El martes 26 de abril nos golpeó en la cara la desgarradora noticia de que una niña de ocho años y un niño de nueve fueron asesinados por su padre en el Centro de Montevideo. El doble crimen generó repudios públicos y privados, despertó dolores colectivos, motivó el cierre de la escuela a la que asistían esos niños para poder manejar el duelo de la comunidad educativa y, unos días después, derivó en la imputación del hombre por homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado.
El motivo todavía no está claro y la investigación continúa en ese sentido, aunque se saben dos cosas: que el homicida “comprende el carácter del delito que cometió” y por eso es imputable, según dijo la fiscal a cargo del caso, Adriana Edelman; y que, unos días antes de que lo cometiera, la madre de los niños se había ido de la casa tras una “pelea familiar”, de acuerdo con lo que consignó El País en base a la declaración que hizo la niñera a la Policía.
El mismo medio aseguró el viernes 29 que la investigación se centra en posible violencia femicida, lo que la Ley 19.580 de violencia basada en género define como “la acción de extrema violencia que atenta contra el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de una mujer por el hecho de serlo, o la de sus hijas, hijos u otras personas a su cargo, con el propósito de causarle sufrimiento o daño”.
El caso recordó a otro ocurrido en mayo de 2020 en Rocha, cuando una niña de seis años y un niño de diez fueron asesinados por su padre. A diferencia del caso más reciente, en aquel asesinato el componente de violencia de género estuvo claro desde el principio: el homicida había sido denunciado dos veces por ejercer violencia contra la mamá de los niños y, de hecho, luego de cometer el crimen, llamó a la mujer para contarle lo que había hecho y despedirse. La intención era lastimarla también a ella.
Existe un nombre específico para nombrar la violencia que se ejerce contra niñas, niños y adolescentes para dañar a la madre: se llama violencia vicaria y constituye una forma de violencia de género y generaciones. El término lo acuñó en 2012 la psicóloga argentina y residente en España Sonia Vaccaro para describir “aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objetos a las hijas o hijos, para dañarla”. La palabra “vicaria” es utilizada en el sentido más literal, que se asocia a personas que realizan una función en sustitución de otra.
El concepto se usa mucho en España –donde 46 niñas y niños fueron asesinados desde 2013 en el marco de esta violencia, según cifras oficiales–, aunque en Uruguay también empieza a circular. De hecho, estuvo en el centro de la consigna que eligió la Coordinadora de Feminismos para marchar el último 25 de noviembre en Montevideo –“Contra la Justicia patriarcal y la violencia vicaria”– y apareció entre los reclamos del Tejido Feminista en el último 8M.
La tragedia de la semana pasada volvió a poner el término arriba de la mesa, sobre todo por parte de colectivos, académicas y profesionales feministas. la diaria habló con especialistas en género e infancias para desentrañar las características de este tipo de violencia y analizar qué medidas urgen para atenderla y prevenirla.
Definir la violencia vicaria
“Por ‘violencia vicaria’ se entiende aquella violencia que ejerce un progenitor contra sus hijas e hijos teniendo como objetivo dañar a la madre”, introdujo Andrea Tuana, trabajadora social, magíster en Políticas Públicas de Igualdad y directora de la asociación civil El Paso. La especialista explicó que el homicidio de las niñas y los niños es la expresión más extrema, pero que existen otras modalidades, como “cuando los padres utilizan el régimen de visitas o la tenencia compartida para someter a sus hijas e hijos a situaciones de maltrato o de humillación, de negligencia, no son atendidos o son puestos en una situación de amenaza, en un clima de mucha hostilidad, para castigar a la madre”. De alguna manera, “es además seguir manteniendo el control de su expareja a través de sus hijos”.
El asesinato es “la punta del iceberg”, dijo en el mismo sentido Manira Correa, psicóloga especializada en violencia basada en género e integrante de la Red de Psicólogas Feministas. “Hay otros tipos de mecanismos que el agresor utiliza para dañar a la víctima con este mismo objetivo. Uno de ellos también puede ser la manipulación de niñas, niños y adolescentes en contra de su mamá, que es una de las cosas que vemos frecuentemente, o los chantajes para que la mujer retire la denuncia o, si no, les va a hacer daño a los hijos, no los va a ver más o la va a denunciar”, dijo a la diaria.
Para Correa, esas niñas y niños “son dañados incluso desde antes de instalarse la violencia vicaria”. “Desde el momento en que viven en una casa donde su mamá es violentada, ya son víctimas de violencia, porque ya conocen, escuchan y perciben el abuso, el control coercitivo, las diferencias de poder; también ven el sufrimiento, desde lo psicológico hasta la muerte”, enfatizó la psicóloga, y advirtió que las consecuencias en ellos “pueden ser físicas, educativas, sociales, de comportamiento, vinculares”, entre otras.
Por eso, en gran medida, es necesario desmontar la idea de que un varón que ejerce violencia de género hacia una mujer puede ser un “buen padre”. “Con esa idea, durante muchos años se sometió a los chiquilines a tener visitas a pesar de que hubiera denuncias de violencia de género”, cuestionó Tuana, y puso como ejemplo el caso de Valeria Sosa, asesinada en 2017 por su expareja. “El señor fue a su casa en el marco de una ida a buscar a los chiquilines, en un régimen de visitas, y la mató adelante de sus hijos”, recordó.
“Más allá de que el golpe o el insulto no vayan dirigidos a ellos directamente sino a su madre, los niños que viven en hogares donde existe violencia de género son víctimas directas; el solo hecho de estar presenciando esas situaciones genera un daño tremendo”, explicó, y enfatizó: “Es totalmente incompatible ser un buen padre mientras ejercés violencia en tu hogar”.
En los papeles
La legislación de Uruguay no contempla la violencia vicaria en esos términos, aunque, como dice al principio de esta nota, la Ley 19.580 la incluye en la definición de violencia femicida. La noción también aparece en la categorización de los femicidios que elaboró en 2019 el Ministerio del Interior junto con el Instituto Nacional de las Mujeres. Una de las categorías que se define allí es la del “femicidio por conexión”, que entre los ejemplos incluye los casos en que “el femicida mata a las hijas o hijos de esa mujer” para “provocarle daño”. Según la investigación, que se basó en el análisis de más de 200 casos ocurridos entre 2012 y 2018, 5% de los femicidios en nuestro país entran en esta categoría.
Valeria España, abogada feminista especializada en derechos humanos, coincide con la identificación que hace Uruguay al englobar la violencia vicaria dentro de la violencia femicida. Para la experta, eso “no quita que haya otras expresiones de violencia y de daño que se dan en casos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito doméstico”, pero “podrían considerarse dentro de la violencia doméstica”. De todas formas, en su opinión, es necesario ampliar el debate porque “las herramientas que brinda la ley integral de violencia de género para nombrar determinadas formas de violencia son instrumentos para identificar cuando ya llegamos tarde”.
La abogada consideró que el concepto de violencia vicaria permite reconocer “los alcances que tiene este tipo de violencia extrema”, que a su entender “muchas veces se pasan por alto en esta permanente naturalización de las formas de violencia”. En esa línea, dijo que se cuestiona –incluso en el ámbito de la Justicia– que estas situaciones sean problemas estructurales y “pareciera que es un conflicto de pareja que se resuelve entre pares”. “Lo cierto es que en estos casos hay un patrón de violencia donde se muestra más terriblemente el ensañamiento con el cual se atenta contra la vida de niñas, niños y adolescentes, y su origen y nexo causal están fundamentados en la intencionalidad del daño a la mujer”, señaló España. “Tal como se da en otros patrones ya identificados sobre violencia de género, lo que vemos es que la bisagra de esa expresión extrema de violencia está dada por la ruptura o la posible ruptura de la relación de pareja”, afirmó.
De hecho, la propia Vaccaro dice en su definición que la violencia vicaria aparece “fundamentalmente” tras un divorcio, una separación o una denuncia, con el objetivo último de “seguir maltratando a la mujer a través de quienes, una vez separada la pareja, tienen acceso, que son los hijos, y a través de los cuales saben que causarán un daño irreversible a las madres, porque toda la historia de maltrato les demostró que ella aguantaba por los niños”.
Tuana opinó que la legislación uruguaya “no protege” a la infancia y la adolescencia, “desde el momento en el que no en todos los casos donde hay violencia de género se ponen medidas cautelares a las hijas e hijos, no en todos los casos se prohíben las visitas, y hay una mirada de minimizar estas situaciones y de entender que los temas de adultos no tienen nada que ver con los temas de las infancias”. La especialista dijo que, además, “hay una postura muy fuerte de que los niños tienen que poder ver a sus padres y que, si son violentos y piden perdón o hacen unos meses de tratamiento, ya está”.
Mucho por hacer
La realidad muestra que hacen falta políticas específicas para prevenir, atender y erradicar la violencia de género y generaciones. Esto tiene que ir de la mano de una transformación cultural en una sociedad que, además de machista, es adultocéntrica, aseguró Correa. “Muchas veces las necesidades de las infancias no tienen mucha cabida y esto genera una desprotección desde lo simbólico y desde lo real. Se sigue fomentando la masculinidad patriarcal, se siguen generando violencias en todos los ámbitos, hay todavía poblaciones que se ven subordinadas jerárquicamente. El trabajo del Estado debería empezar por ahí”, consideró la psicóloga.
En esa línea, dijo que es importante destinar recursos económicos “para la instalación de más servicios, para que los que ya existen funcionen de la mejor manera, para tener espacios de coordinación, para que las fiscalías funcionen mejor y para que las personas estén cada vez más capacitadas”. “Si bien el cuidado y la protección de las infancias es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, el Estado tiene un rol fundamental y las medidas no están siendo suficientes”, cuestionó.
La psicóloga apuntó en particular a la prevención y llamó a estar en alerta para identificar posibles señales: “Cuando en las instituciones educativas o deportivas vemos niños que lloran mucho, están agresivos, ejercen el poder sobre otros niños o tienen vínculos agresivos o muy sumisos, son situaciones que pueden ser pasibles de preguntarles si están bien, si necesitan algo, generar la confianza para que ellos puedan sacar su voz y poder decir qué es lo que les pasa. Luego, obviamente, tiene que estar la intervención de los equipos multidisciplinarios correspondientes, que son quienes están formados para la atención de este tipo de situaciones”.
España también puso el acento en la prevención y aseguró que, tanto los centros educativos como los de salud, tienen que contar con personal capacitado para identificar situaciones, sobre todo cuando no hay denuncias previas y la primera detección puede generarse en esos contextos. En cuanto al rol del Poder Judicial, abogó por la creación de una política que obligue a “identificar todas las situaciones que involucran a una familia en un mismo expediente”, algo que “a veces no sucede” y genera que “no se intervenga a tiempo”. “La debida diligencia no es solamente investigar cuando el crimen se cometió, sino que es prevenirlo a partir de disposiciones que se cumplan, que no solamente es la ley, sino que también puede haber protocolos de actuación”, afirmó la abogada.
Para Tuana, queda mucho trabajo por hacer para visibilizar que las niñas y los niños “son sujetos de derechos, que hay que escucharlos, que no mienten cuando cuentan que están viviendo situaciones de violencia”. “Vivimos en una sociedad que no está mirando a los niños, sino que, en general, tiende a minimizar los síntomas y las formas en que expresan sufrimiento”.