Una adolescente de 14 años murió en el hospital de la capital de Treinta y Tres después de realizarse un aborto según el procedimiento que establece la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La joven ingresó a la emergencia hospitalaria en el mes de diciembre, una semana después de abortar en los servicios públicos del departamento, y murió a las 24 horas por una septicemia, según informó la red de acompañamiento en aborto Las Lilas.
En un comunicado firmado por más de 30 colectivos feministas, la organización señala que la familia ya radicó una denuncia judicial, información que confirmó El Observador en base a fuentes judiciales.
Por otra parte, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a cargo del hospital de Treinta y Tres, inició una investigación administrativa para esclarecer en qué circunstancias se produjo la muerte, informaron fuentes del organismo a la diaria. Se espera que en los próximos días haya una conferencia de prensa para comunicar los resultados y conclusiones.
En Uruguay, la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación, según establece la Ley 18.987. El proceso para acceder a un aborto tiene cuatro etapas. La primera es agendar una consulta con un médico general o ginecólogo que indique los estudios para confirmar el embarazo y las semanas de gestación. Después la mujer es entrevistada por un equipo multidisciplinario –formado por ginecólogo, psicólogo y trabajador social–, que brinda asesoramiento acerca del procedimiento y las opciones alternativas a la interrupción del embarazo.
La ley establece que, a partir de esa reunión, la mujer dispone de un período de hasta cinco días para confirmar su decisión ante el médico tratante. Si resuelve interrumpir el embarazo, en esa tercera consulta se coordinará el procedimiento, que generalmente es indicado con pastillas. Una vez interrumpido el embarazo, una cuarta consulta es necesaria para chequear que el aborto se haya concretado sin complicaciones.
Según dijo a la diaria Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) –una de organizaciones que adhirieron al comunicado-, la adolescente tenía agendada esta cuarta consulta posterior al aborto, pero falleció antes. “Se constata que cumplió con la ruta IVE, pero lo que no se constata es si los equipos de IVE realmente acompañaron a esta adolescente como corresponde, si hubo un seguimiento adecuado, o si simplemente cumplieron con los plazos y los requerimientos formales, sin una atención particular”, dijo la activista. Se preguntó además si no hubo negligencia por parte del personal que atendió a la adolescente en la emergencia, “que la tendría que haber atendido de inmediato”.
Las organizaciones feministas pidieron a los distintos poderes del Estado que asuman la “responsabilidad” por el hecho. Al Poder Ejecutivo y a la dirección de ASSE “porque esto sucedió en sus servicios, aunque en los privados también habría que tomar medidas porque no están exentos de problemas”. Al Legislativo porque “debería asumir la tarea de velar por el cumplimiento de la ley que promulgó y hacerse cargo de los problemas para corregir sus errores”. Al sistema judicial “porque tiene en sus manos la denuncia y es el que debería asegurar justicia”.
“Quienes bregamos muchos años para que el aborto fuera seguro, legal, accesible y atendido de forma integral en el marco de servicios universales de salud sexual y reproductiva, hemos advertido en muchas oportunidades que tener una ley era necesario, pero no suficiente”, agregan, y aseguran que si bien los servicios funcionan en todo el país, también “hay falencias, problemas y vacíos que no han sido corregidos ni debidamente controlados para superar los obstáculos y mejorar la respuesta”.
Desde que se aprobó la ley en Uruguay, en 2012, más de 65.000 mujeres se realizaron abortos en el marco legal, aseguró la red. Si se confirma que la muerte de la adolescente en Treinta y Tres fue a raíz del aborto, sería la segunda registrada en los últimos ocho años, aunque es la primera que se produce “habiendo transitado y cumpliendo con todas las exigencias que estipula la ley”, aclaró Abracinskas.