Se podría decir que el Departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) está jerárquicamente escondido. Forma parte de la División de Derechos Humanos, que, a su vez, está dentro de la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural. Luisina Tuduri asumió como jefa del departamento en 2020, pero integra el equipo desde 2018. “Todas tenemos perfiles profesionales diferentes. Yo estudié sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, pero también hay una abogada, una antropóloga, una trabajadora social y una psicóloga. Tenemos una multidimensionalidad que nos da una perspectiva bien diversa y nos permite enfocarnos en temas específicos, más allá de los que trabajamos juntas”, dijo sobre cómo está compuesto. Ella también representa la secretaría técnica en el Consejo Nacional de Diversidad Sexual.
En el marco del Mes de la Diversidad, la diaria conversó con Tuduri sobre los planes que están desarrollando para garantizar los derechos de la población LGBTI y con qué barreras se enfrentan.
Este año, la consigna del Mides en el Mes de la Diversidad es “Cambiá la jugada: en todos los deportes, diversidad de identidades”. ¿Por qué se tomó la decisión de centrarse en este tema?
Estamos trabajando un tema específico: la diversidad en el deporte. No hay grandes investigaciones a nivel nacional desarrolladas todavía. A inicios de este año, a través de un convenio con el Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, lo empezamos a hacer. Ellos ya tienen un convenio desde 2013 con nosotros, que se va renovando. Fue una propuesta de Rosa Méndez [directora de Promoción Sociocultural], que tenía mucha inquietud por conocer qué estaba sucediendo en el ámbito del deporte con las personas de diversidad sexual. En ese sentido, solicitó una investigación específica que aborda líneas fundamentales. La primera es sobre las mujeres en el fútbol profesional y amateur, y cuáles son los estigmas que tienen que atravesar respecto a su orientación sexual. Son barreras que existen socialmente y alguien tiene que conocer qué pasa. La segunda está orientada a los clubes deportivos que ya están realizando prácticas afirmativas para las personas LGBTI. Están recabando experiencias para poder generar un manual de buenas prácticas que sea extensible a todos los clubes deportivos a través de la Secretaría General del Deporte.
¿Qué otros planes específicos está llevando adelante el departamento?
Respecto a la salud psicológica de la comunidad LGBTI, el ministerio tiene un convenio hace muchos años con CRAM [Centro de Referencia Amigable] y CAPA [Centro de Atención en Psicología Afirmativa LGBTI]. Una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue que ellos empezaron a atender a través de la virtualidad, además de la atención presencial. Trabajan en atención psicológica directa a las personas de la comunidad LGBTI. CAPA, en el Mes de la Diversidad, abrió una nueva sucursal en Bella Unión. Es la tercera: la primera está en Salto y después abrió en Paysandú. Habla de la conquista de llegar a todos los rincones del país con este servicio, que para nosotros es fundamental. También están capacitando a 120 psicólogos de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado]. Es una línea de trabajo que desarrollamos este año; ellos sensibilizan en materia de diversidad sexual a profesionales de la salud pública de primer nivel de atención. Hicieron cuatro instancias en Montevideo y ahora se hacen las otras a nivel virtual para todos los profesionales que están en el interior del país.
Las personas de la comunidad LGBTI sufren un montón de tipos de discriminación en la cotidiana y de muchas barreras personales para poder desarrollar todo su potencial en distintos ámbitos de la vida. En ese sentido, la salud psicológica para nosotros es una primera necesidad. Muchas veces la persona, sea cual sea su condición de género u orientación sexual, asiste a una consulta y se encuentra con perfiles profesionales que no tienen la sensibilidad requerida para poder trabajar en la temática, para poder conectar con las necesidades reales de esa persona. Por eso trabajamos para que la mayor cantidad de profesionales posible tenga la sensibilidad correspondiente para atender a nuestra población.
¿Perciben que la situación de las personas LGBTI es distinta en los departamentos del interior?
Se ven circunstancias de todo tipo. En Montevideo y el área metropolitana tenemos un porcentaje mucho mayor de personas trans. Lo sabemos por la distribución que tiene, por ejemplo, la Tarjeta Uruguay Social para personas trans. En el interior del país hay muchísimas personas trans, pero están más dispersas, entonces la focalización es mucho más difícil de concretar. Hay diferencias porque también las demandas son diferentes. Si te ponés a pensar, el acceso a derechos en zona metropolitana, a veces, por una cuestión de facilidad y cercanía, es más sencillo de lo que puede ser cuando uno está más aislado. Es lo que les pasa muchas veces a las personas LGBTI en el interior. Por esto es fundamental el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que tiene como uno de los objetivos de este año la descentralización. La primera actividad del Mes de la Diversidad fue la primera sesión del consejo de manera descentralizada en Colonia, el único departamento que al momento tiene consolidado su Consejo Departamental. En el resto de los departamentos impulsamos a la sociedad civil y a todos los organismos e incisos del Estado a que puedan conformarlos. Son muy necesarios. A nivel nacional se trabaja, pero, para la descentralización, que existan Consejos Departamentales es fundamental.
Representantes de la sociedad civil plantean que es necesario que los organismos responsables de las políticas públicas, en todos los niveles, aseguren la inclusión de las personas trans a lo largo de su vida educativa. ¿Se está realizando algún plan en este sentido?
Este año pusimos en acción un convenio con Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al cual después se pliega también UTU con un convenio paralelo, que es para varones y mujeres trans que hayan desertado del sistema educativo por los obstáculos que conocemos, como la discriminación y los prejuicios. Como Estado tenemos responsabilidad y trabajamos para poder reinsertar a las personas trans en el sistema educativo. Este convenio se aborda con una ECA [entidad de capacitación], una institución de educación que es contratada por Inefop, y en este caso la que ganó el concurso de postulaciones fue El Abrojo, que tiene una vasta trayectoria en la materia. Ellos realizan una entrevista a la persona para conocer cuál fue su trayectoria educativa. Si no terminó ciclo básico, se le ofrece -mediante convenio con UTU- la posibilidad de culminarlo a través de una perspectiva de competencias y no desde el abordaje de la currícula exigente, que hace que muchas personas trans no puedan tener el ciclo básico aprobado y tampoco puedan presentarse a los llamados públicos cuando se aplica, a través de la Ley Integral para Personas Trans, el 1% de cupo. Además, si la persona culminó el ciclo básico y tiene interés de reforzar otros saberes, tienen la posibilidad de realizar cursos específicos de formación de Inefop.
La ECA los fortalece en lo que son las competencias transversales: cómo realizar un currículum y todo lo que refiere al conocimiento de sus propios derechos en materia laboral. Obviamente abordan la Ley Integral para Personas Trans, que transversaliza todo este trabajo que realizamos. Esto se da solamente en Montevideo y Canelones. Es un proyecto piloto, es el primer año que se realiza y, conforme a la demanda que se tenga, luego se va a replicar en el resto del país. Las inscripciones están abiertas.
Con respecto a la Ley Integral para Personas Trans, ¿cómo observás su cumplimiento, cuáles son los principales reclamos que llegan al departamento y cómo se hace el respectivo seguimiento?
Es una ley bastante joven. Se están dando un montón de movimientos para tratar de ponerla en ejecución, pero hay un montón de cuestiones que todavía no están resueltas y no se están logrando llevar a la práctica efectivamente como se establece por ley. En materia específica de salud, que es uno de los planteos que frecuentemente tenemos, se está trabajando muchísimo. Este año, el Consejo Nacional se reunió con la Junasa [Junta Nacional de Salud] por el tema de los prestadores privados de salud, que muchos de ellos no cumplen con las prestaciones que se designan por la ley. Existen allí algunas trabas de carácter administrativo y muchas otras que conocemos. Muchos usuarios, en algunas mutualistas específicas, realizaron reclamos, que llegan al Consejo Nacional; los colectivos los ponen en expresión. Esperamos poder tener una nueva reunión con la Junasa. La sociedad civil hace un gran trabajo, es muy importante destacar su labor en poder recabar información. En la última reunión con la Junasa se estableció que íbamos a intentar establecer, junto con la sociedad civil, un mapeo para conocer cuántas son las operaciones o denuncias concretas que están planteadas. La idea es tener un conocimiento más profundo.
El último informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil mostró que en 2021 ingresaron sólo nueve personas trans a cinco organismos del Estado, lo que representa un 0,036%. La ley establece que 1% de los puestos de trabajo de la administración pública debe destinarse a personas trans.
Existen varias aristas de esta problemática. El Consejo Nacional de Diversidad Sexual ya tuvo reuniones con la Oficina Nacional de Servicio Civil y se estableció una mesa de trabajo conjunto. En paralelo, el Mides también trabaja con la oficina y, en esta materia, se logró avanzar en la capacitación de los tribunales, que es una gran barrera que tenemos. Estamos trabajando para formar a los funcionarios públicos que conforman los tribunales para que tengan la sensibilización pertinente y la información sobre la ley para personas trans y así poder dar el debido cumplimiento. Este año se incrementaron muchísimo las consultas que llegaban al departamento por parte de diversos organismos del Estado.
En el orden del día de próximas sesiones del Consejo Nacional de Diversidad Sexual tenemos la constitución de una circular que especifique a los organismos del Estado cómo realizar la aplicación [del cupo]. ¿Qué pasa? El 1% es muy bajo realmente. Entonces, los organismos del Estado, que a principio de año deben plantear cuál es su planificación, ya deben de tener contemplado el porcentaje. La ley establece, además, la existencia de un espacio de charla-taller para que los postulantes puedan acceder al conocimiento de sus propios derechos. Esos talleres se están desempeñando. Vamos con estas líneas de trabajo; nos queda muchísimo por avanzar, pero estamos en el camino y venimos trabajando hace mucho tiempo.
¿El departamento pone el foco en las infancias?
No trabajamos con las niñeces. Los colectivos de la sociedad civil son los que constantemente asesoran en cómo se deben abordar las distintas temáticas. Nosotros estamos permeables, escuchando y aprendiendo de todo lo que nos van indicando, de cómo es el proceder. Respecto a lo que la ley refiere, hay determinados puntos a los que debe darse cumplimiento y acompañamos el asesoramiento.
El próximo año se hará el censo nacional y comentaste que están trabajando con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Va a ser la primera edición del censo nacional donde se va a incorporar, como establece la ley, la pregunta de identidad de género con su correspondiente categoría de respuesta. El equipo de trabajo del censo ha convocado a todas las instituciones y, en particular, fue convocado por el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, porque algunos colectivos no habían participado de las instancias. Surgió el planteo y se llamó al INE. Se acordó que los colectivos que no habían hecho sus propuestas específicas lo iban a hacer, se está en ese proceso de gestión, sobre todo para las categorías de respuesta. Desde una perspectiva más sociológica, si bien la pregunta está establecida por ley, después las categorías de respuesta generan varios problemas a nivel metodológico que se tienen que ir resolviendo para lograr visibilizar todas las identidades. Nosotros hicimos una propuesta muy fuerte al inicio del proceso del censo. Ahora está en construcción. Si nosotros no tenemos conocimiento de cuántas personas de las diferentes identidades, pero particularmente de cuántas personas trans tenemos en diferentes lugares del país... Ese dato es de suma relevancia porque es el que ayuda a gestionar la política pública. Esto que hablábamos al principio: ¿la descentralización cómo se trabaja? Necesitás conocer los números.