El ejercicio de mirar hacia atrás y evaluar qué se hizo, qué no se hizo y cómo se hizo sirve para dimensionar cuál es la prioridad que se les da a determinadas temáticas. Establece, además, una base sobre la cual construir políticas, planes y soluciones a futuro. Este año, el balance en materia de género está marcado por anuncios, medidas, proyectos de ley y declaraciones que demostraron el desconocimiento de representantes del Estado sobre el abordaje de problemas centrales como la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, o apuntaron a restringir derechos, aseguraron activistas y especialistas consultadas por la diaria. Quizás la muestra más emblemática de esto último fueron las señales que derivaron en la movilización de los feminismos para defender la implementación efectiva de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a casi diez años de su aprobación.
En algunos casos, no se trató estrictamente de medidas sino también de declaraciones de representantes del gobierno que promovían un discurso antiderechos. Para la directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas, algunos partidos que integran la coalición de gobierno trataron de “imponer un modelo de sociedad” en temas en los que “la ciudadanía ya había dirimido”, como la autonomía reproductiva. La activista aseguró que, si bien las autoridades anunciaron que “no tocarían” las leyes ya aprobadas, como la de IVE, “lo cierto es que se fueron deteriorando de hecho las prestaciones y además hubo intentos claros de interferir en las decisiones reproductivas de las mujeres”.
En términos de violencia de género, siguen siendo insuficientes las políticas de prevención y, además, hubo “un retroceso en la respuesta de calidad, formada y especializada” a las víctimas, señaló Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso y magíster en políticas públicas de igualdad. A la vez, parece haber un “desconocimiento total y absoluto” sobre el problema en algunos organismos del Estado responsables de brindar estas respuestas, lo cual impacta directamente a la hora de pensar medidas eficaces para prevenirlo y erradicarlo, dijo la abogada Marina Morelli, vicepresidenta de la cooperativa Mujer Ahora e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS).
En un año en el que Uruguay registró una escalada de femicidios, ninguna de las consultadas pudo destacar un avance en materia de violencia de género que haya “movido la aguja” y todas coincidieron en que lo que subyace, en definitiva, es que el problema no es una prioridad para el gobierno.
La IVE (y todo lo demás) se defiende
La movilización convocada “en defensa de la IVE” el 10 de noviembre constituyó uno de los hitos del año para los feminismos en Uruguay. La convocatoria fue promovida por feministas autoconvocadas después de identificar algunas “señales de alerta” que podían introducir obstáculos para la implementación efectiva de la ley de IVE. La gota que derramó el vaso fueron las declaraciones del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, que dijo que revisaría los procesos de aborto para asegurarse de que los equipos interdisciplinarios que atienden a las mujeres no estuvieran actuando “de una manera muy automatizada”.
Antes hubo otras alarmas, como la propuesta del dirigente nacionalista Carlos Iafigliola para “desestimular los abortos”, que finalmente fue rechazada porque “no iba con la ley”, según dijo Cipriani. Sin embargo, generó preocupación, sobre todo porque su promotor argumentó que la enmarcaba en las declaraciones del propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que en mayo de 2020 dijo que su gobierno llevaría adelante una agenda “provida”.
Otra decisión repudiada fue la designación de la ginecóloga Gabriela Fischer como nueva referente en salud sexual y reproductiva de la Red de Atención Primaria metropolitana de ASSE. La profesional había sido identificada como antiaborto por algunas organizaciones y fue denunciada el mes pasado ante el prestador de salud estatal por interferir en un proceso de aborto legal, lo cual derivó en el inicio de una investigación administrativa.
MYSU asegura que este año constató un “debilitamiento” de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de IVE, pero también los que atienden a adolescentes y los de anticoncepción. En el caso de los servicios de IVE, hubo además “una habilitación para que aquellos profesionales que por sus creencias están en contra del aborto traten de interferir en los procesos”, dijo Abracinskas, y consideró que es necesario que haya “un mensaje de las autoridades mucho más enfático de que no se debe interferir”.
Por otra parte, la organización relevó este año una “multiplicidad” de proyectos de ley que “empiezan a minar la concepción de salud sexual y reproductiva integral” y “hacen énfasis en atender a la madre únicamente como garantizadora de bebé nacido sano”. La directora adelantó que MYSU presentará un informe al respecto en los primeros meses de 2022.
“No podemos quedarnos tranquilas viendo cómo se desmoronan servicios, porque eso tiene impacto directo sobre las personas”, señaló la activista, y agregó: “Espero que en 2022 se abran canales de diálogo [con el gobierno] porque, si no, la situación se va a agudizar, y ya sabemos quién paga el precio”.
Violencia de género: una emergencia relegada
Para las especialistas consultadas, no sólo no hubo avances contundentes en la prevención, combate y erradicación de la violencia de género, sino que algunas acciones y declaraciones de representantes del gobierno revelaron que la problemática no es una prioridad. En ese sentido, recordaron que el propio Lacalle Pou se refirió el año pasado a los femicidios como un “efecto colateral” del confinamiento por el coronavirus.
Tuana aseguró que la gestión de la pandemia mostró la “indiferencia” hacia el tema. “En ningún momento se pensó en la violencia de género como un problema que iba a recrudecer por los efectos del confinamiento, y tampoco se generó un pienso de un grupo de especialistas que pudiera mitigar esos efectos”, dijo la directora de El Paso.
La misma indiferencia quedó demostrada frente a la escalada de femicidios, apuntó Tuana. “Estamos hablando de que casi 80% de las mujeres uruguayas refieren haber vivido alguna forma de violencia de género al menos una vez en la vida [según la segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia Basada en Género]. Sin embargo, en este tema, se siguió haciendo lo que ya se estaba haciendo. Quizás se logró ampliar algunas cosas y se inyectó un poco de presupuesto en algunas acciones, no vamos a decir que no, pero la realidad es que no hubo medidas de emergencia ni una respuesta acorde al nivel de gravedad del problema”, expresó. Tampoco se tomaron nuevas medidas para la prevención.
Por otro lado, dijo que algunos representantes del gobierno tienen una mirada respecto de cómo se comprende la violencia basada en género que “no está fundamentada académica y científicamente, y que está llena de prejuicios y de preconceptos”. Mencionó en esa línea a “una serie de integrantes de la coalición que hablan de ‘ideología de género’, que es una conceptualización que no existe, que no tiene ningún asidero conceptual, teórico, académico, y que lo que busca, de alguna manera, es cuestionar un problema de derechos humanos”.
En un sentido similar, Morelli consideró que “hay un desconocimiento total y absoluto” y “una posición muy marketinera y superficial” sobre la temática. También dijo que el discurso que el movimiento feminista ha creado en los últimos 40 años “con respaldo, sustento y biblioteca” ha sido “cooptado” para “vaciarlo de contenido” por parte de personas que, “en lugar de trabajar por la igualdad o el respeto irrestricto a los derechos humanos de las humanas, lo que quieren es su sometimiento, banalizar la temática o directamente negar que la problemática existe”, lo cual es “muy peligroso”.
Las referentes recordaron algunas “marchas y contramarchas” que hubo este año, como la modificación de la meta asistencial que promovía la atención de situaciones de violencia de género en los centros de salud o la suspensión del subsidio de alquiler para mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia de género.
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, explicó a la diaria el mes pasado que este último convenio venció a principios de 2020 y se demoró la renovación, por lo que si bien se prorrogaron los subsidios de aquellas que ya tenían la prestación, hubo que “frenar” el ingreso de nuevas mujeres. La jerarca dijo que en estos días se renovaría el contrato y que a partir de enero de 2022 habría nuevos cupos.
Para Tuana, esta situación es “gravísima” porque, en definitiva, las mujeres en lista de espera se quedaron “sin una respuesta que es fundamental para poder salir de una situación de violencia”. La activista dijo que no se trata de un “asunto burocrático”: “Cuando se aplica la burocracia en este problema, lo que puede generar son efectos gravísimos en la vida de las mujeres, que es el volver otra vez a los circuitos de violencia, depresiones, imposibilidad de hacer un proyecto de vida autónomo, o enfrentarse a un posible femicidio”.
En paralelo, las referentes cuestionaron la exclusión de la sociedad civil de algunas instancias vinculadas a la violencia de género. En concreto, la Ley de Presupuesto aprobada en diciembre de 2020 eliminó a la RUCVDS –que representaba a la sociedad civil– del Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres previsto en la Ley 19.580. En su lugar, estableció que “la comisión podrá convocar a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la lucha contra la violencia basada en género”. Morelli calificó la decisión de “vergonzosa”, porque “la integración del observatorio garantizaba su transparencia”, y ahora es “un lugar integrado exclusivamente por quienes representan al Estado, para evaluar políticas del Estado y hacer recomendaciones al Estado”.
Al mismo tiempo, este año, por primera vez desde que se creó el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género en 2002, la RUCVDS quedó afuera del acto central de Inmujeres en ocasión del Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Según Tuana, los dos episodios muestran que “es un gobierno que le da la espalda a la sociedad civil, que no tiene ningún interés en construir políticas y respuestas en las que la sociedad civil tenga su aporte sino, por el contrario, la coloca del otro lado, como su enemiga, cuando en realidad no lo es”.
La respuesta policial
Otro punto que surgió tiene que ver con la Guía de actuación para seccionales policiales en casos de violencia doméstica y de género emitida en setiembre por el Estado mayor especialista en género y violencia doméstica de la Dirección de la Policía Nacional, que entre otras cosas planteaba que se iba a “requerir” pruebas a las denunciantes. Esto generó el rechazo de distintas organizaciones sociales, por lo que, unos días después, el Ministerio del Interior (MI) cambió la redacción del protocolo y estableció como directiva “consultar” si la víctima “posee elementos que pueda aportar a la denuncia”.
Más allá de la marcha atrás de la cartera, la iniciativa dejó en evidencia “la gran ignorancia sobre cómo es la dinámica de la violencia, que es un problema en el que es bastante difícil que las víctimas tengan pruebas cuando ocurre sin testigos, dentro de las cuatro paredes del hogar, donde no siempre la violencia física está presente y, cuando lo está, no siempre deja marcas”, manifestó Tuana. La activista consideró que es “muy alarmante” este “retroceso en la conceptualización, comprensión y entendimiento del problema” por parte “de una de las instituciones que tiene que brindar protección y saber valorar los riesgos”.
Morelli, por su parte, aseguró que el hecho mostró “un alto nivel de improvisación y de desconocimiento, pero ya no un desconocimiento de la materia, sino de cómo funcionan los instrumentos que tienen vigentes a la interna del MI”, lo cual es “de una gravedad institucional importante”. Además, dijo que “da cuenta del deterioro que se sufre a la interna del MI en lo que tiene que ver con el servicio que se presta a las víctimas de violencia”.
Tuana dijo que hay “un retroceso en la respuesta de calidad, formada, especializada” a las víctimas de violencia de género en las seccionales policiales. En ese sentido, señaló algunas situaciones de las que tomó conocimiento en estos meses, como largas horas de espera, la negativa a tomar la denuncia o la exigencia de prueba.
Prioridades y urgencias
En este escenario, surge la necesidad de poner arriba de la mesa cuáles deberían ser las prioridades a futuro. Para la directora de El Paso, lo primero debería ser la completa implementación de la Ley 19.580, que entre otras cosas implica instalar los juzgados especializados multimateria en todos los departamentos del país. En 2021 se firmaron los acuerdos para instalar los primeros dos juzgados especializados en violencia de género en San Carlos y Rivera, que empezarán a funcionar en el primer semestre de 2022. Tuana evaluó que esto “puede mejorar un poquito la realidad para las personas que están en esta localidad”, pero no puede calificarse de avance porque “no mueve la aguja”.
El verdadero avance sería la instalación de los juzgados multimateria, para “ponerle fin al periplo vergonzoso que transitan las víctimas en nuestro país por diversas sedes judiciales, a veces teniendo que iniciar varios procesos, obteniendo respuestas del sistema que son absolutamente contradictorias, duplicando pruebas, teniendo que dar declaración en múltiples ocasiones y provocando una revictimización”, explicó Morelli.
Otra de las prioridades tiene que ser el fortalecimiento de las políticas enfocadas en la prevención. En ese sentido, Tuana dijo que si bien algunas instituciones, como Inmujeres, promueven campañas, “no se está haciendo absolutamente nada a nivel de prevención como política de Estado”.
Trabajar en las respuestas para mejorar la vida cotidiana de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia también es una urgencia. En este punto, Tuana hizo énfasis en la atención a la salud, las alternativas habitacionales y la inserción laboral. Además, dijo que es necesario fortalecer la respuesta en las localidades más alejadas de los centros urbanos, “porque las mujeres no llegan y hay una gran debilidad para que accedan a la atención, a un asesoramiento jurídico y a un apoyo psicológico y social”.
Por su parte, Morelli, consideró que es fundamental seguir apostando por el cambio cultural, porque “hasta no reventar al sistema hegemónico que sostiene, perpetúa, posibilita y deja impune estas violencias, las violencias no se van a terminar”. Pero también se requiere un cambio “estructural” a nivel del Estado. “El Estado tiene la obligación de prevenir que esta violencia acontezca; en el caso de que esta violencia suceda de todos modos, tiene la obligación de investigarla, de sancionarla y de no dejar impunes a sus responsables”, apuntó la representante de Mujer Ahora. “Lo que se requiere es contar con una política estatal que supere los sucesivos gobiernos y asuma que este es un tema que se debe abordar con rigurosidad. No hay lugar al ensayo y al error, porque en el error se va la vida de las mujeres”, agregó.
En el terreno de la salud sexual y reproductiva, las urgencias son “garantizar recursos para la política pública en anticoncepción, VIH, atención de embarazo, parto, puerperio y aborto, en todo lo que tiene que ver con violencia basada en género y en todo lo vinculado a adolescentes, jóvenes y disidencias”, sintetizó Abracinskas. El otro campo en el que hay mucho para trabajar, dijo, es el de la educación sexual integral.