Las senadoras Sandra Lazo, del Frente Amplio, y Gloria Rodríguez, del Partido Nacional, presentaron un proyecto de ley para “regular el acceso de artistas mujeres y disidencias” en espectáculos musicales auspiciados por el Estado, con el propósito de “fortalecer la identidad” de estos grupos poblacionales como “sujetos culturales decisivos”, procurar el acceso equitativo a oportunidades laborales y la visibilización de su arte.
De acuerdo a la exposición de motivos redactada por las senadoras, se tendrá en cuenta a todas las artistas “sin marcar diferencias respecto a su trayecto temporal” en el ámbito y dando el mismo espacio a músicas emergentes y las que ya no lo son. Asimismo, las legisladoras plantean como objetivo de esta norma la “democratización en la distribución de los dineros públicos que se vuelcan a espectáculos y eventos musicales”, y una misma remuneración para hombres, mujeres y disidencias.
Para cumplir con estos propósitos, la ley promueve como punto central el establecimiento de un cupo de 50% para mujeres y disidencias en espectáculos musicales –en vivo y en plataformas virtuales– en los que participen al menos dos artistas o agrupaciones musicales, en una o más jornadas y que sean auspiciados por el Estado o que utilicen, de manera directa o indirecta, dinero público.
El proyecto ingresó al Parlamento el 15 de diciembre –último día del período ordinario de sesiones– y comenzará a ser discutido en la comisión especial de Derechos Humanos, Equidad y Género el próximo año cuando se retome la actividad.
Corresponder la realidad
Según el último censo poblacional de 2011, las mujeres son 51,5% de la población nacional –no existen datos en relación a las disidencias porque no fueron contempladas en el estudio–. Sin embargo, esta realidad no se ve reflejada sobre los escenarios. De hecho, la representación femenina en espectáculos musicales con financiación pública no llega a 8%, escriben las senadoras.
“Esta realidad deja al descubierto las diferencias que en relación a las mujeres y las disidencias se producen en la cultura en general y la música en particular, como rasgo estructural en la práctica cotidiana del conjunto de sociedades de la región, dejando de lado el papel propositivo que las mujeres y disidencias tienen en la política, la cultura y la sociedad en general”, agrega el texto. Estas dificultades estructurales se han visto profundizadas como consecuencia de la pandemia por la covid-19.
Requerimientos y fiscalización
El cupo para mujeres y disidencias se entenderá completo con la participación en eventos de mujeres y disidencias solistas –independientemente de cómo esté compuesta la banda que acompañe– y en los casos de agrupaciones mixtas que estén compuestas en su mayoría (50% o superior) por estos grupos poblacionales.
Además, se tendrá en cuenta la “distribución paritaria, en cada fecha, horario y escenario, de las propuestas de mujeres y/o disidencias con los demás números musicales de la grilla”. Asimismo, en cada evento realizado en el interior del país se deberá cumplir con la participación de 50% de artistas mujeres y/o disidencias locales o de departamentos limítrofes.
En el caso de aprobarse la norma, estarán obligados a cumplirla los productores, organizadores, contratistas y responsables comerciales de los eventos. La fiscalización estará a cargo de una comisión conformada por representantes de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, del Instituto Nacional de Música y del colectivo Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya (Mydmus).
En situaciones de incumplimiento, se propone el pago de una multa equivalente a 6% de “la recaudación bruta de todos los conceptos que haya generado el evento”, y si el espectáculo en cuestión fuera gratuito, lo que habría que abonar será definido por “un monto ficto en unidades reajustables” que detallará la comisión fiscalizadora.
Hay una pena más: quienes incumplan lo establecido, además de la multa, no podrán recibir apoyo económico de ningún organismo del Estado para futuros eventos, por un período de tres años”. En ambas situaciones, lo recaudado por las multas se destinará al “fomento y promoción” de proyectos artísticos impulsados por mujeres y “disidencias” de la música local.
Distribución justa del trabajo
A la elaboración y presentación de este proyecto de ley le antecede un largo trabajo de mujeres y disidencias de la música integrantes del colectivo Mydmus. En diálogo con la diaria, Mónica Navarro contó que la propuesta surgió “hace algunos años” por iniciativa de la exlegisladora frenteamplista Manuela Mutti (diputada entre 2015 y 2020), quien convocó a artistas mujeres e identidades disidentes para plantearles la necesidad de acciones para fomentar la participación y visibilización de estos grupos en los espectáculos.
“La necesidad de esta ley estalla frente a la vista de todas y todos. Es visible la poquísima participación de mujeres y disidencias en los festivales de todo el país”, señaló Navarro. “A muchas músicas nos han dicho varias veces ‘¡sos la única mujer que participa!’, como si eso fuera un estandarte o un privilegio”, contó a modo de anécdota. Además, cuestionó el lugar que se les da a mujeres y disidencias en los festivales, por ejemplo, en la hora de participación y al ser excluidas de los cierres de grandes eventos.
Planteó que si bien en los últimos años ha aumentado la participación de estos grupos poblacionales en eventos musicales, aún están subrepresentadas. “A partir de detectar esta situación, empezamos a intercambiar entre nosotres y entendimos que esta norma es indispensable”, dijo la artista.
Navarro subrayó que se trata de una “distribución y remuneración justa del trabajo”, no sólo de la visibilización y presencia en los escenarios. “¿Cómo no sería trascendental y humanamente justo que los trabajos estén distribuidos con justicia sin que tu género determine cuánto trabajo tendrás?”, expresó.
La cantante recalcó que “no es la primera ley de cupo” y que “gracias” a una norma de este tipo “hoy tenemos mujeres participando en la política”. “Sería interesante preguntarse por qué se promueven estas acciones en varios espacios”, agregó. Planteó como un antecedente importante las leyes 18.476 y 18.487, ambas de participación equitativa de “ambos sexos” en los órganos electivos, dirección de partidos políticos y sistemas de suplentes.
“Propongo el ejercicio de mirar las grillas de festivales y preguntarse ¿quiénes están?, ¿quiénes abren y quienes cierran?, ¿a qué hora?, ¿hay mujeres y disidencias de la ciudad donde se hace el festival o sólo de Montevideo? Una grilla con nombres plantea un territorio de voces que representan ideas, palabras y una geografía clarísima de cómo se está distribuyendo el trabajo”, expresó.