Comenzó el martes en la Asamblea Nacional de Ecuador el segundo debate sobre el proyecto de ley para despenalizar el aborto en todos los casos de violación y no sólo para mujeres en situación de “discapacidad mental”, como establece el Código Penal ecuatoriano actual. Este artículo había sido declarado inconstitucional en abril de 2021 por la Corte Constitucional, que resolvió que sea el Poder Legislativo el que regule las normas que contradigan ese dictamen. El nuevo proyecto fue presentado en junio de 2021 y su promoción partió de la insistente lucha de los feminismos en el país que hoy se movilizaron por su aprobación.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional hizo 16 sesiones para presentar aportes y observaciones al proyecto. Finalmente, el 3 de diciembre aprobó –con ocho votos a favor y dos en contra– el informe para el primer debate parlamentario, que tuvo lugar el 9 del mismo mes. Ese día, el Pleno escuchó durante la mañana las ponencias de decenas de activistas, abogadas y médicos y, en la tarde, las y los parlamentarios debatieron hasta pasadas las 20.00, según consignó el medio feminista LatFem.
Luego del primer debate, se realizaron dos sesiones más. El 14 de diciembre, la Comisión de Justicia recibió a expertas y expertos de salud para abordar tres nudos denominados “críticos” de la ley: los requisitos, los plazos y la objeción de conciencia. Tras el receso parlamentario, la comisión retomó su actividad el 10 de enero y determinó la fecha del segundo debate, en el que discutirán 137 parlamentarias y parlamentarios.
Estaba previsto que el debate de este martes en el Parlamento iniciara con la lectura del informe a favor de la aprobación, redactado por la mayoría de las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Si se presentan observaciones, se analizarán y redactarán los cambios pertinentes para someter el proyecto a votación.
El documento enfatiza que el Estado debe garantizar la puesta en práctica de mecanismos adecuados para que las mujeres puedan decidir sobre su vida sexual y reproductiva de manera “informada, libre, sin coacción, discriminación, ni violencia de ningún tipo”, informó la cadena CNN. Además, el Estado será responsable de promover el acceso de las mujeres a información segura sobre los métodos de interrupción voluntaria del embarazo y asegurar la “confidencialidad, dignidad e intimidad de las mujeres” que requieran acompañamiento psicológico y asesoramiento legal.
Asimismo, la nueva norma plantea una modificación en los plazos para abortar. La comisión a cargo de su elaboración planteó que las mujeres víctimas de violación mayores de 18 años puedan abortar hasta las 20 semanas de gestación y las mujeres menores de 18 años hasta las 22 semanas. En tanto, para las mujeres en situación de discapacidad se mantienen los plazos dispuestos en la guía de “Atención del Aborto Terapéutico”, expedido por el Ministerio de Salud Pública ecuatoriano. El plazo actual es de seis semanas para mujeres adultas y de 12 para niñas y adolescentes.
Las semanas de gestación serán “única y exclusivamente” verificadas por un profesional de salud por medio de exámenes médicos y, en caso de estar dentro de los tiempos definidos, se podrá proceder a la suspensión voluntaria del embarazo producto de una violación, sostiene el documento, citado por CNN.
A favor y en contra
Mujeres, disidencias y activistas feministas de todo Ecuador se movilizaron hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional en lo que se denominó “movilización nacional” feminista. Con pañuelos y banderas verdes y violetas, entre cantos y aplausos, pancartas y caras pintadas, se concentraron desde la mañana en torno al organismo para exigir la aprobación de la ley de aborto por violación. Varios hashtags se han viralizado en las redes en las últimas horas: #AbortoPorViolación, #LeyJustaYReparadora, #MareaVerdeEcuador, entre otros.
Por otra parte, una agrupación de 30 colectivos en contra del aborto difundieron el lunes un comunicado en el que señalan que “toda vida humana es valiosa, única e irrepetible y tiene dignidad propia, que no es concedida por el Estado, ni se pierde por la edad, enfermedad o circunstancias adversas en las que fuere concebida”.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que respetará la votación de la Asamblea General pero vetará el proyecto de ley “si va más allá” del fallo de la Corte Constitucional de 2021. “Fallo que yo respeto, más allá de no coincidir, pero lo respeto porque es mi obligación. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional. Como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo de la Corte Constitucional”, dijo el mandatario el viernes 14 en entrevista con el canal Ecuavisa.