El aborto legal en Uruguay es uno de los principales avances de este siglo en materia de derechos sexuales y reproductivos. Fue el resultado de una ley que no se hubiera gestado de no ser por el impulso del movimiento social y las organizaciones feministas que durante años advirtieron sobre los riesgos de la clandestinidad, lo posicionaron ante todo como un problema de salud pública e insistieron en la necesidad de garantizar la práctica en condiciones seguras. Así, se convirtió no sólo en una de las mayores conquistas feministas de las últimas décadas, sino que, al ser el primer país de América Latina en darle un marco legal a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), también se erigió como un ejemplo a seguir en la región.

“Uruguay motivó, estimuló, apoyó y contribuyó a que otros países pudieran transitar por esta lucha”, dijo a la diaria Lilián Abracinskas, directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), dedicada a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. “En la marea verde que hoy transita por el mundo hay un corazoncito naranja que es de Uruguay”, aseguró.

Para la referente, el resultado más “rescatable y resaltable” de la legalización del aborto es que “toda mujer que estuvo dentro de las condiciones que establece la ley vivió su interrupción de embarazo dentro del sistema de salud, atendida por profesionales y accediendo a los mecanismos que le permitieron abortar”. En ese sentido, destacó que contar con servicios legales de aborto es “una garantía para los niveles de salud del país” y también en términos “de los derechos de las personas para decidir”. Otro de los efectos que generó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es que “hoy se puede hablar abiertamente de aborto”. “Hoy no es un crimen dar información sobre aborto, no es un crimen que puedas explicitar en un servicio de salud que te estás enfrentando a un embarazo que no querés sostener y que lo querés interrumpir, y esto es un cambio enorme”, resaltó Abracinskas.

“Es una de las grandes conquistas en materia de derechos humanos de nuestra historia reciente”, resumió en tanto la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay, Lucía Pérez Chabaneau.

A todos estos cambios positivos se suma que, en definitiva, “no estás delinquiendo”, agregó la politóloga Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista. “Estás haciendo algo en el marco de la legalidad y, además, se te está asegurando que esto no te provoque otros problemas de salud”, puntualizó a la diaria. Pese a que los cambios y los avances son indiscutibles, las organizaciones de la sociedad civil coinciden en que, 11 años después de su aprobación, la ley quedó “vetusta” y debería ser revisada para actualizar algunas de las disposiciones. Como resumió la directora de MYSU: “Lo que logramos en Uruguay en su momento fue vanguardista, pero nos quedamos rápidamente rezagados”.

Lo que hay que mejorar

Todas las fuentes consultadas para esta nota coincidieron en que los plazos que establece la ley –hasta las 12 semanas de embarazo y 14 en caso de violación– son uno de los elementos a rever, ya que “se vencen rápidamente”. Recordaron en ese sentido que en los últimos años se aprobaron leyes en otros países que “superan ampliamente esos plazos”, como la de Argentina, que establece como límite las 14 semanas, o la de Colombia, que hizo historia el año pasado al despenalizar la práctica hasta la semana 24.

González hizo especial hincapié en el plazo para los casos de violación y dijo que, de hecho, lo que establece la ley de IVE marcó un “retroceso” respecto de la normativa anterior, ya que “antes no estaba estipulado el aborto por violación en este país, era una de las causales que estaba permitida desde hacía décadas, y [con la ley] se implantó hasta las 14 semanas, y eso sí es muy grave, porque los procesos que viven las mujeres que sufrieron violaciones y embarazos consecuencias de las violaciones no tienen nada que ver con esos tiempos”. “Estás condenando a una mujer a parir al hijo del violador en muchas circunstancias o a recorrer un camino clandestino”, enfatizó la activista.

Agregó que otro obstáculo que plantea el plazo vigente es que se han visto casos de mujeres que comienzan el proceso de IVE en tiempo y forma, pero, “como es largo, les puede llevar dos, tres semanas y pueden haber empezado en la semana diez y terminar no pudiendo abortar porque las primeras dosis de las pastillas no produjeron el aborto”.

Otra de las razones por las que la ley quedó desactualizada es que “hoy hasta la propia Organización Mundial de la Salud habla del aborto autoadministrado”, porque “la gran mayoría de abortos se hacen con medicación”, detalló Abracinskas. “La gran mayoría de abortos legales en este país se hacen con medicamentos; vos pasás por todas esas consultas en el sistema de salud, pero después te dan la medicación y terminás abortando sola en tu casa”, explicó, y cuestionó que “no hay nada previsto para un acompañamiento en esas condiciones de parte del propio sistema; lo hemos tenido que armar desde las organizaciones sociales”.

La referente de MYSU también criticó que la norma establezca como obligatorio que sólo un especialista en ginecología pueda proveer el aborto, cuando hoy el procedimiento es con medicación y “podría prescribirla cualquier profesional debidamente capacitado”. “Que hoy la prescripción del misoprostol y de la mifepristona sea sólo potestad de los ginecólogos da cuenta de una manera de administrar la prestación que está fuera de todo criterio incluso económico para realizar este servicio”, señaló Abracinskas. “Exigirles a las mujeres migrantes un año de residencia para poder tener un aborto seguro es francamente una de las violaciones a los derechos humanos que genera esta ley y que, tarde o temprano, debería ser revisada”, planteó al mismo tiempo la activista. “En un país que pasó de no tener migración a ser un país de recepción de migrantes, no puede ser que las mujeres tengan que probar que viven un año en Uruguay para poder acceder a un aborto”, cuestionó en la misma línea González.

En tanto, Pérez Chabaneau habló de otras disposiciones que generan “complicaciones”, como la consulta obligatoria con el equipo interdisciplinario –desde el principio “había una tensión entre lo que iba a exigir de parte de los servicios de salud, si se iban a poder conformar tal cual estaban diseñados y si se iba a poder llevar adelante en todas las localidades”– y la imposición del período de cinco días de reflexión. “Como toda normativa, y esto es lo que pasa con la ley de IVE pero también con otras normativas en relación con los derechos humanos, tenemos un buen texto de ley y después en la implementación aparecen algunas dificultades”, concluyó la representante de Amnistía Internacional en nuestro país.

De todas formas, las entrevistadas coincidieron en que hoy no es el mejor momento político para introducir las modificaciones legislativas. González dijo que “en el marco de un momento en el que los conservadores han tomado la posta y hay una mayoría parlamentaria conservadora, ponerte a arreglar la ley puede traer consecuencias no deseadas”, mientras que Pérez Chabaneau habló de “contexto hostil”.

En la misma línea, Abracinskas dijo que “en este último período de gobierno estamos ante la posibilidad de retrocesos”, porque en la coalición gobernante se encuentran “la mayoría de las fuerzas políticas que siempre votaron en contra de estas iniciativas”, incluido un sector formado por “activistas antiaborto, antiderechos sexuales y reproductivos, antifeminismo, y que han hecho del feminismo y de nuestros reclamos un blanco de agresiones, de violencias y de odio”.

La objeción de conciencia, una “herramienta de obstaculización”

Las disposiciones generales de la ley aprobada en 2012, que están incluidas en el capítulo dos, establecen fundamentalmente dos cosas: por un lado, que los abortos legales realizados dentro del sistema de salud “serán considerados sin valor comercial”, y, por otro, que los profesionales tienen derecho a acogerse a la objeción de conciencia. Estos dos elementos, en la práctica, constituyen barreras en el acceso, según aseguraron las activistas.

“Claro que es una herramienta de obstaculización y claro que no es un acto de conciencia, sino de interés”, apuntó Abracinskas. La activista dijo que MYSU entrevistó a médicos objetores de conciencia “en su momento” y “hubo quienes dijeron que para qué iban a gastar tiempo en dedicarse a una práctica estigmatizante cuando hay otras que son redituables, como la laparoscopía, insertar un DIU o atender el parto, y eso se paga en este país, porque el aborto se determinó por ley que es un acto médico sin valor comercial y eso también terminó siendo un factor de objeción”.

La activista dijo que, “si vas a la primera consulta con el primer ginecólogo que haya para poder determinar si estás embarazada y ese profesional es un objetor, esto ya es una primera consulta fallida; ya en tiempo, en decisión, en respuesta es enorme”. Además, aseguró que MYSU recibió relatos de mujeres que atravesaron situaciones en las que profesionales de la salud “han tratado de interferir en la decisión”, por ejemplo, “mostrando imágenes de ecografía, cuando está especialmente estipulado que no se deben mostrar ni imágenes ni sonidos ecográficos”.

De hecho, Gardis Hernández, que integra la Red de Acompañamiento Feminista en Aborto Las Lilas, dijo a la diaria que entre las “quejas” más comunes que reciben están “que les muestran la ecografía” y “les hacen escuchar los latidos [del feto]”.

Por otra parte, Abracinskas cuestionó que los profesionales “no paguen ninguna consecuencia por objetar conciencia”. “Si vos objetás conciencia por no ir a la guerra, que ese es el origen de la objeción de conciencia, tenés que pagar el doble de tiempo de servicio social por no haber cumplido con el mandato de prestarte a defender un país. En este país, ningún objetor de conciencia ha pagado nada por no brindar la prestación. Es más, se los ha promovido en esta administración de gobierno”, enfatizó Abracinskas.

En la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que realizó la diaria, el Ministerio de Salud Pública (MSP) aportó la “última información consolidada” sobre la cantidad de objetores de conciencia en todos los departamentos del país, que corresponde a la actualizada hasta 2021. En algunos casos, la información está incompleta: de los 107 servicios reportados, 37 no cuentan con datos acerca de ginecólogos objetores (34,5% del total).

Entre los 70 servicios de los que sí hay información, tres tienen 100% de ginecólogos de guardia que son objetores: Casa de Galicia y los hospitales de ASSE en Mercedes (Soriano) y Young (Río Negro). En este último caso, también el 100% de los ginecólogos de policlínica son objetores. En otros casos, el porcentaje de ginecólogos de guardia objetores no llega a 100%, pero supera el 80%, como en el hospital de ASSE de Paysandú (84%) o el Círculo Católico (88%).

En un informe divulgado en octubre de 2021, MYSU denunció la ausencia de datos oficiales completos y actualizados sobre la objeción de conciencia en Uruguay, al tiempo que alertó sobre la necesidad de contar con “información certera” que sirva de base para “tomar decisiones que corrijan obstáculos y fallos de implementación”.

En algunos de sus informes anuales, Amnistía Internacional en Uruguay también llamó la atención sobre la falta de información actualizada por parte del MSP. “Por supuesto que están los datos sobre aborto, pero desde el punto de vista de Amnistía Internacional sería deseable y una muy buena práctica tener cierta continuidad y asiduidad en la transparencia activa, es decir, en la publicación de manera proactiva por parte de las instituciones competentes en relación con estos temas”, especificó la directora ejecutiva.

A su criterio, “eso ayudaría a construir mejor el universo de lo que está pasando, no solamente con las cifras vinculadas al aborto, sino también con el registro que tienen las instituciones sobre las objeciones de conciencia, qué proporción de su personal es objetor de conciencia, porque eso configura el mapa nacional de cómo están los servicios de atención que pueden dar respuesta a las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo”.

Trabas en el sistema de salud

En paralelo, las entrevistadas mencionaron algunos obstáculos que surgen en el propio sistema de salud, a nivel de la reglamentación. Stefanía Acosta, que también integra Las Lilas, aseguró a la diaria que, de hecho, “el primer obstáculo sigue siendo el juicio de valor que hace el sistema de salud con relación al acceso al aborto y a la decisión de abortar”. De acuerdo con la activista, eso después “se empieza a traducir en pequeñas acciones, desde el momento en el que la mujer accede a la ecografía, esto de que se toma la decisión de mostrar el monitor o hacer escuchar los latidos; esas son violencias muy graves que van sucediendo en el proceso y que hacen que en algún punto la decisión pueda debilitarse”.

Hernández agregó las demoras que se generan en el proceso. “Una, en el momento en que va a pedir fecha para la ginecóloga, le tiene que decir que lo que quiere es abortar para que le aceleren el tema de la ecografía, porque tenés tiempos específicos”, cuestionó. En ese sentido, dijo que desde la red han visto situaciones en las que parece “hasta a propósito que las fechas que dan no condicen con el tiempo suficiente para que se pueda llevar a cabo el aborto, porque termina siendo ilegal después de las 12 semanas”.

En la misma línea, Abracinskas aseguró que “los servicios no deberían demorar más de 24 horas en darte tu primera consulta IVE”, pero “hay lugares del país donde atienden una vez por semana y a veces la consulta está repleta”.

El sistema de salud también parece estar fallando en el seguimiento que se debe hacer después de que una mujer realiza un aborto, un paso que no aparece en la ley pero sí está establecido en los manuales de IVE dirigidos a los equipos. “Al día de hoy son muy pocas las consultas posaborto que se cumplen en los tiempos y en los plazos establecidos [...] Hay muchas personas que, luego de hacer una IVE, no vuelven al sistema de salud para ver si se dio dentro de lo esperado y también para seguir sus consultas periódicas, en relación, por ejemplo, con la anticoncepción”, remarcó Acosta.

También hace falta más formación, capacitación y sensibilización. Al respecto, Abracinskas dijo que “no se ha sostenido la formación permanente, no se ha sostenido el control de calidad sobre las prestaciones, no se han usado denuncias para mejorar la calidad de la atención, y, por lo tanto, todavía tenemos una suerte de azar: depende de quién te toque en el servicio y cuáles sean la sensibilidad y preparación que tengan esos profesionales”.

Ligado a esto, se refirió a una “suerte de paternalismo, de tutela y de condena sobre las mujeres”. “Si es tu primer aborto, muy probablemente el equipo de salud te atienda bien, te apoye, te acompañe. Ya si es el segundo, el servicio empieza a decir ‘pero ¿no te asesoramos en anticoncepción?’. Si es el tercer aborto, ya algunas mujeres nos han relatado que hay una suerte de rezongo. El equipo vive ese embarazo como una frustración del sistema, como una falla de la intervención de prevención, en lugar de entender las condiciones complejas que están alrededor de embarazos no deseados o de sexualidades muchas veces no consentidas”, relató la directora de MYSU.

En paralelo, el grado de acceso a los servicios de aborto también depende de en qué parte del país estés. “Si estás en Montevideo, vas a tener los servicios en todas las instituciones públicas y privadas y también la intendencia ha hecho un acuerdo con ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] para que en sus policlínicas barriales puedan hacer toda la parte de asesoramiento y después derivar a un hospital para realizar la interrupción”, afirmó.

“Si estás en el interior del país, las cosas se te complican”, sentenció Abracinskas. “Primero, porque los equipos de atención IVE están sólo en las capitales departamentales o en las ciudades con más de 100.000 habitantes”, lo que implica que “si vos vivís en una ciudad no capital de cualquier departamento del país, te vas a tener que trasladar hasta la capital”. También es un problema en departamentos “donde en su capital tenés un hospital público con 100% de objetores, como es el caso de Soriano, por ejemplo”.

Por último, las activistas se refirieron al peso que todavía tiene el estigma social, algo que no se combate con una ley, sino que requiere un “cambio cultural”. Para Abracinskas, el primer paso es habilitar la posibilidad de hablar “abiertamente” al respecto, tal “como podés hablar de tu parto, de tu situación de embarazo o de tu sexualidad”. La referente de MYSU dijo que el hecho de que “el aborto siga siendo un delito en el Código Penal fomenta y alimenta este estigma y discriminación”, porque “seguís hablando de una práctica que en otras condiciones es delictiva y mucha gente no lo sabe”.