La brecha de género en materia de participación y oportunidades económicas constituye el núcleo duro de la desigualdad de género desde siempre. Las mujeres no sólo tienen menos oportunidades de ingresar al mercado de trabajo sino que además, cuando ingresan, suelen tener salarios más bajos y menores posibilidades de ocupar cargos de jerarquía. El Foro Económico Mundial vaticinó en 2018 que esa brecha tardaría 202 años en cerrarse, en caso de que el ritmo de cambios se mantuviera.
La realidad indica que podría demorar incluso más, ya que el impacto de la pandemia de covid-19 dejó a muchas personas sin empleo y las mujeres –como suele suceder- se están llevando la peor parte.
El comercio internacional también “reproduce las estructuras desiguales de las economías y las relaciones de género en los países inciden en el acceso de mujeres y hombres a los recursos productivos y a los beneficios del comercio”, aseguró el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la semana pasada.
Por eso, en el marco de la XVI Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur, que estuvo presidida por Uruguay, el organismo propuso impulsar la práctica de incorporar cláusulas de género en todos los acuerdos comerciales. La iniciativa fue aprobada por las representantes de las instituciones rectoras de políticas de género de los países miembro del Mercosur, presentes durante el encuentro virtual. Ahora falta que sea ratificada por el Consejo del Mercado Común.
De ser aprobada, el Mercosur deberá empezar a incluir en todos sus acuerdos comerciales disposiciones vinculadas a la promoción de la igualdad de género “en todos los ámbitos del quehacer económico, las relaciones laborales, acceso a la educación y salud, entre otros” y el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
En un comunicado difundido luego de la reunión, el Inmujeres afirmó que “una política comercial inclusiva contribuiría enormemente a cerrar la brecha económica de género” y recordó que Uruguay y Chile fueron de los primeros países del mundo en incluir un capítulo de género en un tratado de libre comercio. También adelantó que está prevista la incorporación de un capítulo sobre comercio y género en las actuales negociaciones que el Mercosur mantiene con Canadá y la Unión Europea (UE).
De este último, por ejemplo, destacó “la intervinculación entre el comercio y el empleo productivo, el respeto a los estándares laborales del trabajo decente en las cadenas globales, la protección social e inclusión social y la igualdad de género”.
“La inclusión de capítulos y disposiciones de género en los acuerdos comerciales ha significado un enorme logro en la medida que introdujo un lenguaje nuevo y consideraciones distintas en las negociaciones comerciales”, concluye el Inmujeres. Por lo general, estos capítulos también declaran la adhesión a los principales convenios internacionales que consagran la igualdad de género, como la Plataforma de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y los convenios 110, 111 y 156 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Queda claro que las mujeres sufrimos desigualdades en todos los niveles. Por eso, estamos trabajando en transversalizar los temas de género para derribar las brechas”, dijo la directora del Inmujeres, Mónica Bottero, en la apertura de la reunión. La jerarca señaló que la crisis sanitaria impuso “un montón de desafíos” a las mujeres en el mercado laboral y recordó que además han sido ellas las que han sostenido “el gran desafío doméstico de esta pandemia, que han sido los cuidados”. “Pretendemos que en el marco de la negociación Mercosur-UE se pueda reconocer que las mujeres, tanto las empresarias y las exportadoras como las consumidoras y las trabajadoras formales e informales, tenemos dificultades específicas para movernos dentro del área del mercado común”, puntualizó.
La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, dijo por su parte que el “el tema género y comercio” es una política que se lleva adelante “como Estado” porque es “un tema de estricta justicia y beneficioso para toda la sociedad”.
“No hay salida de la pobreza si no hay libertad económica de las mujeres”, manifestó en tanto la vicepresidenta uruguaya, Beatriz Argimón, al cierre del encuentro, y agregó que “el acceso a la tecnología es un punto clave para el desarrollo de emprendimientos y la autonomía económica de las mujeres”.