La plaza Independencia se vistió este miércoles de color naranja para convertirse en el escenario de una concentración que, con la consigna “La IVE se defiende” como bandera, sacó a la calle la preocupación de activistas y organizaciones feministas en torno a la implementación efectiva de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Decenas de mujeres y disidencias se reunieron frente a la Torre Ejecutiva entre pañuelos, bandanas, vinchas y otros distintivos a tono con las emblemáticas manitos de cartón que se agitaron hace casi una década, cuando Uruguay aprobó la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esta vez, volvieron a sacudirse para recordar que el aborto legal es un derecho conquistado y que la ley debe cumplirse de forma cabal. Un cartel blanco con letras naranjas resumía el sentir de muchas de una manera muy sencilla: “¿Otra vez reclamando esto?”.
La manifestación fue promovida por un grupo de feministas autoconvocadas que decidieron organizar el malestar después de que el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo al semanario Búsqueda que revisaría los procesos de aborto para asegurarse de que los equipos interdisciplinarios que atienden a las mujeres en proceso de IVE no estén actuando “de una manera muy automatizada”. En pocas horas, crearon un grupo de Whatsapp para organizarse y lanzaron la convocatoria en redes sociales, que rápidamente sumó las adhesiones de referentes feministas de distintos ámbitos políticos, sociales y culturales.
En realidad, los comentarios de Cipriani sirvieron de disparador para poner arriba de la mesa otros obstáculos para el acceso al aborto legal que las organizaciones vienen registrando desde la aprobación de la ley y advertir sobre algunas señales de “alerta” detectadas en los últimos meses. Entre ellas, la designación como nueva referente en salud sexual y reproductiva de la Red de Atención Primaria metropolitana de la ginecóloga Gabriela Fischer, que fue denunciada la semana pasada ante ASSE por interferir en un proceso de aborto legal.
“Las declaraciones de Cipriani y la designación de Fischer son señales bastante improcedentes e inadecuadas para un gobierno que quiere cumplir con la ley”, explicó a la diaria la antropóloga especialista en género y activista feminista Patricia Totorica, vocera del grupo autoconvocado, durante la movilización. Por eso, aseguró que exigen al gobierno nacional la renuncia de Cipriani y la no designación de Fischer, en el entendido de que “es improcedente que tengan cargos de tanta importancia dos personas que son objetores de conciencia públicos”. Totorica dijo que, además, piden que el gobierno “se pronuncie oficial y claramente sobre si va a hacer cumplir esta ley como corresponde y a ofrecerles a las mujeres las garantías que necesitan para hacer el proceso de IVE correctamente”, y que “fiscalice que los procesos se cumplan como corresponde”.
La concentración también fue una manera de “poner el tema en la agenda”, dijo la vocera. “Ya lo pusimos en agenda. De hecho, esta concentración tiene su réplica en departamentos del interior, fue tendencia en las redes sociales y tiene su análoga en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Embajada de Uruguay”, aseguró en ese sentido, y celebró el “acercamiento con la marea verde”. Para Totorica, la movilización tiene además “un valor simbólico importante” y es el de mostrar que “las feministas, que hoy somos de lugares sumamente distintos, vamos a estar siempre alerta y juntándonos a pesar de las diferencias para estar donde sea necesario cuando un derecho adquirido se quiera lesionar”.
Indignación compartida
Entre la multitud aglutinada frente a la sede del Poder Ejecutivo, había mujeres y disidencias de todas las edades. Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, todas con el distintivo naranja y la misma indignación. Sofía, de 20 años, sostenía una pancarta en la que se leía: “Mujer no es sinónimo de madre”. “Estamos reivindicando nuestros derechos, dejando claro que acá no se va a ir para atrás, que esto se mantiene y que acá nadie va a sacarnos los derechos que ya conseguimos y que ya peleamos”, dijo a la diaria. La joven destacó y celebró el cruce intergeneracional que se dio durante la concentración: “Hay desde niñas con disfraces naranjas hasta mujeres grandes con bastón, es muy emocionante”.
Por su parte, Manuela, también de 20 años, alzaba bien en alto un cartel con la frase: “No les importa la vida, les molesta que las mujeres decidan”. Consultada por la diaria sobre su decisión de movilizarse, aseguró: “Estamos defendiendo nuestros derechos y los derechos de todas las mujeres y personas gestantes, como debe ser”.
A muy pocos metros, se formaba una ronda de mujeres con más canas y menos glitter. Una de ellas era Lilián Celiberti, referente histórica del movimiento feminista uruguayo, que recordó cuando salió a la calle junto con otras compañeras a pedir la legalización del aborto en 1989. Tener que volver a salir en 2021 para pedir que se cumpla una ley ya aprobada da “mucha rabia”, aseguró.
“Se siente mucha rabia, primero porque la coalición de gobierno en defensa de la LUC [ley de urgente consideración] y el presidente tomaron la palabra ‘libertad’ y, si hay algo que significa esta Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es nuestra libertad. Lo único que me queda por decir es que les importa la libertad de las empresas, pero no la libertad de las mujeres, entonces no les permito que usen ese concepto, porque libertad es que cada quien haga y actúe según su conciencia”, señaló, en diálogo con la diaria. Celiberti dijo que le genera “mucha indignación tener que salir a defender una ley que no es que se está convocando a derogar, sino que se está socavando en la práctica”. “Si querés atacar la ley, como ya se hizo cuando se convocó a un prerreferéndum para derogarla, estás en todo tu derecho democrático, pero socavar una ley ya aprobada es absolutamente antidemocrático”, consideró. Y agregó: “Nosotras exigimos la garantía en el ejercicio de esta ley. Si no, que pongan la cara y vengan a debatir acá con nosotras que este no es un derecho conquistado”.
Para el presidente
Luego de la concentración, el grupo de feministas autoconvocadas entregó en la Torre Ejecutiva un documento dirigido al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el que plantean algunas de las señales que generaron preocupación y piden explícitamente la renuncia de Cipriani como presidente de ASSE. Las activistas destacan que las declaraciones del jerarca sobre la aprobación de los equipos en el proceso de IVE “es errónea”, ya que estos “deben acompañar e informar y no aprobar o desaprobar, como afirmó el señor Cipriani”. “Estas afirmaciones, entre otras, vuelven a colocar a las mujeres y a los cuerpos gestantes en una situación de vulnerabilidad. Nuevamente, la amenaza nos avasalla y pretende marcar un amplio retroceso en la agenda de derechos: nuestros derechos sexuales y reproductivos”, afirman en la carta, que fue leída en voz alta antes de ser presentada, y que estuvo acompañada por cerca de 4.000 firmas de adhesión, según consignó Totorica.
La misiva recuerda además que Cipriani fue director técnico del Círculo Católico, “una de las instituciones con mayor cantidad de objetores sobre esta ley, puesto que realizó una objeción de ideario”, lo cual implica que “toda la institución es objetora de conciencia”. Esto, a su entender, “demuestra que Cipriani no cuenta con la objetividad suficiente para tratar esta temática”. Las feministas agregan que, en la actualidad, “se les da más importancia a los derechos de los objetores de conciencia, esto es, profesionales que colocan sus creencias personales delante de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos”.
El documento menciona también la designación de Fischer, “que tiene una postura ‘provida’ y ha dificultado procesos de IVE”, por lo que “tampoco cuenta con la objetividad necesaria para tal cargo”. La ginecóloga fue denunciada la semana pasada ante ASSE por interferir en el proceso de aborto legal de una mujer en el Hospital de la Costa de Canelones. La denunciante fue asesorada por la organización Mujer y Salud en Uruguay y la Red de Acompañamiento Feminista en Aborto Las Lilas, que informaron que durante la consulta de IVE 4, que es la de control, Fischer, que era ecografista, detectó que la medicación abortiva no había hecho efecto. Sin embargo, en vez de recetarle una nueva dosis para expulsar el feto, se negó a seguir con el procedimiento, pese a que todavía estaba dentro de los plazos legales. Así, “pretendió culpabilizar” a la mujer “para que continuara con el embarazo, diera en adopción o ‘se hiciese cargo’”, utilizando “argumentos de índole moral, información errónea, e incumplió con la normativa vigente”, explicaron las organizaciones en una conferencia de prensa. Un día después de que fue presentada la denuncia, Cipriani confirmó que se inició una investigación administrativa sobre el caso.
“Es imprescindible asegurar el total cumplimiento de la norma, designando personas idóneas sensibilizadas con la temática, donde prevalezca una mirada integral, de derechos humanos y con enfoque de género”, aseguran las feministas autoconvocadas en el documento.
También preocupó la propuesta que presentó el dirigente nacionalista Carlos Iafigliola ante ASSE para “desestimular los abortos”, que plantea entre otras cosas que el equipo interdisciplinario que atiende a las mujeres en proceso de interrumpir su embarazo ofrezca la alternativa de vincularse con el Centro de Promoción por la Dignidad Humana, una organización que trabaja con “mujeres en situación de alto riesgo social”. “Manifestamos nuestra inquietud en tanto se vincula la situación socioeconómica de las mujeres como factor único y preponderante a la hora de tomar la decisión de interrumpir un embarazo, sintetizando en un solo indicador la condición y situación de la mujer que recurre a este servicio”, dice la carta al respecto. “De esta forma, se justifica –desde una concepción tutelar– que el Estado pueda intervenir en la toma de decisión que las mujeres realizan sobre su cuerpo”, agregan las activistas, y recuerdan que el dirigente lideró la campaña para derogar la ley de IVE en 2013.
La iniciativa de Iafigliola no tiene muchas chances de prosperar. La semana pasada, entrevistado por Desayunos informales, Cipriani aseguró que el directorio de ASSE resolvió que el proyecto “no se aplica” al prestador de salud público porque “no va con la ley”.
“Hoy la arremetida de la derecha conservadora otra vez nos quiere hacer olvidar los espacios conquistados. Las constantes señales, directas y simbólicas, son una evidencia más de su clara intención de arrebatar los logros que han costado años de resistencia y que significaron la pérdida de muchas compañeras a lo largo del proceso histórico”, concluyen las activistas en la declaración entregada a Lacalle Pou. “Una vez más interpelan la voz del pueblo en su más alta expresión democrática. Volveremos a tomar las calles para manifestarnos. Porque nuestros derechos no se tocan, la IVE se defiende”.