En octubre de 2023, una delegación de representantes de distintos organismos del Estado uruguayo viajó a Ginebra para comparecer ante el comité de expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que nuestro país ratificó en 1981. En esa instancia, Uruguay tenía que informar sobre qué medidas adoptó para garantizar los derechos de las mujeres desde las últimas recomendaciones que hizo el organismo en 2016. Las expertas también recibieron informes de organizaciones de la sociedad civil. Una vez que escucharon a todas las partes, el Comité Cedaw presentó sus nuevas recomendaciones, que el Estado debería implementar a lo largo de los próximos ocho años, con más o menos urgencia según el tema.
En el documento, de 16 páginas, el comité destacó el “progreso” a nivel normativo, con la aprobación de leyes como la de violencia basada en género, la que introdujo el femicidio como agravante del homicidio en el Código Penal, la ley contra la trata o la ley trans, entre otras. Sin embargo, las expertas también manifestaron su “preocupación” por los pocos avances e incluso retrocesos que ha habido en algunas áreas: señalaron en particular la necesidad de ampliar la respuesta integral a las víctimas de violencia, garantizar la participación igualitaria en la política, y asegurar que no haya barreras que impidan a las mujeres acceder a servicios de aborto seguro.
Unos meses después de que se presentara ese informe, y en el marco del mes de las mujeres, uno de los grupos de las organizaciones que tomaron la palabra en Suiza realizó una actividad para exponer qué preocupaciones llevaron y empezar a “bajar a tierra” las recomendaciones del Comité Cedaw. “Que no quede como algo que hacen unas señoras en Ginebra y que después no se puede aplicar acá”, insistió la abogada y exjueza Ana Lima, actual coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), que integró esta coalición de la sociedad civil junto con la Colectiva Mujeres, Iniciativas Sanitarias y el Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo.
Violencia de género
Las principales propuestas sobre violencia de género que plantearon las organizaciones incluyen el pedido para que el Estado asigne más “recursos materiales, humanos y de infraestructura” para la implementación de la Ley 19.580, “en particular mediante la creación de un número suficiente de juzgados especializados en violencia de género en todo el país”, explicó Lima. Además, sugirieron que el Parlamento, “en el plazo de un año, apruebe la imprescriptibilidad de los delitos sexuales”, y que “se promueva la capacitación y formación permanente del funcionariado público, especialmente del sistema judicial”.
Por otra parte, la abogada dijo que expresaron preocupación por la ley de tenencia compartida, aprobada en abril de 2023, que enmarcó en un “panorama de retroceso” que también incluye “intentos de derribar la ley de violencia basada en género, de horadar los avances de los derechos de las mujeres bajo la apariencia de denuncias falsas, de mujeres mentirosas, etcétera”, con referencia a propuestas que surgieron en los últimos meses para modificar la Ley 19.580.
Lima dijo que el Comité Cedaw recogió la mayoría de las sugerencias y efectivamente recomendó al Estado uruguayo fortalecer el sistema judicial, incrementar los recursos “humanos, técnicos y financieros” para implementar la ley de violencia basada en género, “intensificar la capacitación obligatoria y continua” del funcionariado y establecer “sin demora” los juzgados especializados en todo el país.
A la vez, las expertas advirtieron sobre el riesgo de que la aplicación de la ley de tenencia compartida “no tome en consideración la violencia de género contra las mujeres en las relaciones familiares en las decisiones judiciales sobre la custodia de los hijos y los derechos de visita”, por lo que sugirieron que, “cuando se resuelven cuestiones relativas a los hijos, debe tenerse en cuenta el contexto de violencia contra la mujer y debe vigilarse estrictamente que, bajo la excusa de aplicar una ley vigente, no se desproteja a las mujeres víctimas de violencia”, explicó la coordinadora de Cladem.
Justicia reproductiva y salud sexual
Con relación al derecho al aborto, las organizaciones plantearon al comité la necesidad de que “se regule el ejercicio de la objeción de conciencia a través de mecanismos de control genuinos y auténticos, de modo de que se garantice la prestación de este servicio”, y que el Parlamento “elimine el requisito de residencia en el territorio nacional durante un año para que las niñas y mujeres migrantes puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”, tal como establece la ley vigente. El Comité Cedaw, en su informe, recomendó a Uruguay “eliminar las restricciones para acceder a los servicios de aborto en condiciones de seguridad”, incluida la consulta obligatoria de asesoramiento con un equipo multidisciplinario y el período de cinco días de “reflexión”, que el organismo calificó de “innecesario desde el punto de vista médico”. A su vez, exhortó a que se “garantice que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal sanitario no impida a las mujeres acceder a servicios de aborto seguro, en particular en las zonas rurales”.
Además, el organismo recomendó “introducir en los planes de estudio de todos los niveles educativos” una educación sexual integral “obligatoria” y “adecuada a la edad”.
Igualdad, no discriminación e interseccionalidad
Rosario de los Santos, integrante de la Colectiva Mujeres, se centró en las recomendaciones vinculadas con la igualdad y la no discriminación, específicamente desde una perspectiva interseccional. En este sentido, dijo que el comité advirtió en su informe por la “limitada aplicación de las leyes y políticas vigentes para abordar las formas intersectoriales de discriminación contra las mujeres”, en particular las “afectadas por la pobreza, las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las migrantes y las lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales”.
Por otro lado, la activista aseguró que el informe presentado por los colectivos señalaba “el retroceso que implicó la desaparición del Departamento de Mujeres Afrodescendientes” de la órbita del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). “Si bien se creó la división de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes dentro del Ministerio de Desarrollo Social, con un presupuesto propio, se diluye y se invisibiliza el interés, la visibilidad y la posibilidad de profundizar en el alcance de las políticas públicas, la rendición de cuentas y selecciona la integralidad de políticas que se proponen abordar la desigualdad”, puntualizó De los Santos, y dijo que, en general, el organismo “también se debilita en su accionar específico, pierde la rectoría de las políticas de género, su articulación con otros organismos públicos, la generación de conocimiento para dar cuenta de cómo se perpetúa la exclusión que sustenta las violencias que se ejercen sobre las mujeres y también sobre las mujeres con las distintas interseccionalidades”.
Ante ese escenario, la coalición de la sociedad civil recomendó que el Inmujeres “se jerarquice como ministerio, con recursos genuinos”. La propuesta fue contemplada por el Comité Cedaw, que finalmente exhortó al Estado a “elevar el rango” del instituto “a nivel ministerial” y asignarle “recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para que pueda coordinar eficazmente todas las políticas públicas para el adelanto de las mujeres y la igualdad de género”, además de “estudiar la posibilidad de reincorporar el Departamento de Mujeres Afrodescendientes con el fin de que exista una perspectiva interseccional de género en las políticas y programas”.
En materia de educación, la integrante de Colectiva Mujeres recordó que “la brecha educativa de la población afrodescendiente es muy importante, y el punto de quiebre históricamente viene dándose a los 15 años”, es decir “que a los 15 años hay niñas, niños y adolescentes que ni siquiera culminaron la formación básica, y sabemos después el impacto que eso tiene en las oportunidades de acceso a empleos de calidad que les permitan atender todas sus necesidades vitales”. Apuntó que en las adolescentes afro, además, “el abandono puede estar vinculado a que el embarazo adolescente es proporcionalmente mayor en la población afro que en la no afro”. Este tema, dijo, está estrechamente ligado a que el Sistema Nacional de Cuidados “no cubre los horarios de los sistemas educativos y no siempre existen redes de apoyo familiar que puedan estar atendiendo en esos espacios complementarios”, lo que “impide que ellas se sostengan en el sistema educativo”.
La activista dijo que las sugerencias fueron tenidas en cuenta por el comité, que en sus recomendaciones incluyó “promover la matriculación, asistencia y permanencia de las niñas y mujeres en la escuela, especialmente en la enseñanza secundaria y superior”, con énfasis en las niñas indígenas, afrodescendientes, en situación de pobreza, con discapacidad, embarazadas y las “madres jóvenes”.
El informe de las expertas sugirió además que el Estado implemente políticas públicas con perspectiva de género “para cerrar las brechas de desigualdad” en el acceso a la educación y a empleos de calidad, que fortalezca los sistemas de control de registro de las trabajadoras en la seguridad social, y que refuerce el Sistema de Cuidados.
Participación política
En año electoral, también cobran importancia las sugerencias que deslizó el comité respecto a la participación de las mujeres en la política. En este punto, y en consonancia con los comentarios de las organizaciones, recomendó al Estado uruguayo “adoptar medidas especiales de carácter temporal” para “garantizar la paridad de género en la representación de mujeres y hombres en los cargos electivos”, tales como “el aumento de las cuotas o los sistemas de límites máximos para las listas electorales de los partidos políticos, con incentivos en caso de cumplimiento y multas en caso de incumplimiento”, así como “la financiación específica de campañas para las candidatas”.
Lima detalló que, en el informe y durante la sesión en Ginebra, las expertas preguntaron “varias veces” a los representantes uruguayos “cómo se va a asegurar que va a haber mujeres en las listas y que, además, va a haber mujeres formadas con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos”, por lo que las multas aparecen como una herramienta útil en ese sentido.
Pese a estas sugerencias, nada indica, por ahora, que se garantizará la paridad de cara a las próximas elecciones nacionales, ya que el proyecto de ley que está a estudio en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado no tiene aún el apoyo necesario para ser aprobado, aunque se espera que haya novedades el próximo 5 de abril.