En Uruguay y en el resto del mundo, la mayoría de los femicidios son cometidos por parejas, exparejas o familiares de las víctimas, por lo general en el marco doméstico o en la vía pública. Sin embargo, las mujeres también son asesinadas en otros contextos, como las situaciones de trata y de explotación sexual.
Un grupo de investigadoras del Programa de Estudio, Formación e Investigación sobre Trata y Explotación (Pefite) de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Argentina, se propuso darles luz y analizar las características particulares que comparten. Así, las académicas se embarcaron en el proyecto El femicidio de mujeres víctimas de trata y explotación sexual en Argentina durante el período 2015-2020, que iniciaron en octubre de 2020 y presentaron este mes durante la Feria del Libro en Buenos Aires.
La decisión de emprender la investigación surgió, primero, de la “preocupación por los sistemáticos y repetidos casos de femicidio de mujeres víctimas de trata y explotación sexual que están teniendo lugar en Argentina”, explican las responsables en el documento. Otra motivación fue “el desinterés y desatención estatal de las formas violencia sexista y letal a las que están expuestas” estas mujeres, la “limitada información oficial” que existe sobre la problemática y la “inexistencia de políticas públicas” orientadas a la prevención, atención, sanción y reparación de estos femicidios. La idea era también contrarrestar la “ausencia de investigaciones que aborden el fenómeno del femicidio de mujeres víctimas de trata y explotación sexual a nivel mundial, regional y nacional”.
El trabajo relevó 38 femicidios de mujeres en situación de trata y trabajo sexual cometidos en el país entre 2015 y 2020. Además de sistematizar información sobre los lugares donde ocurrieron los crímenes, los femicidas y las razones que motivaron a los femicidas, el estudio profundiza en la cobertura mediática que recibieron los casos. La dirección del estudio estuvo a cargo de la directora del Pefite, Alika Kinan, la primera sobreviviente de trata con fines de explotación sexual que impulsó y ganó un juicio contra sus proxenetas y el Estado en Argentina, según recuerda eldiario.ar.
Los datos
El trabajo reveló que 36,7% de esos 38 femicidios tuvieron lugar en Buenos Aires, lo que permite afirmar que “en el ámbito urbano las mujeres tienen más riesgo de ser víctimas de femicidio en el contexto de la trata y la explotación sexual”, afirma el texto.
En tanto, 92% de las víctimas estaban en situación de trata o explotación sexual y, entre ellas, sólo en 7,8% de los casos existió la agravante de secuestro. Para las investigadoras, esto permite “desmitificar la problemática y deconstruir los imaginarios que se han construido alrededor de esta, en la cual con frecuencia se afirma que las víctimas de trata y explotación sexual son solamente aquellas que han sido secuestradas o coaccionadas por la vía de la fuerza, invisibilizando la diversidad de métodos de captación y situaciones de vulnerabilidad que ponen a las mujeres en riesgo”.
Por otro lado, la gran mayoría de las víctimas (95%) eran mujeres de nacionalidad argentina y 5% eran extranjeras, específicamente paraguayas. De acuerdo con las investigadoras, estos datos “permiten desmontar el imaginario de que la mayoría de las víctimas de trata y explotación sexual son mujeres extranjeras trasladadas a otros países para ser explotadas”.
Otro dato que identifica el trabajo es que la edad promedio de las víctimas de trata y explotación es de 31 años, y que 10,5% eran niñas y adolescentes.
En relación a los agresores, la investigación expone que 18 de los crímenes fueron perpetrados por un cliente o consumidor de trabajo sexual; diez eran tratantes, proxenetas o explotadores sexuales; en tres de los casos el femicidio fue cometido por el secuestrador que privaba de su libertad a las mujeres para explotarlas sexualmente; uno fue cometido por la pareja o expareja de la víctima, y sobre los seis casos restantes no hay información disponible. Esto significa que 73% de los agresores eran clientes de trabajadoras sexuales, tratantes, proxenetas o explotadores sexuales. Las edades de los agresores oscilan entre los 17 y los 70 años, con una edad promedio de 40.
El informe destaca además que, a la hora de sancionar a estos femicidas, prevalecen altos índices de impunidad. “Ante la ocurrencia de estas agresiones sexistas y misóginas contra las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, pocas veces se imputa o juzga por el delito de femicidio; la mayoría de los condenados lo han sido bajo la tipificación de homicidio simple o por homicidio agravado, y sólo dos de ellos fueron condenados a cadena perpetua”, señala el documento.
En cuanto a los motivos identificados para cometer estos delitos, el estudio resalta que, “en oportunidades, los crímenes son perpetrados durante los encuentros sexuales, ante la resistencia de estas mujeres a realizar algún tipo de práctica sexual o ante el desacuerdo en las condiciones establecidas para el encuentro sexual”. Otras veces, “sucede tras la consumación del acto sexual y el surgimiento del temor a ser descubiertos por su entorno familiar, laboral o comunitario”.
La investigación también apunta a que, en ocasiones, algunas víctimas son asesinadas por sus tratantes y proxenetas “como mecanismo para afirmar su autoridad cuando las mujeres intentan o desean salir de la explotación sexual, para evitar saldar deudas con las mujeres prostituidas, o cuando estas dejan de ser consideradas útiles y rentables por estos explotadores sexuales”.
Cobertura mediática
El informe señala que, del análisis de los 38 casos sistematizados a partir de reseñas realizadas por medios de comunicación impresos y digitales, se puede identificar que la mayoría realizó “un abordaje estereotípico y revictimizante de las víctimas de femicidio en el contexto de trata y explotación sexual”.
En ese sentido, resalta que, de las 55 notas de prensa sistematizadas, sólo 14 nombran a la víctima en el titular y, de estas, “apenas diez son reseñadas con su nombre y apellido”. Al mismo tiempo, en 12 de las notas “se invisibiliza, despersonaliza y deshumaniza a la víctima, denominándola a partir de la condición de explotación sexual en la que se encontraba, específicamente como ‘prostituta’ y ‘trabajadora sexual’, lenguaje que contribuye a la naturalización de situaciones de explotación y violencia”.
Otro de los cuestionamientos apunta a la creación de un “relato sensacionalista” por parte de muchos medios, al “explotar la situación de vulnerabilidad, conflictos personales y familiares de la víctima, indagar en sus vidas, exponer sus relaciones de amistad o sexoafectivas, así como divulgar sus adicciones”. Esta narrativa “apunta a la culpabilización y responsabilización de la víctima por el crimen contra ella cometido” y, en definitiva, lo justifica.
En paralelo, la cobertura tiende a “despersonalizar y encubrir al agresor, se evita llamarlo hombre, varón o femicida, y cuando se hace inevitable hacer referencia a este, se lo humaniza denominándolo por su nombre y apellido, al contrario de lo que ocurre con las víctimas”, lo cual “contribuye a invisibilizar las relaciones de poder existentes en la trata y explotación sexual, así como las motivaciones sexistas y misóginas que subyacen a estos femicidios”.
La investigación concluye que en los medios “no hay una problematización del fenómeno de la trata y explotación sexual”, se “normaliza esta forma de violencia sexista contra la mujer” y se utiliza un lenguaje que sirve como plataforma para “ejercer violencia mediática y simbólica contra las mujeres”.