hecho una inversión importante en el aumento de la compra de tobilleras y en la designación de las unidades de género en todas las juntas departamentales”, aseguró Bottero, a modo de ejemplo.
En ese sentido, resaltó que durante la emergencia sanitaria “la respuesta a la violencia de género no se interrumpió ni un solo día”, algo que demostró que la problemática “también es una prioridad para este gobierno”. Durante los dos primeros meses de aislamiento voluntario, el número de llamadas al servicio de atención a mujeres en situación de violencia del Inmujeres aumentó 80%. El pico se registró en abril, mes en el que se atendió aproximadamente una llamada cada 20 minutos.
Bottero recordó que ese compromiso es acompañado hoy en el Presupuesto: “Aquí no se recortó nada, se aumentó el gasto y se va a seguir aumentando, aun en pandemia y aun en la situación fiscal con la que el gobierno se encontró cuando llegó. Si miran el proyecto de presupuesto, van a ver que no se recortó el gasto para dar respuesta a la violencia de género, sino que el presupuesto se aumentó y va a haber más [recursos] a lo largo de estos cinco años”, prometió la directora del Inmujeres.
Sus dichos llegan en medio de cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil, que desde que se dio a conocer el proyecto presupuestal para el próximo quinquenio aseguran que no contempla recursos para implementar la Ley 19.580 de violencia basada en género.
Tobilleras, fiscalías y juzgados
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, aseguró por su parte que la inversión de la cartera en políticas de género es de “más de 23 millones de dólares por año”. Ese presupuesto abarca, entre otras cosas, a 30 funcionarios que trabajan en las divisiones de políticas de género, más de 600 en unidades especializadas en violencia de género y casi 200 que monitorean las tobilleras.
El ministro hizo énfasis en los esfuerzos de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para pasar del 1º de marzo al día de hoy de 1.200 a 1.500 tobilleras electrónicas. Larrañaga consideró fundamental esta decisión porque, a su entender, enviar funcionarios policiales a custodiar a mujeres en situación de violencia “genera una doble estigmatización de la víctima y un gravísimo riesgo para los propios policías custodios, a veces en barrios y zonas extremadamente carenciadas, donde queda marcado el policía y eso no necesariamente evita la situación de violencia”.
En una línea similar, Arbeleche dijo que el compromiso del gobierno con el tema quedó de manifiesto desde el principio cuando en marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se anunció la compra de más tobilleras.
Por otra parte, respecto de la Ley 19.580, aseguró que su implementación se financiará “paulatinamente a lo largo del período” y recordó que el Presupuesto creará tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país.
Más adelante, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle, adelantó que estos juzgados van a estar ubicados “en el norte del río Negro”, porque “allí están las personas a quienes los servicios llegan más difícilmente”, y mencionó los departamentos de Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó como posibles destinos. “Quisiera que esto no quedara en tres juzgados, pero nos alegramos porque significa un inicio”, puntualizó.
La magistrada aclaró que el Presupuesto crea estos tres juzgados pero no prevé una partida concreta para su funcionamiento. De todas formas, dijo que Bottero le manifestó la posibilidad de destinar a este punto parte de los ahorros de la Cámara de Representantes.
Por su parte, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, enumeró algunas de las medidas adoptadas por la Fiscalía General de la Nación este año en materia de violencia de género. Mencionó, entre otras cosas, la creación de fiscalías especializadas en violencia de género y delitos sexuales en Montevideo –que pasaron de cinco a siete–, y la creación de protocolos de protección y atención a víctimas de trata, explotación y violencia doméstica. También aseguró que se hizo un esfuerzo para trabajar en la clarificación de los números de las denuncias, una información que sirve de insumo para poder “ajustar las perillas” a la hora de ver qué áreas necesitan ser reforzadas para obtener “mejores resultados”.