Ampliar los servicios de atención y asignar más recursos a la ley de violencia de género, entre las nuevas recomendaciones de la Cedaw para Uruguay

El Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) examinó los avances que tuvo Uruguay en los últimos siete años en materia de violencia y desigualdades de género, y emitió nuevas recomendaciones para que el Estado contemple de acá a 2030. El informe se dio a conocer después de que una delegación uruguaya compareciera el 20 de octubre ante el comité, con sede en Ginebra, para informar sobre qué medidas adoptó el Estado para garantizar los derechos de mujeres y disidencias sobre la base de las recomendaciones que hizo el organismo en 2016.

En el documento, de 16 páginas, el comité destaca en particular el “progreso” que implicó la aprobación de distintas “reformas legislativas” desde aquel entonces. Así, menciona algunas de las leyes más emblemáticas sancionadas en este período, como la ley integral de violencia basada en género, la que modificó el Código Penal e introdujo el femicidio como agravante del homicidio en aquellos casos en que una mujer sea asesinada por razones de género, y la ley de cuotas, todas aprobadas en 2017, así como la ley sobre prevención y lucha contra la trata de personas y la Ley Integral para Personas Trans, votadas en 2018, entre otras.

Sin embargo, y pese a la normativa casi ejemplar, el organismo expresa “preocupación” por los pocos avances e incluso retrocesos que ha habido en algunas áreas y presenta recomendaciones, entre las que se destacan la necesidad de ampliar la respuesta integral a las víctimas de violencia de género; garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en la política; y asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia de personal de salud no impida a las mujeres acceder a servicios de aborto seguro.

Más y mejores esfuerzos contra la violencia de género

Si bien el Comité Cedaw reconoce los “esfuerzos” realizados por Uruguay para prevenir y abordar la violencia de género, como la aprobación de la Ley 19.580 o el aumento en 50% de los recursos presupuestarios asignados al sistema de respuesta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), observa “con preocupación” la “prevalencia de la violencia de género, incluidos los femicidios y la violencia doméstica y sexual”, y la “falta de protocolos que tengan en cuenta las cuestiones de género para la investigación de asesinatos por motivos de género, crímenes de odio y otras formas de violencia hacia mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales”. Además, cuestiona “las insuficientes asignaciones presupuestarias para la implementación de la Ley 19.580”, y denuncia que los servicios de atención de Inmujeres cubren “únicamente” a mujeres mayores de 18 años, mientras que los del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) “se limitan a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual”.

En este escenario, una de las primeras recomendaciones que hace el organismo es que el Estado “siga aumentando los recursos humanos, técnicos y financieros asignados a la aplicación de la Ley 19.580” y “amplíe los servicios de apoyo a las víctimas” que coordinan el Inmujeres y el INAU, en particular “aumentando el número de refugios y comités locales de acogida debidamente financiados en todo el país, y velando por que las víctimas tengan acceso a asistencia letrada, pruebas forenses, asesoramiento psicosocial y programas de rehabilitación asequibles y gratuitos”.

A su vez, sugiere que “mantenga y refuerce aún más las medidas preventivas, y enjuicie y condene adecuadamente a los autores de actos de violencia de género”, al tiempo que “adopte protocolos que tengan en cuenta la perspectiva de género para la investigación de los femicidios y otros casos de violencia de género”.

El comité también sugiere “intensificar la capacitación obligatoria y continua de los funcionarios judiciales, los fiscales, la Policía, los funcionarios penitenciarios y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los profesionales de la salud y los trabajadores sociales, en relación con la aplicación estricta de la Ley 19.580, la emisión, el cumplimiento y la supervisión de las órdenes de protección, los procedimientos de investigación e interrogatorio que tengan en cuenta las cuestiones de género y la prestación de servicios adecuados de apoyo a las víctimas”.

Por otra parte, el comité recomienda que Uruguay “establezca sin demora juzgados especializados en violencia de género en todo el país”, garantizando “que cuenten con recursos suficientes y sean accesibles, y que las mujeres tengan acceso a información sobre los recursos jurídicos de los que disponen”. También plantea que el Estado tome medidas para garantizar “la asistencia jurídica gratuita a las mujeres sin medios suficientes en los procedimientos penales, civiles y administrativos relacionados con la violencia de género y la discriminación contra las mujeres”.

En paralelo, encomienda al Estado que destine “más recursos humanos, técnicos y financieros suficientes” para la implementación de la ley de trata de personas y para el Consejo Nacional para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas.

Mayor participación de las mujeres en la política

Aunque el comité valora que hoy en día Uruguay cuente con mujeres en los roles de vicepresidenta y ministra de Economía y Finanzas, cuestiona la “baja representación de las mujeres en el Parlamento y en el gobierno”.

Por eso, en primer lugar, recomienda “adoptar medidas especiales de carácter temporal, como el aumento de las cuotas, establecer la paridad vertical en las listas electorales de los partidos políticos, con incentivos en caso de cumplimiento y multas en caso de incumplimiento; y la financiación específica de campañas para las candidatas mujeres”, con el objetivo de “garantizar la paridad de género en la representación de mujeres y hombres en los cargos electivos de los órganos legislativos nacionales y locales y dentro de las estructuras y en las listas electorales de los partidos políticos”. No menciona particularmente el proyecto de ley de paridad de género que se discute en la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado desde 2021, aunque alude a varias de las disposiciones que contempla.

Otra de las sugerencias es “desarrollar y aplicar medidas específicas como la contratación y promoción preferente de mujeres candidatas, para lograr la paridad de género en la administración pública, el mundo académico, los sindicatos y las cámaras de comercio, en particular en los lugares de toma de decisiones”, así como “seguir fomentando la capacitación de las mujeres políticas y candidatas en materia de campañas políticas, liderazgo y técnicas de negociación”.

Al mismo tiempo, la entidad exhorta a “investigar y perseguir todas las formas de acoso y violencia de género contra las mujeres políticas y candidatas, incluidas la violencia en línea y la incitación al odio, y proporcionar reparación efectiva a las víctimas”.

Menos obstáculos para abortar

En el capítulo dedicado a la salud, el comité señala la “elevada tasa de objeción de conciencia a la práctica del aborto por parte de los médicos” y “el hecho de que las mujeres que desean abortar sigan estando obligadas a someterse a un asesoramiento obligatorio” –en referencia a la consulta con el equipo multidisciplinario– y “a un período de espera obligatorio de cinco días”.

Ante este panorama, recomienda que el Estado “garantice que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal sanitario no impida a las mujeres acceder a servicios de aborto seguro, en particular en las zonas rurales, y exija la remisión obligatoria en caso de objeción de conciencia”. Y que, a la vez, “elimine las restricciones al acceso a servicios de aborto seguro, como el requisito de asesoramiento obligatorio y los períodos de espera innecesarios desde el punto de vista médico, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”.

Por otro lado, sugiere que se “refuerce el acceso de las mujeres a los servicios de salud” en todo el país y “proteja a las mujeres embarazadas de la violencia obstétrica”, además de “reforzar los programas de capacitación de los profesionales de la salud” y “garantizar el acceso efectivo a la Justicia y una reparación integral a todas las mujeres” que atraviesen esas situaciones.

Otras preocupaciones

El Comité Cedaw también emitió recomendaciones vinculadas a temáticas diversas como la educación, el trabajo sexual, la jerarquía del Inmujeres y cuestiones vinculadas a “las relaciones familiares”.

En materia de educación, en particular, sugiere que, ante “la falta de aplicación del Programa de Educación Sexual de 2006”, se introduzca en los planes de estudio de todos los niveles de enseñanza “una educación sexual obligatoria, amplia y adecuada a la edad, que incluya la educación sobre el comportamiento sexual responsable para prevenir los embarazos precoces y las enfermedades de transmisión sexual”.

En tanto, recomienda que se modifique la Ley 17.515 de trabajo sexual “para garantizar una protección adecuada a las mujeres que ejercen la prostitución frente a la explotación y la violencia de género”, en consonancia con lo que establece el proyecto modificativo que está a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes desde diciembre de 2021.

En otro apartado, el comité también propone que se ascienda el Inmujeres a rango ministerial y “se le asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para que pueda coordinar eficazmente todas las políticas públicas y estrategias para el desarrollo de la mujer y la igualdad de género”. Plantea además que se “considere la reinstalación del Departamento de la Mujer Afrodescendiente” dentro del Inmujeres, “con miras a asegurar que las políticas y programas relacionados con los afrodescendientes integren una perspectiva de género interseccional para el adelanto de las mujeres afrodescendientes”.

En lo que tiene que ver con las relaciones familiares, el organismo recomienda al Estado que modifique el Código Civil para eliminar toda excepción a la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio –una cuestión que también está siendo debatida actualmente en una comisión de Senado, a raíz de un proyecto de ley presentado en abril de este año–. Exhorta también al Estado a que “reconozca la igualdad de derechos de todas las mujeres, incluidas las que mantienen relaciones homosexuales, al reconocimiento de la maternidad en los casos de procreación médicamente asistida, independientemente de su estado civil”.

El comité también expresa inquietud por el artículo 4 de la ley de tenencia compartida, aprobada en abril de este año, y por eso pide “que las autoridades judiciales tengan en cuenta la violencia de género contra la mujer en las relaciones familiares al decidir sobre la custodia de los hijos o los derechos de visita”.