Luego de una temporada de pausa, los campings y boliches volverán a llenarse. Con protocolos sanitarios y aforos aún reducidos de por medio, jóvenes y personas adultas disfrutarán del verano como solían hacerlo antes de la pandemia. Sin embargo, no todo es fiesta: recuperar espacios de disfrute implica también, sobre todo para las mujeres, la posibilidad de exponerse a casos de violencia sexual. Aunque las denuncias se reiteran cada año y la evidencia es vasta, las políticas de prevención y cuidado hacia las mujeres en los departamentos de mayor concurrencia durante el verano escasean.
En Maldonado no hay políticas definidas para la prevención del abuso sexual porque se trabaja con casos particulares a medida que van llegando, según informaron a la diaria fuentes de la Dirección de Género de la Intendencia de Maldonado (IDM).
Raquel Hernández, coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y residente en el departamento, planteó a la diaria que tanto la Dirección de Género de la IDM como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se limitan a “sobrevolar” lo que hace a una política de género e ignoran “cómo se debe trabajar”. A modo de ejemplo, contó que el único centro 24 horas para mujeres en situación de violencia basada en género de la localidad fue presentado y difundido “con bombos y platillos”. La casa, gestionada por la asociación Anawim Maldonado del Pastoral Social de la Diócesis Maldonado-Punta del Este, pasó por varias reformas antes de su inauguración, financiadas por el gobierno departamental e instituciones privadas. “Fue promocionada para juntar dinero, es conocido el lugar, así como la organización y las personas que integran el equipo técnico”. Eso representa una dificultad “de pique”, dijo Hernández, porque “contradice todas las indicaciones internacionales con respecto al cuidado de las personas que están en situación de riesgo”.
Además, Hernández señaló que en Maldonado, “donde el puertito deportivo es un lugar de libre entrada y salida, y nadie controla quién entra y quién sale” de las fiestas que allí se celebran, hay un problema “serio” de trata y explotación sexual. Lo que sucede fue reconocido por las autoridades anteriores, “que venían trabajando de manera sistemática” en la capacitación y creación de equipos de intervención. El equipo era “efectivo” y lograba detectar rutas o la forma en la que se elaboraba documentación falsa, pero con el nuevo gobierno “todo eso desapareció”, aseguró la activista. A pesar de que el Frente Amplio “jamás estableció un plan de acción”, sí generó “un trabajo de profundización” para “estar delante del hecho concreto”, que se perdió luego de los recortes presupuestales impulsados por la actual gestión. Para la prevención se necesitan recursos y, “si no los hay, no podés desarrollar ninguna política”, afirmó.
Lo de siempre
En la Intendencia de Rocha (IDR), el Departamento de Género diagramó lo que llamó el Plan Verano 2022, bajo la consigna “por una vida libre de la violencia hacia la mujer”. Blanca Repetto, su directora, explicó a la diaria que la propuesta consiste en desarrollar una campaña en las redes sociales del gobierno departamental y distribuir folletos con la lista de recursos telefónicos para el asesoramiento, consulta y denuncia de situaciones de violencia de género en puestos de la brigada de guardavidas, centros de la división turística, módulos gastronómicos y las dependencias de la Jefatura de Policía.
Repetto contó que este año se incorporó la perspectiva de género en el presupuesto de la IDR y se definió un departamento “exclusivo para la materia”. La decisión fue tomada a partir del “reconocimiento de una necesidad de inclusión” y la búsqueda que constituye su principal objetivo: “promover la cultura del respeto a la equidad de género”. Dentro de sus líneas de trabajo, la directora mencionó la difusión de campañas de otras instituciones, como la de prevención de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del Ministerio de Turismo, y destacó el servicio de asistencia a mujeres en situación de violencia de género, llevado adelante por una trabajadora social y una psicóloga. También sostuvo que se ha trabajado en la realización de charlas, exposiciones y talleres para difundir “los derechos humanos de la mujer”.
La directora resaltó que, en el “combate al flagelo de la violencia hacia las mujeres, es básico tener una coordinación interinstitucional y social con la comunidad”. Por esta razón, ella y sus colegas han hecho “desembarcos en varias localidades y en diferentes áreas de la sociedad”. Una de ellas fue Punta del Diablo, a la que asistieron a pedido de un colectivo feminista. Si bien la invitación era para abordar los derechos sexuales y reproductivos, con el diálogo “surgieron otros intereses”.
“El tema está muy complicado”, dijo Laura Lasalvia, integrante del Colectivo de Mujeres de Punta del Diablo y gestora de la radio comunitaria Ulmá. A pesar de que la violencia tiene lugar allí “desde hace años”, ahora “lo más fuerte está ocurriendo con la juventud”. El “problema fundamental” se relaciona con las fiestas de electrónica, en las que se han dado varios casos de abuso sexual hacia adolescentes. “Desde afuera del departamento preocupa” la existencia de un “mismo modus operandi”, porque permite pensar que se trata de una red de explotación sexual. “Llega un momento de la noche en la que cae gente en autos de alta gama y levanta pibas”, a las que más tarde devuelve a la fiesta en un estado complejo, producto de “la droga y el shock”. De acuerdo a los relatos, las violaciones suelen ser ejecutadas en grupo y, en una ocasión, uno de los abusadores portaba un arma. Aunque el consumo de drogas tiene un rol protagónico, “que los pibes se droguen es un problema y que los droguen los adultos es otro”.
Si bien las fiestas se dan en Punta del Diablo y Castillos, otros lugares tampoco escapan. “Valizas está destrozado hace años porque la mayor parte de la pasta base está ahí”, indicó Lasalvia, luego de recordar el femicidio de Lola Chomnalez en diciembre de 2014 y el caso de la mujer que a principios de 2020 apareció lastimada e inconsciente en el baño del boliche El León. Lo que se da en las carpas ubicadas detrás del establecimiento “pasó siempre”, dijo Lasalvia, pero se naturaliza porque “capaz que el que te violó es el músico que te gusta”, entonces convencen a las víctimas de que no es una violación. “Es horrible”, pero se repite “todos los veranos”, aseguró.
La militante mencionó que hay denuncias hacia una serie de taxistas que “querían abusar o abusaban” de sus pasajeras en la ruta entre Barra del Chuy y el Chuy. También indicó que en octubre un varón trans que hacía dedo en la misma zona fue violado por tres personas, mientras que en agosto fue desmantelada en el Chuy una red de trata y explotación laboral en la que varias de las víctimas “eran disidencias” y fueron explotadas sexualmente. “Acá te suben a un auto y te pasan de un país para el otro y no importa nada”, dijo Lasalvia, y subrayó: “Sabemos que existen esos casos”. Por último, destacó que la situación se agrava con lo que sucede a la hora de denunciar: “No es que la gente no denuncie, sino que no pasa nada con esas denuncias”. Un ejemplo es el lugar en el que se realizan las fiestas, que fue denunciado pero “nunca cayó ni un patrullero”.
El 12 de diciembre, la directora de la organización civil El Paso e integrante de la Intersocial Feminista, Andrea Tuana, acudió a Punta del Diablo a pedido de la radio Ulmá y un grupo de vecinas y vecinos, para dar una charla sobre “la violencia hacia las mujeres y niñas en el contexto actual”. En diálogo con la diaria, la activista manifestó que durante la actividad fueron compartidas “situaciones muy graves” que “no han tenido respuestas” por parte de la Justicia. El silencio y la ausencia de acciones muestra “la poca conciencia y voluntad política que hay para poder mover un tema que es gravísimo en todo el país pero que en Rocha, particularmente, es brutal”.
En la temporada alta, el turismo “profundiza todas las situaciones de violencia de género y sexual”. Según Tuana, para enfrentar sus consecuencias las autoridades tendrían que “hacer visible su compromiso” a partir de la movilización de recursos y la firma de acuerdos con las empresas privadas que se benefician con la venta de sus productos en estos contextos, como por ejemplo el alcohol. Además de poner atención en los espacios de recreación, la directora de El Paso apuntó a los lugares de trabajo, en donde hay “muchas mujeres y gente joven” que llega por contratación zafral. “Ahí también se dan situaciones de acoso y abuso sexual, y todo eso queda silenciado”, enfatizó.
El hecho de que no existan políticas de prevención esconde “una mirada de responsabilización y culpabilización” hacia las víctimas. Aunque algunos organismos trabajan para prevenir la explotación sexual en niñas, niños y adolescentes, ocurre lo contrario en relación a personas mayores de edad. Mientras que dentro del imaginario popular existe la idea de que quienes explotan sexualmente a niñas y niños “deben ser personas que están mal”, cuando se da entre adultos prima la “normalización de la violación”. Hablar de lo que pasa en las fiestas, “en donde se drogan adolescentes más grandes o adultas, y se abusa de ellas”, implica cuestionar a los varones que despliegan prácticas de violación pero “no las reconocen como tales” y se justifican bajo el argumento de que “ella se lo buscó”.
Sobre la mesa
Entre agosto y octubre, el Ministerio de Turismo trabajó junto al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Unicef en la planificación de un programa de prevención de la trata y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes de cara a las finales de la Conmebol y la temporada de verano. Gimena Chiazzaro, coordinadora del proyecto, contó a la diaria que el principal objetivo fue capacitar a los servicios turísticos para que sepan reconocer cuando están frente a un delito y cómo actuar en caso de sospecha. “A veces, salir a hablar y hacer talleres de sensibilización está más que bueno, pero hay que fortalecer y dar herramientas, porque nos puede pasar que estemos viviendo una situación y no nos demos cuenta”.
Para evitarlo, difundieron folletos y afiches y fortalecieron las líneas telefónicas de denuncia, junto con la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Esta iniciativa fue valorada por los operadores turísticos, que cuando detectaban algún caso “no tenían muy claro a dónde ir”. De acuerdo con Chiazzaro, la prioridad es “seguir afianzando y poniendo el tema en la mesa” y no limitarse a actuar sólo ante eventos puntuales. “Siempre hay que hablarlo, no es simplemente hacer y esperar” a que se dé otra instancia de gran concurrencia. Hay que “buscar formas de adaptarnos a cada situación”, concluyó, porque “ningún lugar es ajeno”.