“Nada de nosotres sin nosotres” es una consigna con la que se han embanderado muchos colectivos que atraviesan situaciones de vulneración de derechos para reivindicar que sus voces, experiencias y reclamos sean tenidos en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas que los contemplen. Por eso tiene sentido que también sea una de las banderas que levanta el movimiento Valientes de Latinoamérica y el Caribe (Valientes Latam), la rama regional del Brave Movement Global, que hizo su lanzamiento oficial el pasado 16 de marzo en Argentina. Se trata de la primera organización que aborda la problemática de la violencia sexual hacia infancias y adolescencias y tiene la particularidad de que sus fundadoras y fundadores son tanto activistas como sobrevivientes.
En América Latina el movimiento está conformado por 18 activistas provenientes de 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Hoy en día, está liderado por la boliviana Brisa de Angulo –que el año pasado consiguió con su caso una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– y la argentina Sonia Almada como vicepresidenta.
Al igual que el Brave Movement Global, fundado en 2022, Valientes Latam busca generar acciones en torno a tres objetivos principales: prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; llevar a los agresores ante la Justicia; y garantizar una reparación integral para las víctimas. Podría condensarse todo en la palabra acompañamiento. En este caso, con el diferencial de que es ofrecido por personas que vivieron estas violencias en carne propia y que, después de resignificar sus propios procesos personales, se capacitaron para poder ayudar a otras.
“Cuando acompañás a otra o a otro sobreviviente después de haber atravesado vos misma una experiencia de violencia sexual, sabés realmente lo que la otra persona está necesitando; aunque las necesidades son subjetivas, hay una escucha y una comprensión que va más allá de lo teórico, de lo que puedo haber leído, y que tiene que ver con que yo también lo viví”, contó a la diaria Victoria Marichal, sobreviviente de violencia sexual, activista, psicóloga especializada en violencia de género y una de las dos uruguayas que integran el movimiento, junto con Andrea Verde.
Para Marichal, el diferencial radica en que las sobrevivientes “sabemos de alguna manera cuáles son las cosas que revictimizan, queremos evitárselas a otres y caminar hacia un lugar donde la protección de las infancias sea realmente integral”, pero también el cuidado de las personas adultas que resignifican lo que vivieron muchos años después de sufrir los abusos. “Poder escuchar a otra persona y que te diga ‘mirá que a mí también me pasó’ o ‘yo también recordé esto 20 años después’ genera un alivio muy grande porque hay algo del estigma, del silencio, que nos lleva a pensar que esto me está pasando sólo a mí, porque nunca escuché que nadie hablara de esto, porque nunca compartí con nadie que lo haya vivido, porque cuando me hacen preguntas me recontra revictimizan, entonces eso me deja en mucho aislamiento y soledad”, enfatizó la activista. “Hay un montón de cosas que una puede contarle sobre su propia experiencia a otro sobreviviente que realmente generan muchísimo alivio”, agregó.
De todas formas, insistió en la importancia de que quienes integran Valientes Latam no sean sólo sobrevivientes de violencia sexual, sino también activistas, porque “hay una pata de formación y de trabajo para poder hacer este acompañamiento”.
Por otro lado, destacó como positivo que el movimiento no esté integrado sólo por mujeres y que también participen varones, para “poder ejemplificar y mostrar que, aunque la prevalencia [de la violencia sexual] es mayor en niñas y adolescentes mujeres, también es muy frecuente en niños y adolescentes varones, incluso acá en Uruguay”. En ese sentido, señaló que “el lugar en el que ubica la sociedad a las víctimas de violencia sexual es un lugar que casi que está inhabilitado para las masculinidades”, por lo que tener referentes varones es “súper valioso”, “sobre todo para los niños y adolescentes que pueden estar viviendo estas situaciones”.
Bajar los objetivos a tierra
Acerca del trabajo de Valientes Latam, en concreto, Marichal explicó que se crearon tres grupos para delinear las estrategias y acciones que “bajen a tierra” los objetivos –prevención, reparación, justicia–. Uno de ellos es promover en toda la región la conmemoración del “Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes”, que en algunos países ya existe –no es el caso de Uruguay– y se celebra el 9 de agosto. “Es un día que no necesariamente es contra la explotación sexual infantil o contra el maltrato infantil, sino que pone el foco en acompañar a las personas que vivieron esta experiencia desde la reparación y en reconocer la importancia de las, los y les sobrevivientes”, especificó la psicóloga.
Otro de los objetivos tiene que ver con reunir los casos de violencia sexual infantil que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para poner de manifiesto que muchos países están incumpliendo normativas internacionales”. Algunos de esos casos fueron impulsados por activistas que hoy integran el movimiento, como Brisa de Angulo o Zoilamérica Ortega Murillo, que denunció al Estado nicaragüense por proteger a su padrastro y agresor sexual, que es ni más ni menos que el actual presidente de ese país, Daniel Ortega.
La organización también tiene entre manos un “plan de reparación” que va a contemplar la capacitación a diferentes actores involucrados en la temática, como jueces, personal que recepciona denuncias y medios de comunicación. La formación también va a estar dirigida a familias y sobrevivientes, “para poder empezar a trabajar en cómo acompañamos y poner sobre la mesa que la reparación es posible”, detalló Marichal.
Su primer gran trabajo en conjunto fue la elaboración de un informe sobre acceso a la Justicia y prescripción de la acción penal desde la perspectiva de activistas y sobrevivientes de violencia sexual infantil. El documento, inédito en la región, fue presentado durante el lanzamiento en Argentina y expone las historias de 17 de los 18 fundadores del movimiento, así como las trabas judiciales que enfrentaron en sus respectivos países al denunciar a sus abusadores. Entre todos los casos, aparecen más de 30 agresores, ya que algunas de las víctimas tuvieron más de uno; de todos ellos, sólo seis tuvieron que comparecer ante la Justicia. “Todos los demás gozaron de total impunidad, pues, para el tiempo en que las víctimas estaban listas para denunciar, la acción penal del delito ya había prescrito, dejando a los sobrevivientes sin poder acceder a la Justicia”, consigna el texto, en uno de los tantos argumentos que plantea a favor de que estos delitos sean imprescriptibles.
Por otra parte, de los seis procedimientos penales que sí llegaron a concretarse, “ninguno se llevó a cabo de la manera correcta”, señala el documento: “Lamentablemente, todos y todas se enfrentaron a malas prácticas por parte del Estado, a múltiples victimizaciones secundarias, tiempos excesivos, transacciones sin su consentimiento, minimización del delito, apelaciones en libertad (a pesar de contar con sentencia condenatoria) y a la vulneración de más derechos”.
Lo que falta en Uruguay
El sistema funciona así: Brave Movement traza lineamientos a nivel global, a partir de estos se diseñan los objetivos regionales y, después, sobre esa base, cada activista organiza el trabajo según cuál sea la realidad de su país. En Uruguay, uno de los primeros esfuerzos que van a asumir las representantes locales es justamente el de “empezar a mover” el proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, que fue presentado por el Frente Amplio en 2020 y está “estancado” desde entonces, recordó Marichal.
Para eso, dijo que un primer paso es empezar a generar contactos con “políticas, políticos, referentes de la sociedad civil y diferentes movimientos que ya vienen trabajando en todas estas temáticas en Uruguay y empezar a hacer alianzas desde ese lugar”.
En el informe, Marichal afirma que a la legislación uruguaya le “falta el paso de lograr que los delitos sean imprescriptibles”. “La ley que tenemos ahora deja a interpretación de quien lleva adelante el caso si la prescripción empieza a correr al momento de la denuncia en la adultez o luego de los 18 años de edad, y esa es la principal barrera con la que se encuentran las víctimas que quieren denunciar los abusos vividos”, escribe la activista en el capítulo dedicado a nuestro país, en referencia a lo que establece el artículo 78 de la Ley 19.580 de violencia basada en género. Además, asegura que hay dificultades “con respecto a las pruebas necesarias” y que, más allá de eso, “la principal dificultad que tenemos es la falta de presupuesto real para la ley y los servicios especializados”.
En ese mismo marco, Marichal tiene un objetivo personal este año: formar un grupo de activistas sobrevivientes y de aliadas que aporten conocimiento desde distintas áreas para traccionar juntas las acciones en Uruguay, que conquistó avances notables si se compara con otros países de la región, pero donde todavía “falta un montón”. Mencionó específicamente los debes en materia de salud mental, acceso efectivo de las víctimas a la Justicia, prevención y reparación, y volvió a cuestionar que siga sin haber presupuesto para la implementación cabal de la ley de violencia de género.
De hecho, contó que esta norma fue la que permitió que su proceso judicial fuera “lo más cuidado posible”. “Más allá de que tuvo sus cosas y de que también tuvo momentos de revictimización y demás, un montón de las cuestiones que plantea la ley son las que hicieron que el proceso fuera lo más cuidado posible, como, por ejemplo, la declaración anticipada, no tener que encontrarte a tu agresor cuando vas a denunciar, o que haya fiscalías especializadas en la temática”, puntualizó. Por eso, y frente a las iniciativas que surgieron este año para modificar o derogar algunos de sus artículos, hizo un llamado a “defender los derechos conseguidos”.