Los casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes vienen en aumento sostenido desde 2019. Mientras que ese año el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) registró 240 situaciones, en 2022 detectó 529, de las cuales 167 corresponden a nuevos casos. Frente a este panorama, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) comenzó a delinear acciones específicas en la temática. Entre ellas, la inauguración este año del primer centro de atención 24 horas para adolescentes víctimas de explotación sexual.
El presidente del INAU, Pablo Abdala, contó a la diaria que la propuesta fue presentada ante el directorio del organismo por integrantes del Conapees ante la “necesidad” de “mejorar los servicios de atención y de respuesta a las víctimas” de este tipo de violencia. En concreto, propusieron a las autoridades crear un “dispositivo especializado” para la atención de adolescentes en esta situación enfocado en la “etapa inmediatamente posterior a cuando se detecta el caso de explotación sexual”, explicó el jerarca.
Abdala señaló que cuando se constata una situación de explotación sexual “surgen dos grandes desafíos inmediatos”. Por un lado, la protección y contención de las víctimas y, por el otro, el inicio de la “etapa de judicialización” del caso con la identificación de los culpables y colaboración con la Justicia, entre otros aspectos. En ambas instancias es necesaria una atención calificada, especializada y que actúe rápidamente. Ese es, entre otros, el objetivo de este nuevo servicio, específicamente en los casos en los que las víctimas deben permanecer a cargo del INAU por falta de contención familiar.
Actualmente, las y los adolescentes que atravesaron situaciones de este tipo y que deben ser institucionalizados son derivados a centros de atención “especiales no especializados” de 24 horas, es decir, “hogares comunes” que reciben a niñas, niños y adolescentes por diferentes causas, dijo Abdala. El jerarca explicó que si bien las víctimas de explotación sexual reciben “mucha atención” en estos establecimientos, el equipo técnico debe “repartirse” en atender las diferentes situaciones que atraviesan las niñas, niños y adolescentes a cargo del organismo.
Además, Abdala sostuvo que la “evidencia empírica” demuestra que la convivencia entre víctimas de explotación sexual y niñas, niños y adolescentes que no han sufrido esta forma de violencia no es “favorable” para ninguno de los grupos. “No ayuda a mejorar la integración de esas y esos adolescentes víctimas de una situación de extrema violencia, que están en realidades distintas y en contextos distintos por razones coyunturales y que hay que superar rápidamente”. “El propósito de este centro es que las y los adolescentes que son víctimas de explotación sexual puedan retomar su vida con total normalidad y lo más pronto posible; eso requiere apoyo y acompañamiento cuando están dentro del sistema y también cuando egresan”, manifestó.
Características del centro
El nuevo establecimiento tendrá una capacidad de atención para 20 adolescentes de entre 13 y 18 años, de los cuales 15 serán residentes y cinco “en contexto” –víctimas que tienen contención familiar y no vivirán en el centro–. El plazo de estadía definido son seis meses, con la posibilidad de una prórroga de hasta tres meses en casos que así lo ameriten, dijo Abdala. El jerarca señaló que el parámetro de edad de la población objetivo se definió a partir de la información difundida por el Conapees en diciembre de 2022. Según los datos del organismo, más de la mitad de las situaciones registradas el año pasado (56%) involucraron a niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 18 años.
De todas formas, el presidente del INAU adelantó que el servicio funcionará con la “elasticidad” característica de todos los programas del instituto. “Si se presenta el caso de una víctima de 12 años y hay una necesidad urgente de darle una respuesta y que sea ingresada en este centro, va a ingresar. Lo mismo puede ocurrir con una víctima de 19 años. Si bien la atención es hasta los 18 años, nosotros muchas veces prorrogamos la asistencia en casos en los que la víctima no está en condiciones de sostenerse sin el apoyo del sistema”, puntualizó.
En relación a la cantidad de cupos definidos, Abdala consideró que “deberían ser suficientes” para un centro de breve estadía, o “por lo menos” representarán una “mejora cualitativa” en la atención y respuesta a las víctimas. No obstante, apuntó que cuando el centro comience a operar se evaluará su funcionamiento y la posibilidad de ampliar los cupos de atención o, incluso, la apertura de una segunda sede. “Probablemente en el futuro necesitemos un segundo centro de estas características”, agregó.
Aún se desconoce en qué departamento del país estará ubicado el establecimiento –la ubicación específica no se comunicará públicamente por razones de seguridad–, pero Abdala aclaró que tendrá carácter nacional. Eso significa que, en los casos en los que se determine el ingreso allí, las víctimas serán trasladadas desde el departamento en donde se encuentren. Para el presidente del organismo, el hecho de que las víctimas sean trasladadas no es algo negativo. Por el contrario, consideró que es una forma de “colaborar” en la seguridad de las y los adolescentes y en la propia reparación del daño.
El proyecto funcionará en el marco de un convenio con una organización de la sociedad civil involucrada en la temática. Para eso, el INAU abrió un concurso de licitación en 2022 y en noviembre pasado cerró el plazo para que las organizaciones interesadas presentaran sus propuestas. Actualmente, están siendo analizadas por la comisión asesora y, cuando termine esa evaluación, el directorio ya estará en condiciones de adjudicar definitivamente la gestión del proyecto, señaló Abdala.
El jerarca detalló que en el proceso de selección se priorizarán los “antecedentes” de las organizaciones, así como la formación del equipo de profesionales, los programas y la metodología de trabajo, entre otros aspectos. “La idea es que las víctimas no reciban sólo cuidado y protección, sino también que se trabaje con ellas en la reparación del daño, en aspectos vinculados a la salud y a la educación formal y no formal”, afirmó.
Una vez que se concrete ese paso, la organización seleccionada tendrá un plazo de 60 días para el acondicionamiento del espacio físico donde funcionará el centro, el equipamiento del local y la apertura. Aunque parece que falta mucho para que finalice el proceso, Abdala dijo que espera que el centro esté en funcionamiento entre marzo y abril de este año.
Si bien todavía se desconoce cuál será la inversión total del proyecto, Abdala dijo que el INAU invertirá de forma directa alrededor de 25 millones de pesos por año para el financiamiento de los cupos.
Distintos programas
“Este será un dispositivo más de los muchos que el INAU tiene en cuanto al tema de la explotación sexual”, afirmó Abdala. El jerarca señaló que el instituto ya cuenta con nueve “centros de proximidad” para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia basada en género y generaciones, distribuidos en siete departamentos: Cerro Largo, Durazno, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha y Salto. Además, adelantó que hay un llamado abierto para abrir dos centros más de este tipo, uno en Artigas y otro en San José.
En los departamentos en los que no existen estos “centros de proximidad”, el INAU trabaja en coordinación con las organizaciones El Paso y Gurises Unidos, a través de los “equipos itinerantes”, es decir, “equipos técnicos que concurren al territorio”, aseguró Abdala. En relación a estos convenios, sostuvo que en 2022 el INAU decidió rescindir esos contratos y abrió un llamado –que está en curso y al que se presentaron estas mismas organizaciones– para renovarlos con nuevos requisitos, como que los “equipos técnicos tengan anclaje territorial”, no sólo por la “inmediatez en la respuesta y atención”, sino para que las y los técnicos tengan “mayor conocimiento del contexto y el entorno” de las víctimas. Aclaró que, mientras esos nuevos convenios no están en marcha, se mantienen los anteriores.
El objetivo de este programa es “brindar una atención integral” a niñas, niños y adolescentes víctimas de situaciones de maltrato, abuso sexual, explotación sexual y/o trata a través del diseño de estrategias individuales en función de la situación específica de cada víctima y las características de su entorno comunitario y familiar, explicó Abdala. Por ejemplo, se toma en cuenta si la víctima tiene “referentes afectivos” fuera del sistema o no, algo que el jerarca calificó de “un elemento determinante a la hora de elaborar precisamente un plan de reparación del daño”.
En la misma línea, Abdala contó que el INAU cuenta con 32 comités en todo el país para la “recepción y canalización de denuncias” de situaciones de violencia en los que trabaja junto al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) y a través de los cuales también se realizan “tareas de sensibilización” en el territorio.
Asimismo, el presidente del instituto dijo que el Sipiav trabaja en “dispositivos de reparación del daño” que, aunque no son específicos sobre explotación sexual, abordan este tipo de casos. “Tenemos dispositivos de reparación del Sipiav en Artigas, Maldonado y Florida. Además, en los próximos días se firmará un convenio con la Administración de los Servicios de Salud del Estado y la Intendencia de Treinta y Tres para abrir uno nuevo allí”, señaló.
Por otra parte, Abdala recordó que en febrero de 2022 el INAU realizó un llamado para contratar a 13 inspectoras e inspectores de espectáculos públicos con el objetivo de brindar una “mejor respuesta” en la prevención y atención de situaciones de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en distintas localidades. Sobre este punto, el presidente del organismo dijo que las y los profesionales seleccionados se están incorporando de “forma progresiva” y afirmó que “todos estarán en funciones antes de finalizar esta temporada”.
A modo de ejemplo, Abdala mencionó que el jueves pasado, en la última reunión del directorio, se “impuso” la incorporación definitiva de un nuevo inspector en Paysandú y otro en Rocha. En tanto, en Maldonado los dos nuevos inspectores que se incorporarán al equipo de trabajo ya realizaron su capacitación y participaron en 45 inspecciones en espectáculos públicos en el departamento entre el 15 de diciembre y 15 de enero, donde constataron “algunas situaciones” de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Además, el jerarca dijo que el INAU, en coordinación con el Conapees, está trabajando en la redacción del nuevo Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. “El documento está en estado de borrador, pero ya está siendo sometido a la aprobación de los distintos actores y organismos que integran el Conapees”, dijo Abdala. “Es un plan de cinco años, entre 2023 y 2028, y con cinco ejes básicos: sensibilización, formación y capacitación, fortalecimiento institucional, abordaje y respuesta de los servicios, y generación de conocimientos”, manifestó.
Una sociedad “más violenta”
En línea con las acciones para hacer frente al incremento de situaciones de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, el INAU busca una forma de explicar cuáles son las causas detrás de este aumento. Abdala dijo a la diaria que es “muy difícil” explicar qué es lo que ocurre y adjudicarlo a una única causa. “Es un fenómeno de una enorme complejidad. Sin dudas asistimos a un incremento de casos, pero hay que hacer una primera distinción o salvedad que es que, entre otras cosas, los números también reflejan la mayor identificación de los casos y la constatación de las situaciones de explotación”, señaló.
Asimismo, dijo que a partir de la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004 y la creación del Conapees ese mismo año y del Sipiav en 2007, la sociedad asiste a un cambio cultural que ha permitido una mayor denuncia y registro de casos de este tipo de violencia. “Creo que esos hitos van pautando un proceso saludable en relación a un fenómeno muy complejo y negativo que es el de la violencia y la explotación. Considero saludable que la sociedad haya instalado el tema, lo haya reconocido, haya establecido dos subsistemas como el Conapees y el Sipiav, haya creado registros y, por lo tanto, esté abordando los casos y dándoles respuesta”, apuntó.
No obstante, Abdala sostuvo que “desde luego” la violencia hacia niñas, niños y adolescentes “se ha incrementado” en los últimos años y que ese factor también influye en los casos de explotación sexual. En ese sentido, dijo que “vivimos en una sociedad que cada vez es más violenta y que manifiesta esa violencia de formas muy diversas hacia niñas, niños y adolescentes, que a mi juicio son las víctimas más indefensas de todas porque tienen más limitaciones o dificultades para defenderse, pedir ayuda y expresarse”.