El femicidio de Natalia Lagos, la mujer de 23 años que murió después de que su expareja la secuestró, la subió a la fuerza a un auto y luego lo chocó contra el peaje de Soca, es un claro ejemplo de cómo “las mujeres estamos solas ante la violencia que sufrimos”. Así lo aseguró la Intersocial Feminista en un comunicado difundido el viernes en el que resaltó que el femicida es un expolicía que ya tenía una denuncia previa por violencia doméstica por la que incluso debió usar tobillera electrónica y había incumplido una medida de no acercamiento. “Pero Natalia volvió a denunciar durante la feria judicial y la jueza de turno no tiene formación de género, no citó a audiencia inmediatamente y la evaluación de riesgo pasó a formar parte de la larga lista de pendientes de evaluación. Con esa desidia es que no se otorga custodia ni se ordena tobillera”, enfatiza el texto.
La organización señaló que Lagos “no es la única mujer en esta situación a la que se le ha negado la custodia en los últimos meses”, pero que son casos que “se conocen menos porque la presión social ante otros delitos es mayor que ante los femicidios, lo que hace que la utilización de recursos policiales para violencia doméstica sea de lo más resistido por las autoridades, por la alteración que genera en cantidad de funcionarios disponibles para otras áreas”.
Por otra parte, recordó que en diciembre la Ley 19.580 cumplirá seis años, un período en el que fueron asesinadas 184 mujeres, de acuerdo con el registro de Feminicidio Uruguay. La Intersocial Feminista puntualizó que un tercio de estas muertes violentas ocurrieron en Montevideo (32%), mientras que las demás tuvieron lugar en el resto del país, “donde los servicios y la atención a víctimas de violencia de género es más que precaria”. Planteó el ejemplo de Canelones, departamento en el que en 2022 fueron asesinadas seis mujeres, donde hay “sólo cinco servicios especializados” dependientes del Instituto Nacional de las Mujeres, que funcionan “part time y sólo en oficina”, y “no hay abogadas que acompañen a las víctimas a las audiencias”. Según la organización, este caso ilustra la realidad de todo el país menos de Montevideo, que cuenta con una red de servicios dependientes de la intendencia.
En ese sentido, la plataforma de agrupaciones feministas volvió a recordar que, desde que se aprobó la ley, “no se ha conseguido que en los presupuestos nacionales se le adjudique el presupuesto necesario” y afirmó que “la insistencia del movimiento feminista en adjudicar recursos tiene directa relación con las muertes que no se evitan”. “Si no se hace nada o se hace casi nada para evitarlas, no se evitarán. Y esta es la situación en la que estamos”, advirtieron las activistas.
En esa línea, señalaron a modo de repaso que, “en el período anterior de gobierno, para aplicar la ley se le otorgó $80.000.000 en la Rendición de Cuentas de 2018 y en el actual período de gobierno fueron unos $56.000.000 para tres juzgados de violencia en el interior del país en donde existen 18 departamentos”. Agregaron que, sin embargo, a la fecha, sólo uno de esos juzgados está en funcionamiento, en referencia al de Maldonado, inaugurado a principios del año pasado.
“Como la ley no tiene recursos, los instrumentos que la ley crea para que se actúe oportunamente para evitar el peor final, no funcionan. Si no hay equipos técnicos de evaluación de riesgo presentes en el momento de la denuncia, ¿cómo se van a tomar las medidas adecuadas para la protección? Si esto se hace a ojo del juez/a, a ‘intuición’, ¿cómo no van a equivocarse? ¿Cómo van a actuar los operadores jurídicos dando las garantías si no tienen formación en la materia? ¿Cómo va a actuar oportunamente la Fiscalía si la enorme mayoría de los casos en violencia doméstica los archivan, se desestiman? ¿Cómo va a actuar la Fiscalía si las fiscalías especializadas tienen turno libre cuatro meses después de la denuncia?”, planteó la organización.
En este escenario, las activistas calificaron de “inadmisible” que “frente al mayor problema de seguridad que sufrimos las mujeres”, la respuesta del Estado sea “desconocer la necesidad e impacto que tienen las herramientas legales e institucionales que la Ley 19.580 consagra en su articulado”. Y alertaron: “Si no se destinan recursos necesarios para evitar el sufrimiento en vida y el asesinato, seguiremos contando asesinadas sin que haya ninguna alarma pública”.