Hace unos días que en el perímetro de la cárcel de mujeres hay dos tanquetas. Podríamos dedicar líneas a cuestionar en qué podría aportar una tanqueta militar en materia de violencia intracarcelaria. Si sirve para disuadir un motín o los conflictos intracarcelarios cotidianos. Pero la verdad es que no importa. Porque esa tanqueta tiene una sola razón: “demostrar quién manda ahora”.
La vigilancia perimetral ya no está en silencio. Las mujeres privadas de libertad reciben comentarios todos los días, desde pedidos de teléfono hasta agravios. Sobrevuela la impunidad, no se sabe –o no se confía– en mecanismos de denuncia formales para manifestar esta realidad. Además de demostrar quién manda quieren demostrar que manejan las reglas del juego.
En estos días hemos visto un uso exacerbado de símbolos que intentan marcar autoridad. Ese es el único objetivo del despliegue policial de estos días: imponer la autoridad. Y más nada. Lejos estamos del análisis criminal para intentar combatir el delito. Lejos están estas medidas de apuntar a mejorar la seguridad. Esto no tiene nada que ver con “la delincuencia”. Son señales. Y más nada.
Hay un desplazamiento discursivo –y práctico– evidente hacia un lugar incierto. Este año no hablamos de las desigualdades que atraviesan las mujeres ni de las múltiples violencias de género. Estamos hablando de la peor violencia: la estatal, la que tiene al aparato represivo organizado, la que tiene las armas, la que tiene miles de personas bajo el mando de jerarquías que nos quieren hacer entender a la fuerza que “se acabó el recreo”. Ahora a la inseguridad y a los problemas asociados a la delincuencia se suma otro riesgo para la seguridad: el abuso policial.
Este 8M será la primera movilización masiva en el marco del nuevo gobierno. Cientos de miles de personas saldrán a marchar por el centro de Montevideo. Otras tantas lo harán en distintos puntos del país. Ni es un desafío ni es una “primera prueba” para la seguridad pública. La movilización social en pos de la reivindicación de derechos no debería ser vista como “una preocupación”.
En la marcha se hará lo de siempre: reclamar mejores condiciones de vida para todas las personas, y en particular para las mujeres, que hemos sido históricamente rezagadas.
¿Acaso las movilizaciones pacíficas que reivindican derechos van a pasar a ser el enemigo? Parece un error de cálculo político que un gobierno que tiene cinco años por delante comience su mandato construyendo al feminismo, que es el movimiento más fuerte del momento, como enemigo ideológico.
No deberían tener miedo. No deberían proponer miedo. La marcha del 8M no es un riesgo para la seguridad. El riesgo para la seguridad es montar el aparato represivo del Estado para tensionar una de las movilizaciones más grandes del país.
Amedrentar como forma de dar la disputa política no habla de un sistema político a la altura. Además, es un lamentable debut para el gobierno. Así que guarden las tanquetas, que el feminismo no es violencia, y así no puede ni debe ser la disputa política.
No debería ser necesario, pero en este marco vale recordar que manifestarse pacíficamente es un derecho. Por ende, el Estado –por medio de la Policía– debe asegurar ese derecho, y no tratar de impedirlo o poner en riesgo a la gente. Sería saludable que el Ministerio del Interior aportara información clara sobre el operativo que habrá el domingo para darle seguridad y garantías a la población que hará uso de su derecho a manifestarse.
A quienes marchamos: a no responder provocaciones, autocuidado y recordar los mecanismos oficiales para denunciar cualquier situación que viole las leyes. Nos vemos en las calles.
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