La Fiscalía Penal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 7º turno, a cargo de la fiscal Alba Corral, determinó que las situaciones de acoso visibilizadas por 69 funcionarias diplomáticas no configuran delitos. Los hechos se dieron a conocer en una carta entregada el 8 de marzo a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, en la que se describían situaciones de acoso sexual y laboral, violencia verbal y discriminación por maternidad ocurridas en el ámbito institucional. La misiva era una comunicación interna que no pretendía judicializar los casos, sino dar cuenta de las distintas desigualdades de género en la carrera diplomática.
Ache entregó la carta al canciller, Francisco Bustillo, quien el 10 de marzo la envió al fiscal de Corte, Jorge Díaz, para que fuera derivada a la Justicia. “A nosotros nos genera una gran preocupación, estamos dispuestos a ocuparnos y a tomar cartas en el asunto. La cancillería recorre el camino necesario dando cuenta a la Fiscalía General de la Nación”, dijo ese día la subsecretaria a la prensa.
La resolución de la Fiscalía, fechada el 28 de abril y a la que accedió la diaria, señala que “la situación y hechos denunciados” por cancillería “no encuadran en la competencia penal”. En cambio, el organismo asegura que en la carta firmada por las funcionarias se describen “situaciones de vulneración de derechos” en “el ámbito intrainstitucional del Ministerio de Relaciones Exteriores” (MRE), que están contempladas en los artículos 47 y 48 de la Ley 19.580 de violencia basada en género, referidos a los procesos en los ámbitos administrativos públicos y privados.
Por lo tanto, dice el texto, el MRE “debe adoptar medidas para la prevención, protección, investigación y sanción de la violencia basada en género que ocurra en el ámbito intrainstitucional, ejercida por su personal respecto de otros funcionarios, actuando con la diligencia debida”.
La Fiscalía también aceptó el pedido que hizo la abogada de las diplomáticas, Marina Morelli, para que se decrete la reserva de su identidad, en base a lo que estipula el artículo 7 de la ley ya mencionada, sobre el derecho de las víctimas a que se garantice “la confidencialidad y la privacidad de sus datos personales”.
En diálogo con la diaria, Morelli dijo que la resolución firmada por la fiscal Corral “es rigurosa en su fundamento y argumentación” y, “jurídicamente, coloca las cosas en el sitio en que siempre debieron estar” a la vez que “pone fin al asunto en la órbita penal”. “La carta de las funcionarias contiene acciones y propuestas que exigían una respuesta institucional de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nunca debió ser confundida con una denuncia. Incluso si hubiera sido interpretada como una denuncia, la ley [19.580] exige garantizar la más absoluta reserva de las actuaciones y confidencialidad de identidad”, aseguró la abogada. “Eso, lamentablemente, no es posible hoy ni desde el comienzo porque se emitió un comunicado de prensa de la cancillería que hace pública la existencia y contenido de una comunicación privada”, agregó, y enfatizó que las mujeres firmantes “nunca solicitaron, ni promovieron, ni fueron consultadas en la judicialización de la carta”.
En línea con lo que plantea la resolución de la Fiscalía, Morelli dijo que la ley de violencia de género exige “iniciar inmediatamente una investigación administrativa, estrictamente regulada, reservada, con medidas de protección y prevención, y en el caso de que se concluya que existió alguna manifestación de violencia, adoptar sanción para el responsable y reparación integral para las mujeres afectadas”. Y lamentó: “Hoy, esa investigación administrativa no podría realizarse, ya que no existe posibilidad de regresar el tiempo atrás y cumplir con las garantías”.
Morelli celebró la decisión de las funcionarias de elaborar una carta con “propuestas de acciones y medidas, explicitando las razones, fundamentando la necesidad y poniéndose a las órdenes de la institución para trabajar en ello”. “Ojalá existan muchas funcionarias en muchas instituciones públicas, tan generosas y comprometidas”. Agregó: “Ojalá haya muchas instituciones públicas que, cuando reciban esas propuestas, no lean en ellas lo que no dicen”.