En una resolución fechada el 20 de julio la Junta Nacional de Salud (Junasa) aprobó modificaciones en la meta asistencial número 1, que contempla una serie de indicadores para fortalecer la atención en la salud de niñas, niños y mujeres, de abril de 2019 a marzo de 2021. Según se lee en el documento, uno de esos cambios implica “reasignar” el monto disponible para el indicador sobre violencia basada en género y generaciones con el fin de “reforzar el incentivo económico de los indicadores de tamizaje de cáncer de colon, cuello de útero y mama”.
El indicador en cuestión es el que prevé la capacitación de los equipos de referencia en el abordaje de situaciones de violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes en los centros de salud, tal como establece la Ley 19.580.
La medida motivó un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública (MSP) por parte del diputado Luis Enrique Gallo y las diputadas Lucía Etcheverry y Cristina Lustemberg, del Frente Amplio, para que se indique las razones por las cuales se modificó la meta y se detalle cómo se van a realizar, de ahora en más, los controles que establece la ley de violencia de género en materia de salud.
En la misma línea, piden información sobre el cumplimiento de los equipos de referencia en violencia basada en género en cada sede con más de 5.000 personas afiliadas, y consultan si las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva aseguraron el asesoramiento telefónico disponible 24 horas. También pretenden saber si se garantizó el acceso a las consultas en un plazo no mayor a 72 horas y si se implementaron servicios de atención a varones que ejercieron violencia hacia sus parejas o exparejas.
“Si bien la meta finalizaba en marzo de 2021, queremos ver bajo qué condiciones se modifica, cómo se le va a dar continuidad, bajo qué protocolo está trabajando el ministerio actualmente, cómo se va a resolver en las localidades donde los prestadores tienen pocos afiliados y cómo se va a asegurar que las instituciones de salud seguirán brindando la información”, explicó Lustemberg a la diaria. El principal objetivo del pedido de informes es conocer “bajo qué estrategia se están tomando estas decisiones”, aseguró la legisladora.
Entre otras cosas, Lustemberg, Etcheverry y Gallo también solicitan las evaluaciones de cumplimiento de la meta asistencial 1 para 2019 y parte de 2020 y el listado de los prestadores de salud que la cumplieron. Además, piden que se adjunte el listado de instituciones que cuentan efectivamente con equipos de referencia de violencia basada en género y generaciones.
Por otro lado, la solicitud busca conocer si, en 2020, el MSP definió cambios institucionales en los programas asistenciales sobre violencia de género o implementó ajustes en el funcionamiento de los equipos de referencia centrales. Al mismo tiempo, requiere información sobre qué políticas específicas implementó la cartera para hacer frente al “aumento” y “agravamiento” de las situaciones de violencia de género durante la pandemia.
“Le vamos a dar seguimiento a este tema por lo que significan los equipos de referencia de los centros de salud tanto públicos como privados, sustentados en las metas: son la primera puerta de entrada” para la detección de muchas situaciones de violencia, apuntó Lustemberg. “La violencia de género y generaciones es una franca violación de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, y Uruguay tiene niveles altísimos. Por eso es que elevamos el pedido de informes, para que nos escriban de forma detallada cuál va a ser el abordaje”.
Alerta por “retrocesos”
Unos días después de que fuera aprobada la resolución de la Junasa, la Intersocial Feminista anunció en las redes sociales que solicitó reuniones a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, para manifestar su preocupación ante la posibilidad de que la meta asistencial referida a los equipos de atención a la violencia de género fuera “eliminada”. “Si se confirma esta noticia, sería un enorme retroceso en los pequeños avances que la política pública ha hecho para combatir esta pandemia silenciosa que se lleva a más de 30 mujeres por año y condena a decena de miles de mujeres y niñes a vivir una vida de violencia”, decía la publicación.
“En los hechos, no sabemos qué van a hacer los prestadores de salud, pero sacar los recursos de la meta y reasignarlos es una forma de retroceder en un servicio que –siempre con necesidades de mejorar– estaba dando asistencia a miles de personas víctimas de violencia, tanto niñas, niños y adolescentes, como adultas”, explicó Andrea Tuana, representante de la organización, a la diaria. “Por supuesto que el gobierno puede decir que cada prestador de salud puede seguir brindando este servicio, pero, si no lo hizo antes de que existieran las metas, ¿por qué vamos a pensar que ahora, sin la meta, lo va a seguir sosteniendo? El temor es que los prestadores dejen de dar prioridad y recursos a los servicios de atención en violencia y que algunos hasta dejen de existir”, advirtió.
Tuana aseguró que, si se elimina el incentivo, la medida podría constituir una “amenaza tremenda” para las infancias y las mujeres en situación de violencia en un momento de “aumento de los femicidios y de los llamados a la línea telefónica 0800 4141” en el país.
La especialista alertó específicamente sobre el impacto que podría tener en las niñas, niños y adolescentes, que muchas veces recurren al prestador de salud como única opción. En ese sentido, recordó que las mujeres adultas en situación de violencia tienen un servicio de atención del Inmujeres “en cada departamento del país” y en Montevideo pueden acudir a la Comuna Mujer de la intendencia, pero que los servicios gestionados por el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente “están absolutamente desbordados, con lista de espera”.
Para la Intersocial Feminista, esta medida se suma a una lista de “retrocesos” que apuntan a “desmantelar” la Ley 19.580, como la postergación de los juzgados especializados en violencia de género, “[respecto de los cuales] se sigue pidiendo prórroga para implementar tres en el interior del país”, cuando, “en realidad, estamos planteando que se necesitan juzgados en todo el país”. El proyecto de ley de tenencia compartida que se discute en el Parlamento “también de alguna manera es un retroceso, porque la ley plantea que los niños víctimas de violencia son testigos directos de violencia y se les debe dar protección y medidas cautelares”, y en este proyecto “se está diciendo que esas medidas cautelares no se van a aplicar y se van a generar visitas vigiladas”. Tuana agregó como otra “transgresión a la ley” el “impasse” que se le puso al subsidio de alquiler que brinda soluciones habitacionales para mujeres en situación de salida de la violencia de género.
“Lo que queremos plantear en las reuniones que solicitamos es que esas metas prestacionales no se pueden tocar, que se tienen que priorizar, y que no es posible que la vida de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes no sea prioritaria para este gobierno”, resumió.
“Evaluar” para “restablecer”
Consultado por la diaria, el presidente de la Junasa, Luis González Machado, aseguró que “de ninguna manera” se está eliminando la meta asistencial que promueve la existencia de equipos de referencia en violencia de género y generaciones en los prestadores. El jerarca explicó que, desde un principio, la meta estaba programada para aplicarse hasta el primer semestre de este año –concretamente, hasta marzo, generando pagos hasta julio–, por lo que “no se suprimió ni se tomó ninguna decisión de interrumpirla”, sino que “caducó”. En ese sentido, dijo que “no sigue vigente en los términos que estaba hasta ahora”, pero “se está revaluando para ser restablecida seguramente antes de fin de año”, con “nuevas modalidades que se están analizando a nivel técnico en este momento”.
González Machado dijo que los equipos técnicos están realizando una evaluación de todas las metas para “mejorar el tipo de acciones” a implementar en el futuro. Respecto del indicador sobre violencia, en particular, señaló que “hasta ahora había sido una meta fundamentalmente orientada a la capacitación” y ahora “se quiere ver de qué forma esto ha incidido o no”, para evaluar si es necesario “diseñar elementos de intervención nuevos, novedosos, distintos”. “No es cuestión de seguir haciendo más de lo mismo, sino de hacer las cosas lo mejor posible”, puntualizó.
El presidente de la Junasa dijo que todavía no hay un aproximado de cuándo estarían listas esas nuevas orientaciones, pero adelantó que la idea es convocar a “algunas organizaciones vinculadas con el tema” para que participen de la evaluación en conjunto con los equipos técnicos, para que sea un “análisis abierto”.
De todas formas, insistió en que esto no impacta en la atención que se brinda a las personas en situación de violencia en los centros de salud. “Además, la creación de los equipos de violencia de género fue hecha antes” de que se fijara la meta, resaltó; “esta meta no financiaba eso, sino que estaba establecido con anterioridad, por lo que hoy es una obligación de las instituciones”.
Los equipos de referencia en violencia basada en género fueron creados en 2016, en un principio para el abordaje de situaciones de violencia doméstica y sexual para mujeres mayores de 15 años, recordó Lustemberg, que en ese entonces era subsecretaria de Salud Pública. Unos meses más tarde, en marzo de 2017, el MSP impulsó un reperfilamiento de los equipos de referencia con una mirada generacional que abarcara también la atención a la infancia y la adolescencia. Para la diputada, incluir este indicador en la meta asistencial 1 “daba garantías” y generó que la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes “fuera una prioridad en la cadena asistencial”.