Una delegación encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, y la subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, compareció este viernes ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, con el objetivo de informar qué medidas adoptó el Estado uruguayo para garantizar los derechos de las mujeres con base en las recomendaciones que hizo el organismo en 2016. El comité es el órgano de expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que Uruguay ratificó en 1981.
En aquellas recomendaciones formuladas hace siete años, el organismo señaló entre otras cosas la necesidad de “superar las actitudes patriarcales y estereotipadas basadas en género en relación con el rol y la responsabilidad de las mujeres y los hombres” en todos los ámbitos de la vida, “evaluar la accesibilidad a los servicios de protección y asistencia a las víctimas de la violencia basada en género”, y “considerar la aprobación de un sistema de paridad de géneros para alcanzar una mayor representación de las mujeres en la vida política y pública”.
La encargada de presentar el informe con el estado de situación del país fue la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, que explicó que el trabajo del Estado en estos años estuvo centralizado en el Consejo Nacional de Género y delineado en cuatro líneas estratégicas, que “coinciden con los señalamientos” del Comité Cedaw: mejorar, aumentar y profundizar la prevención y respuesta a la violencia basada en género; promover la autonomía económica de las mujeres, con especial atención en los cuidados y el reconocimiento del trabajo no remunerado; promover la participación de las mujeres en las instancias de decisión política; y territorializar las tres líneas anteriores.
Sobre la violencia de género, Bottero dijo que “se logró incrementar el presupuesto y la implementación de varias herramientas creadas” en la Ley 19.580. De todas formas, reconoció que su implementación “exige mayores esfuerzos presupuestales”.
Por otra parte, destacó que se creó una división especial de Inmujeres centrada en la autonomía económica de las mujeres y se puso en marcha un programa de fortalecimiento para líderes políticas. Acerca de la última línea estratégica, Bottero lamentó que no haya habido “un consenso en el ámbito político que permitiera aprobar una medida afirmativa de paridad de los cargos electivos”, aunque celebró que se esté discutiendo en el Senado el proyecto que presentó la nacionalista Gloria Rodríguez en 2021. Al mismo tiempo, afirmó que “la ausencia o subrepresentación evidente de las mujeres en las listas de los partidos, e incluso de las fórmulas presidenciales, ya no es aceptada por el electorado en Uruguay, que en las encuestas específicas al respecto se ha mostrado ampliamente proclive a elegir a más mujeres”.
Después fue el turno de la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Jimena Fernández Bonelli, que planteó ocho puntos que el organismo ve con “preocupación”. El primero tiene que ver con la ley de violencia de género, “una norma integral con un gran potencial, pero que no ha logrado su plena aplicación tanto por la falta de recursos económicos como por las resistencias y la falta de articulación para su implementación”, apuntó Fernández Bonelli.
En segundo lugar, abogó por “reforzar” el rol del sistema educativo y del sistema de salud para la detección temprana de situaciones de violencia, lo que implica “ampliar la cantidad de grupos interdisciplinarios, fortalecer la educación sexual integral, transversalizar la perspectiva de género en la currícula educativa, mejorar la aplicación y seguimiento de metas prestacionales de salud, y fortalecer la red de equipos en los diferentes prestadores de salud sean estos públicos o privados”.
La presidenta de la INDDHH también aseguró que los servicios de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia “siguen siendo insuficientes, especialmente fuera de las capitales departamentales y para la atención de mujeres en condición de vulnerabilidad”. En cuanto al acceso a la Justicia, dijo que “la falta de presupuesto limita la posibilidad de incrementar la cantidad de fiscalías, la disponibilidad de técnicos y técnicas en la Unidad de Víctimas y Testigos [de Fiscalía], la creación de los juzgados especializados y la designación de asistencia jurídica gratuita especialmente fuera de la capital del país”. Y recalcó que “persisten debilidades” para atender violencias específicas, como la laboral, la obstétrica, la basada en orientación sexual e identidad de género, así como la institucional.
También cuestionó la “aplicación minimalista de las leyes de cuotas tanto en número como en posición” y alentó la aprobación de los proyectos de ley sobre paridad a estudio en el Parlamento, como ya había manifestado el organismo en un informe de opinión emitido en julio.
Tras este primer pantallazo, las expertas del comité plantearon preguntas y pidieron respuestas sobre temas específicos, de acuerdo a cada uno de los artículos que establece la Cedaw. El foco, en líneas generales, estuvo en violencia de género, acceso a la Justicia y paridad.
Acceso a la Justicia
La experta Yamila González Ferrer fue la encargada de realizar las consultas vinculadas con violencia de género y acceso de las mujeres a la Justicia. En esa línea, dijo que uno de los elementos que se destacan en el informe presentado por el Estado es la “transformación” de los juzgados especializados en violencia de género tanto en el interior como en Montevideo, ya que “informaciones recibidas llaman la atención sobre la escasez de recursos para implementar la ley”, además de que “en la práctica las herramientas de Justicia especializada se concentran en la capital del país y en los restantes departamentos no existen, y las sedes competentes se encuentran desbordadas de trabajo y con muy escasos equipos técnicos”.
Así, pidió al Estado uruguayo que especifique qué medidas está tomando para garantizar el acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia en todo el territorio nacional, cuál es el presupuesto para la implementación adecuada de la ley y cómo marcha la creación de los juzgados especializados en los departamentos donde aún no se han creado.
Bottero se limitó a responder que se crearon dos juzgados especializados, uno en San Carlos (Maldonado) en febrero de 2022 y otro este mes en la ciudad de Salto, a la vez que anticipó que se prevé la inauguración de otros dos juzgados en Rivera para diciembre. El prosecretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, Juan Pablo Novella, complementó que, además, se proyecta para el año que viene “el inicio de obras de cara a la instalación de juzgados especializados en la materia” en Montevideo. Por su parte, la fiscal Adriana Sampayo dijo que hoy en día existen ocho fiscalías especializadas en violencia de género en Montevideo y a partir del 1º de enero de 2024 comenzarán a funcionar dos más, creadas en la Rendición de Cuentas de este año.
Más adelante, la experta del comité consideró que si bien “ahora mismo han creado un grupo de juzgados en localidades en el interior del país, eso todavía no cubre todas las necesidades” y “todavía hay mujeres que pueden estar en una situación en la que no pueden acceder”. En ese sentido, volvió a preguntarle a Bottero “cómo organizan el presupuesto para la implementación integral de la ley de violencia de género”. La directora de Inmujeres respondió que la Ley 19.580 “es en sí misma una guía de construcción de presupuesto porque en sus diferentes secciones da lineamientos de política pública en materia de educación, vivienda, salud, en procedimientos jurídicos, en cómo se organiza la interinstitucionalidad del Estado”.
González Ferrer también consultó en qué estado se encuentra la denuncia que realizaron 28 ex presas políticas en 2011 por violencia sexual durante la dictadura y señaló que “sólo un militar fue procesado por privación de libertad”, mientras que “no hay ninguna acusación por los delitos de tortura o violencia sexual como crímenes humanos”.
Sobre este punto, Novella dijo que los imputados están “en diferentes etapas procesales, algunos en presumario, otros han sido procesados y otros condenados”, y detalló que la jueza de la causa le informó que tiene previsto convocar a audiencia de declaración a 13 de los imputados para el mes de diciembre.
Respuestas a la violencia
Bottero también mencionó varias iniciativas que puso en marcha Inmujeres para dar respuesta a la violencia de género y alentar a las mujeres a denunciar, como reforzar la atención del servicio telefónico 0800 4141. Dijo además que “se pudo conseguir un 50% de aumento en el presupuesto del sistema de respuesta”, que implica más de 650 horas de atención de los equipos especializados de atención psicosocial y patrocinio legal en los 35 centros de atención de todo el país. Al mismo tiempo, destacó que “se aumentaron los equipos de atención a varones agresores con tobillera y “se han hecho campañas masivas en todo el país” para que “la información y los servicios públicos sociales lleguen cada vez de mejor manera”.
Angelina Ferreira, que está al frente de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI), destacó que existen 56 comisarías especializadas en violencia doméstica y de género con funcionariado capacitado “en materia de género y discriminación”, y recordó que la cartera cuenta con canales de denuncia “presenciales, en línea mediante la página web”, además de una línea específica para denunciar casos de trata y explotación de personas en Crimen Organizado e Interpol. A esto se suma el teléfono 911, para casos de emergencias, y su respectiva app.
Explotación sexual y trata
Por su lado, la experta Rangita de Silva de Alwis reconoció que Uruguay ha tenido avances en el abordaje de la explotación sexual y la trata de personas, sobre todo a partir de la aprobación de la ley de trata en 2018 y la creación posterior del Consejo Nacional para la Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de personas. Sin embargo, apuntó que, “a pesar de estas nuevas políticas e instituciones, Uruguay recibe muchas críticas en la región por su baja tasa de condenas por trata”.
La encargada de responder fue la fiscal Sampayo, que dijo que en 2020 se iniciaron 23 investigaciones sobre trata de personas; 19 en 2021, 18 en 2022; y, en lo que va de 2023, fueron 22. Aclaró que en muchos casos están nucleadas “varias potenciales víctimas de trata” en una sola investigación.
Por su parte, el prosecretario de la Suprema Corte aseguró que en 2021 hubo cinco condenas por el delito de trata de personas y en 2019 fueron dos.
En tanto, Ferreira dijo que el MI “adoptó medidas para reforzar los mecanismos de investigación de casos de trata capacitando funcionarios” sobre este delito que, según señaló, afecta particularmente “a mujeres afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas”. También resaltó que con la creación de la Unidad de Cibercrimen este año “se ha fortalecido el combate a la trata de personas en el entorno digital”.
Camino de obstáculos hacia la paridad
Dos de las expertas del comité se refirieron con preocupación a la participación política de las mujeres y al desafío de la paridad. Hilary Gbedemah preguntó “por qué el proyecto de paridad tiene tantas resistencias” y Rosario González Manalo recordó que Uruguay es de los países de la región “con niveles más bajos” de participación política de las mujeres. En ese sentido, dijo que “es necesaria legislación que contrarreste” esta realidad y consultó qué medida tomará el Estado para lograr la paridad en todos los ámbitos políticos.
Bottero dijo que “la paridad es un concepto que cuesta promover” y que el país está “en pleno trabajo de cambio cultural respecto a esto” para que se entienda que “establecer sistemas de paridad en un país” contribuye a “la mejora de las condiciones de vida de toda la ciudadanía”. “Sabemos de otros países donde se impone la paridad pero después en lo sustancial es simplemente llenar un espacio con mujeres. En otros, las mujeres comprometidas con los temas de género los vamos llenando y estoy convencida de que pronto vamos a alcanzar la paridad en algunos sectores, porque la lógica de los hechos lo va así generando”, agregó.
Más jerarquía del órgano rector
En otro apartado, la experta Esther Ghobamien-Mshelia preguntó concretamente qué políticas existen para “actualizar el Inmujeres a nivel de gabinete y mejorar su autonomía, autoridad y jerarquía para poder ofrecer la supervisión necesaria” en la incorporación del género en distintos sectores.
En respuesta, Bottero dijo que aumentar el rango del instituto “ha sido una larga una larga lucha de las mujeres comprometidas con este tema desde la sociedad civil y desde el gobierno, incluso desde la academia”, y recordó que “también desde los organismos internacionales se le ha solicitado Uruguay muchas veces”.
A la vez, dijo que en estos últimos tres años hubo una “mejora” porque pasó de ser una dirección nacional dependiente de un ministerio a unidad ejecutora, “lo cual le permite tener un presupuesto propio”. “Si nos preguntan si es suficiente, sabemos que no”, agregó, y adelantó que con el apoyo de ONU Mujeres se hizo una propuesta para “generar una secretaría presidencial”, que describió como “una forma intermedia de llegar a un ministerio”, algo que “aún está a consideración”.