El repudio masivo del movimiento feminista español al manejo que hizo la Justicia en torno al caso de violación grupal conocido como “La manada” inspiró la elaboración de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual –también conocida como la ley del “sólo sí es sí”–, que fue aprobada este jueves por la Cámara de Diputados de España. Dos años después de la luz verde del gobierno que dio inicio al trámite parlamentario, el texto obtuvo 201 votos a favor, 140 en contra y tres abstenciones, y pasa ahora a manos del Senado, donde se espera que sea aprobado sin cambios significativos.
Hoy en día, la legislación española plantea que, para que haya agresión sexual, se requiere evidencia de que hubo violencia o intimidación. De lo contrario, el hecho es considerado abuso sexual, un delito que tiene penas menores que la agresión. Precisamente, en la primera sentencia de “La manada”, la Audiencia Provincial de Navarra consideró a los cinco agresores como culpables de “abuso sexual con prevalimiento” pero sin agresión sexual y los condenó a nueve años de prisión.
La violación grupal contra una mujer que en ese entonces era una adolescente de 14 años tuvo lugar en julio de 2016 en Pamplona. El rechazo que generó este fallo, considerado por las feministas como el producto de un sistema judicial “misógino” y “patriarcal”, hizo que el Tribunal Supremo de España lo revisara y lo anulara en junio de 2019, condenando a los cinco hombres por el “delito continuado de violación” y elevando la pena a 15 años de cárcel.
El proyecto de ley aprobado este jueves, que fue impulsado por el Ministerio de Igualdad, sitúa el consentimiento como eje para juzgar las agresiones sexuales. Así, establece que todo acto sin consentimiento tiene que ser considerado agresión sexual. En ese sentido, define que “sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
Por otra parte, la normativa introduce nuevas circunstancias agravantes, como que el agresor sea familiar, pareja o expareja de la víctima; que la agresión esté precedida por un “daño grave” o lo cause; o que el responsable anule la voluntad de la víctima mediante fármacos u otras sustancias. Actualmente, estos últimos casos son calificados como abusos sexuales porque, al estar la víctima inconsciente, no media la violencia e intimidación que exige la ley para calificarlo como agresión.
También introduce en el Código Penal el delito de acoso callejero, que castigará con multas, trabajo comunitario o localización permanente a quienes “se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas” cuando “creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad”.
En tanto, incorpora en el ámbito de aplicación el “feminicidio sexual”, que define como el “homicidio de mujeres y niñas vinculado a conductas definidas como violencias sexuales” en la legislación española. Según recuerda eldiario.es, estas conductas son la agresión sexual, el acoso sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos o la trata con fines de explotación sexual.
Además, la propuesta plantea que los delitos sexuales sean competencia de los juzgados especializados en violencia de género, aunque se da un plazo de un año para definir si este cambio se materializará ampliando las competencias de estas sedes judiciales o creando nuevos juzgados.
Otra de las novedades que propone es la creación de una red de servicios de atención integral para las víctimas, tanto telefónicos como presenciales, que funcionen las 24 horas, durante los 365 días del año.
En un principio, el proyecto incluía dos artículos referidos al proxenetismo y a la tercería locativa (una figura jurídica que en España alude al lucro de quien proporciona un lugar a una trabajadora sexual para que realice su actividad), pero fueron eliminados ante la oposición de la mayoría de los partidos políticos. De todas formas, la iniciativa declara ilícita la publicidad sobre prostitución y propone campañas para desincentivar su demanda.
“Hoy es un día muy importante para las mujeres en nuestro país. El 'sólo sí es sí' y el 'hermana, yo sí te creo' se convierten por fin en ley. Vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo. España es desde hoy un país más libre y seguro para todas las mujeres”, dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, luego de que el texto fue aprobado en la cámara baja. Agregó que se trata de “un paso decisivo para cambiar la cultura sexual del país” y pasar “de la cultura de la violación” a la “del consentimiento”.
Se calcula que en el país europeo se producen alrededor de 400.000 casos de violencia sexual por año, según el estudio Análisis empírico integrado y estimación cuantitativa de los comportamientos sexuales violentos (no consentidos) en España, encargado por el Ministerio del Interior y publicado el año pasado. El documento estima que 25% de esas agresiones se producirían contra niñas y adolescentes.