“Legisladores: en sus votos está liberarnos de los proxenetas”, decía una pancarta color blanco, con letras en rojo, que sostenían varias mujeres frente al Palacio Legislativo en la tarde de este jueves. La sede del Parlamento fue el destino final de una marcha a la que convocó la Organización de Trabajadoras Sexuales de Uruguay (Otras), en el marco del Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales, que se celebra cada 3 de marzo.
El escenario no fue elegido al azar, ya que el reclamo central de la movilización era el pedido para que se modifique la Ley 17.515, que regula el trabajo sexual en Uruguay y que fue aprobada hace casi 20 años. La organización Otras ha promovido diferentes iniciativas desde 2018 para visibilizar este reclamo, pero ahora parece estar más cerca de lograr el objetivo, ya que el 21 de diciembre un proyecto para modificar la normativa ingresó a la Comisión de Legislación del Trabajo y la Seguridad Social de la Cámara de Representantes. Está previsto que el proyecto, que fue presentado por diputadas y diputados del Frente Amplio, sea tratado este año.
El reclamo de las trabajadoras sexuales apunta a una regulación integral de su trabajo, en clave de derechos humanos, que saque el foco de la perspectiva “sanitarista” que plantea la ley actual, y les brinde más garantías. “Pedimos que los legisladores les quiten el poder a los proxenetas sobre nuestros cuerpos, nuestra autonomía económica, nuestro derecho a transitar libremente y nuestro derecho a descansar”, se leía en un documento difundido durante la convocatoria.
Además, las representantes de Otras exigieron que el Ministerio del Interior “ya no tenga poder sobre nuestros datos personales y sobre nuestra movilidad en los espacios públicos” y que el de Salud Pública “nos valore integralmente en materia de salud y no sólo epidemiológicamente, como ahora”.
Por su parte, pidieron al Ministerio de Trabajo que conforme junto con las trabajadoras “un espacio que sea por y para los derechos de las personas que nos encontramos en la oferta de servicios sexuales, primando la atención en la autonomía económica de las que elijan permanecer y la salida acorde de las que ya no quieran seguir allí”.
Movilizacion de trabajadoras sexuales, este jueves, frente al Palacio Legislativo.
Foto: Natalia Rovira
Otro de los reclamos centrales fue la adecuación del “régimen de aportes jubilatorios decreciente acorde a nuestros ingresos por franja etaria”. “¿Qué implica esto? Que una compañera de entre 18 y 28 años puede pagar 2.000 pesos por mes de aporte al BPS [Banco de Previsión Social], pero una compañera de 48 o de 58 años tiene que decidir entre pagar los 2.000 pesos de BPS o pagar el alquiler, porque a veces ni siquiera llega a esa plata en el mes”, explicó la fundadora de Otras, Karina Núñez, en rueda de prensa al final de la manifestación.
“Necesitamos que los legisladores nos voten la modificación, que nos presenten una modificación o que hagan algo para liberarnos de los proxenetas”, señaló Núñez, y agregó: “No podemos solas”.