El 9 de mayo de 2012, Argentina aprobó la Ley de Identidad de Género y se convirtió así en el primer país del mundo en contar con una norma que reconoce la identidad autopercibida de las personas como un derecho humano. El lunes se cumplieron diez años de ese hito y el gobierno argentino lo celebró con un acto en el que reafirmó su compromiso ante la “deuda” que tiene el Estado con “cada compañera y compañero trans que no accede a sus derechos”, en palabras de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien encabezó el evento. “Por eso trabajamos todos los días, hasta conquistar todos los derechos que nos faltan”, aseguró.
En ese marco, anunció la creación de una nueva línea de apoyo económico para travestis y trans mayores de 50 años que no tengan un trabajo registrado. La prestación consistirá en el otorgamiento de un monto equivalente a seis salarios mínimos, vitales y móviles.
La iniciativa fue gestionada por la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del ministerio que encabeza Gómez Alcorta y está incluida en el Programa de Fortalecimiento de Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. El universo de alcance es de alrededor de 1.000 personas y se brindará una sola vez, según informó la agencia de noticias Presentes.
“El objetivo es mejorar la calidad de vida hasta tanto el Congreso pueda sancionar o se pueda lograr una solución estructural para las vejeces trans”, afirmó la titular de la subsecretaría, Greta Pena, a Presentes. “Necesitamos revertir la expectativa de vida brutal e indignantemente baja respecto de la media que tiene la población trans. Eso requiere no sólo un apoyo económico, sino un acompañamiento”, señaló Pena. Por eso, además de la ayuda económica, la medida contempla la implementación de un dispositivo específico de atención, acompañamiento y asistencia integral a esta población.
En mayo del año pasado, la diputada Gabriela Estévez, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley de “reparación para personas mayores travestis y trans”, que establece la creación de una pensión reparatoria vitalicia para travestis y trans que tengan más de 40 años. En ese sentido, propone garantizarles la percepción de ingresos equivalentes a lo que es la pensión universal para adultos mayores de Argentina.
El objetivo del proyecto de ley es “reparar la violación de derechos humanos básicos que implica una expectativa de vida de 35 a 40 años [entre las personas que integran esos colectivos]; normas que criminalizaban y ‘patologizaban’ esas identidades; la sistemática violencia institucional y la falta de acceso a la salud, educación, vivienda y trabajo registrado”, según detalla el texto, citado por Presentes.
En Uruguay, la Ley Integral para Personas Trans aprobada en 2018 prevé una pensión reparatoria para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad debido a su identidad de género. En este caso, la prestación es de tres bases de prestaciones y contribuciones mensuales, un monto que con los valores vigentes equivale a 15.492 pesos. Es vitalicia y retroactiva.
Rosa Méndez, responsable del área de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social y presidenta del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual, dijo el mes pasado a la diaria que el régimen reparatorio es uno de los puntos de la ley trans que viene implementándose mejor. Aseguró que, hoy en día, hay 224 solicitudes a estudio, de las cuales 168 ya fueron aprobadas.