Senadoras y senadores del Frente Amplio (FA) ingresaron el martes a la cámara alta un proyecto de ley que propone modificar el artículo 91 del Código Civil para aumentar la edad mínima requerida para contraer matrimonio a los 18 años, de acuerdo con el texto legislativo, al que accedió la diaria. La iniciativa plantea que esta disposición sólo podrá tener como excepción aquellos casos en los que un juez o una jueza lo autorice por motivos fundados –como, por ejemplo, el consentimiento de los progenitores– y únicamente para personas mayores de 16 años.
La normativa que rige desde 2013 establece que la edad mínima para casarse es de 16 años y no especifica límites para quienes tengan menos de 18 años si presentan el consentimiento expreso de los padres. Antes de 2013, la edad mínima para casarse en Uruguay era de 14 años para los niños y 12 para las niñas.
En la exposición de motivos, quienes impulsan el proyecto aseguran que, aunque las personas que tienen permitido casarse en Uruguay sean adolescentes de 16 y 17 años, se trata de “matrimonio infantil”. Se basan en las definiciones utilizadas en los informes de los comités y mecanismos de Naciones Unidas que buscan velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales de derechos humanos, que plantean que el matrimonio infantil es “aquel en el que al menos uno de los contrayentes es un niño o niña”. Y agregan que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”.
Por otro lado, la exposición de motivos recuerda que “actualmente existen varias observaciones de organismos y mecanismos de derechos humanos a Uruguay por el matrimonio infantil, entre ellos los elaborados por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño, que datan de 1996 y se extienden hasta el último Examen Periódico Universal en 2019”. En esa línea, apunta que “Uruguay debe demostrar que es un país con una cabal comprensión de la problemática social que ocasiona el matrimonio infantil y las uniones tempranas, y comenzar a caminar junto a la comunidad internacional en la eliminación de esta forma de violencia contra niñas y adolescentes”.
En 2016, el FA ya había presentado una iniciativa que iba en este mismo sentido y en 2019 llegó a discutirse en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero no llegó a salir de este ámbito y, al terminar el período, quedó automáticamente archivada.
La senadora frenteamplista Silvia Nane, una de las principales impulsoras del nuevo proyecto, adelantó a la diaria que, esta vez, la idea es que se trate en la Comisión Especial de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado, “que ahora tiene potestades legislativas porque es una comisión permanente”.
La legisladora cuestionó que el Instituto Nacional de las Mujeres “no lo tiene como un tema” a trabajar, el Instituto del Niño y el Adolescente “no lo incluye dentro de las políticas públicas” y tampoco es una problemática que se aborde en las políticas orientadas a prevenir los embarazos adolescentes o a erradicar la explotación sexual. “Entonces, ¿desde dónde una puede aportar en lo legislativo? Desde la norma [...] Tenemos clarísimo que no es solamente esto, pero alguna señal por parte del Estado tiene que empezar a haber, porque no es un tema trivial. Si vos me decís que nosotros estamos en un porcentaje ínfimo de uniones tempranas, todo bien, pero no es el caso”, apuntó.
Una cuestión de género
Lejos de ser una práctica anticuada y vetusta, que sólo pasaba en la época de nuestros tatarabuelos, las uniones tempranas siguen siendo una realidad en Uruguay. Los datos más recientes revelan que, sólo en 2022, al menos 19 personas de menos de 18 años se casaron en nuestro país, según datos del Ministerio de Educación y Cultura recogidos en el último informe anual de Amnistía Internacional, presentado este mes.
Tal como sucede en otras partes del mundo, las más afectadas son las niñas y las adolescentes. De hecho, de acuerdo con información publicada por El Observador, de las 13 personas menores de 18 años que se casaron entre enero y setiembre de 2022 en Montevideo, sólo una pareja estaba conformada por adolescentes y, en otro caso, el varón era adolescente y la mujer mayor. En el resto de las situaciones, todas las mujeres son menores de 18 años y los varones mayores.
Organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos de las infancias alertan desde hace años sobre las consecuencias que tienen las uniones tempranas en la vida de las niñas y las adolescentes. Los distintos estudios que ha realizado Unicef sobre el tema, por ejemplo, advierten acerca de la posibilidad de embarazos no deseados y mortalidad materna, mayores riesgos de vivir situaciones de violencia de género y específicamente violencia sexual, transmisión intergeneracional de la pobreza y una alta tendencia a la deserción escolar, lo que a la vez impacta en la pérdida de autonomía económica.
“Es un tema de género porque afecta en una proporción enormísima a las niñas y por todos los perjuicios que les traen no solamente en el desarrollo personal sino también en el profesional, en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, y en todo lo que pasa cuando vos anclás a una gurisa a las tareas del hogar desde una edad tempranísima, donde lo único que se entiende es que el trabajo de cuidados no remunerado es el único lugar donde puede tener una realización personal”, puntualizó Nane.
El informe Perfil del matrimonio infantil y las uniones tempranas, publicado en 2019 por Unicef, asegura que, en Uruguay, 25% de mujeres de entre 20 y 24 años contrajeron matrimonio o iniciaron uniones libres antes de los 18 años. El mismo documento señala que 58% de las mujeres que se casaron durante la infancia fueron madres antes de los 18 años.
Voces contrarias en el oficialismo
Del lado de la coalición de gobierno, las opiniones son mayoritariamente opuestas a lo planteado en el proyecto impulsado por el FA, aunque diversos legisladores consultados prefirieron no profundizar debido a que no alcanzaron a leerlo. Uno de ellos es Raúl Batlle, del Partido Colorado, que se limitó a decir que, en principio, es contrario a la propuesta porque deja “muy alta la vara” para casarse.
Por su parte, el senador Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto, dijo a la diaria que “es un disparate” la propuesta porque “la madurez sexual de hombres y mujeres es alrededor de los 12 y 14 años” y “no podemos ocultar” que la sociedad “alienta a que los jóvenes mantengan relaciones sexuales”. “Eso naturalmente da lugar a que se cree un vínculo afectivo que no veo razón por la que prohibirles a los jóvenes que contraigan matrimonio. Es más, puede ser que de esas relaciones nazcan hijos, y les estaríamos impidiendo a esos hijos que sus padres puedan contraer matrimonio”, expresó.
El senador Sergio Botana, del Partido Nacional, manifestó a la diaria que le “parece lamentable” que el FA presente “un proyecto de recorte de derechos”. A su entender, es necesario que “los jóvenes participen activamente en todos los ámbitos de la sociedad desde los 16 años” y que no tengan que solicitar permiso a sus padres “ni para trabajar, ni para casarse, ni para administrar bienes ni para nada”. “Si entiende el FA que el casamiento es una mala cosa, que presente un proyecto para prohibir el casamiento, pero no un proyecto para recortar derechos”, sentenció.