Uruguay no ha sido ajeno a las presiones, protestas y elaboraciones contrarias a la educación sexual en las escuelas, aunque estas acciones no provinieron de lugares de poder tan destacados como en otros países de América Latina.
El punto de mayor fricción lo constituyó la presentación por parte del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), en 2017, de un texto sobre educación sexual integral (ESI) dirigido a maestros, denominado “Propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en Educación Inicial y Primaria”. En los discursos públicos de las autoridades religiosas y políticas, no se acusó directamente a la propuesta de promover el aborto, la homosexualidad o la masturbación, sino que se utilizaron otros argumentos: en particular, la “libertad” y el “derecho” de los padres a decidir qué educación brindarles a sus hijos e hijas en esta materia. Además, abundaron las referencias críticas a lo que algunas organizaciones religiosas y antiderechos denominan “ideología de género”.
La iglesia católica estuvo en la primera línea a la hora de criticar el texto. El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, sostuvo en julio de 2017, en su audición de Radio Oriental, que el artículo 41 de la Constitución dispone que “el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres”. Este artículo de la Constitución tiene un segundo párrafo, que no fue citado por Sturla, que establece: “La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso”.
Sturla argumentó que el Estado “no puede ponerse en el lugar de los padres y darles a los chicos una educación que no es la que su familia considera conveniente”, y añadió que esto es “propio de estados totalitarios”. El arzobispo también criticó que en un Estado “laico, plural y democrático” se asuma “una ideología determinada, como es la ideología de género”, la que “se nos quiere imponer subrepticiamente”.
Un mes después, la iglesia católica presentó un curso de educación sexual online denominado “Aprender a amar”. En enero de 2018, Sturla cuestionó en un evento religioso el enfoque de la diversidad sexual y explicó que la iglesia católica elaboró una propuesta de educación sexual “según los criterios naturales y cristianos, los del Evangelio, los de la creación”.
Otro enfoque de resistencia a la ESI desde la religión provino del fundador de Beraca y de la iglesia Misión Vida para las Naciones, el pastor Jorge Márquez. En su caso, cuestionó la “ideología de género” y la Guía Educativa de Diversidad Sexual elaborada en 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social. En el programa Desayunos informales, de Teledoce, en febrero de 2017, Márquez dijo que la guía sostiene que “por cuanto nacemos sexuados, el placer sexual es un derecho humano fundamental intrínseco desde el nacimiento. Por lo tanto, producir o provocar el placer sexual en los menores es un derecho”, según interpretó. “Para la ideología de género ningún tipo de acto sexual es malo en sí mismo y esto incluye relaciones sexuales de mayores con menores, relaciones con animales”, aseguró. “Esa frase que yo dije está en varios manuales elaborados por el Ministerio de Salud o Desarrollo, muchos de ellos redactados por grupos como las Ovejas Negras u otros grupos que pertenecen a la ideología de género”, añadió. Lo dicho por Márquez es falso; la mencionada guía no contiene ninguna referencia al sexo con animales (zoofilia) o al sexo de mayores con menores –que según la legislación vigente, se tipifica salvo excepciones como violación o como abuso sexual–.
“Los que somos creyentes pagamos la enseñanza laica, gratuita y obligatoria para que les enseñen a nuestros hijos lo que es ajeno a nuestra fe y conciencia. Algo está mal, ¿no?”, inquirió Márquez. Además, acusó al “lobby gay” de estar impulsando el sexo con menores y animales y sostuvo que estas directivas incluso están presentes en las Naciones Unidas y en la UNESCO.
Sectores político-partidarios también expresaron resistencia a la guía del CEIP; diputados del Partido Nacional como Álvaro Dastugue y Graciela Bianchi criticaron el texto utilizando el argumento de la libertad y el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos e hijas en estos temas.
La única acusación explícita que se hizo a la propuesta didáctica del CEIP de promover la homosexualidad se formuló durante una marcha de “A mis hijos no los tocan”, precisamente en contra de la guía, en agosto de 2017. Según informó el 23 de agosto Portal 180, en la convocatoria a la marcha, firmada por el pastor Sebastián Vilar, se aseguraba que la guía contenía imágenes pornográficas y que su contenido “es adoctrinamiento a la homosexualidad”. “A mi hijo lo educo yo” y “No a la guía de educación sexual” fueron algunas de las consignas que expresaron los manifestantes frente al Ministerio de Educación y Cultura.
Padres responsables
Pero la oposición más organizada y estable a la ESI parece configurarla el grupo autodenominado Red de Padres Responsables, que tiene un sitio en internet con desarrollos teóricos contrarios a la “ideología de género”. En uno de esos documentos sostienen que la guía del CEIP implica “una intromisión en temas íntimos” con “una finalidad deconstructiva, problematizadora, sin que se haya evaluado las consecuencias que ello podría tener para el desarrollo psicológico del menor”.
Afirman también que la creación de nuevos derechos, sancionados “por la presión del movimiento de la diversidad sexual uruguayo”, ha tenido como propósito “producir un cambio en la moral”. “Por eso, se pretende pasar del reconocimiento legal a la imposición moral”, añaden. Afirman que por más que el matrimonio igualitario y el aborto estén permitidos, eso no debería impedir considerar que esas acciones “no son buenas, valiosas para todos, sino sólo tolerables”. Y concluyen que se pretende “imponer un pensamiento único” y “dominar las conciencias”.
En noviembre de 2017, la Red de Padres Responsables elevó un petitorio al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública solicitando que el organismo dictara una resolución que “expresamente ampare la objeción de conciencia de aquellos educadores que no estén de acuerdo con la línea de educación sexual propuesta por el Codicen”. Nada nuevo bajo el sol: similares acciones se impulsaron en países como España (2009) y Argentina (2018) en busca de impedir que se imparta educación sexual en las escuelas.
El Codicen rechazó en dos instancias este pedido, y el colectivo presentó una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que aún sigue su curso. En paralelo, presentaron un proyecto de ley ante el Parlamento en abril de 2019 sobre “derecho de los padres y educación sexual”. Entre otros puntos, la iniciativa exige recabar el “consentimiento escrito, informado y libre de los padres o tutores” para que “se traten con sus hijos o pupilos determinados temas”.