Este martes se dio a conocer el informe anual sobre trata de personas elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que tiene como objetivo consignar “el estado de la lucha contra la trata” en 188 países y territorios. En su versión 2024, el organismo señala que el gobierno uruguayo “no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”, aunque se reconoció que “está tomando importantes medidas para lograrlo”.
En este escenario, reporta una caída en la calificación de Uruguay, que pasó del “nivel 2” en 2023 a formar parte de la “lista de vigilancia nivel 2” en 2024, lo que implica una mayor alerta sobre los esfuerzos en esta materia. En ese sentido, existe la posibilidad de que, al extenderse las debilidades, se pueda caer al “nivel 3”, lugar que ocupan los gobiernos de los países que “no cumplen plenamente las normas mínimas y no realizan esfuerzos significativos para hacerlo”, detalla la guía de caracterización por niveles del informe.
Más allá de la advertencia que significa esta nueva calificación, se destaca un aumento de la investigación a “presuntos tratantes”, y a su vez se menciona como fortaleza la aprobación del plan de acción nacional 2022-2024 para guiar el trabajo de lucha contra la trata a nivel nacional. También se destaca positivamente el aumento de los “fondos para servicios a víctimas” y la creación de “tres nuevas fiscalías de delitos sexuales designadas para ocuparse de delitos de trata”.
Haciendo foco en los resultados anuales que llevan a la caída en la calificación, el informe resalta que aunque se condenó a más del doble de tratantes que en 2022, “el gobierno en general no demostró haber hecho mayores esfuerzos” en comparación con ese período. Dentro de los datos negativos, señala la ausencia de “medidas para identificar víctimas de manera proactiva”, una menor identificación de víctimas y una única identificación de un “hombre adulto víctima de trata”.
Por otra parte, el documento resalta que el gobierno puso fin en noviembre de 2023 a un acuerdo de cooperación con una organización de la sociedad civil que gestionaba los centros de apoyo a mujeres adultas víctimas de trata –en referencia a la asociación civil El Paso–, aspecto que “posiblemente dificulte el acceso a la atención”. Además, apunta que no se contó durante este período con “un procedimiento operativo estándar integral para identificar y derivar a víctimas que incluyera lineamientos adecuados sobre cómo asistir a víctimas hombres y víctimas de trata con fines de explotación laboral”.
El organismo estadounidense concluye que el gobierno “no asignó los recursos adecuados para luchar contra la trata con fines de explotación laboral, que incluye posibles delitos de trata vinculados a buques pesqueros de bandera extranjera en aguas uruguayas o atracados en el puerto de Montevideo”.
Actuación de la Justicia
Según el informe, los reportes del gobierno de Uruguay durante 2023 indican que se dio inicio a investigaciones de trata que involucraron a 27 sospechosos. A su vez, detalla que en este período se formalizó a 31 presuntos tratantes, menos que en 2022, cuando habían sido 46. Por último, fueron condenados 35 tratantes, un aumento “considerable” con respecto a los 13 condenados en 2022 y los 17 en 2021.
“Debido a limitaciones de su base de datos, el gobierno no informó si las investigaciones, las formalizaciones o las condenas vinculadas a las leyes contra la trata de personas refirieron a casos de trata con fines de explotación sexual o laboral”, detalla el informe. De todas formas, indica que “algunos funcionarios informaron que trabajaron en menos casos de trata con fines de explotación laboral”. En esa línea, agrega que “algunos observadores expresaron su preocupación por que el conocimiento limitado sobre el delito afecte la cantidad de denuncias, la derivación de casos y la investigación del delito”.
Trabajo en protección
De acuerdo con el Departamento de Estado, el gobierno uruguayo informó sobre la identificación de 208 víctimas de trata durante 2023, un total que incluye a un hombre, 38 mujeres y 169 niñas, niños y adolescentes. Estas cifras se encuentran por debajo de las de 2022, cuando se reportaron 406 víctimas, en ese caso 60 mujeres y 346 niñas, niños y adolescentes. Las víctimas identificadas durante 2023, según explica el informe, fueron uruguayas y extranjeras. Entre estas últimas, destaca la presencia de personas de origen argentino, colombiano, cubano y nicaragüense.
El Ministerio de Desarrollo Social y sus distintas dependencias fueron los “principales prestadores de servicios para las víctimas de todos los delitos”, incluida la trata, menciona el documento. A su vez, destaca que el Instituto Nacional de las Mujeres atendió concretamente a “38 mujeres adultas víctimas de trata, incluidas las víctimas de trata con fines de explotación laboral”.
Las 169 víctimas infantiles de trata, en tanto, fueron atendidas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que les “proporcionó asistencia a través de programas residenciales, unidades móviles y centros de cuidado diurno”. Según el informe, la mayoría de las víctimas de explotación sexual que asistió el INAU en 2023 fueron adolescentes mujeres.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se dedicó a la coordinación con otras entidades del gobierno cuando fueron identificadas “víctimas de trata con fines de explotación laboral”. Así, esta cartera “se aseguró de que las víctimas tuvieran información correcta sobre la normativa laboral pertinente, y derivó a mujeres adultas víctimas de trata con fines de explotación laboral a Inmujeres”.
En tanto, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación brindó “asistencia adicional” como, por ejemplo, trabajo en “terapia y protección física a víctimas que colaboraron con operativos policiales y procesos judiciales”, dice el informe. Por otra parte, recuerda que “prestó asistencia a un grupo de hombres que habían sido víctimas de trata con fines de explotación sexual cuando eran menores”.
En cuanto a inversión en la problemática, el documento señala que Inmujeres proporcionó 17,14 millones de pesos a la organización civil involucrada para “financiar la prestación de servicios”, antes de que se le pusiera fin al acuerdo. El instituto también informó de haber invertido 1,96 millones de pesos en “alojamientos de corto plazo (como hoteles) para mujeres víctimas”.
Trabajo en prevención
El reporte señala que el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas –liderado por el Mides y del que forman parte representantes de otras instituciones públicas de la sociedad civil– se reunió sólo en dos oportunidades en 2023.
En mayo de 2023, el consejo aprobó el plan de acción 2022-2024, en reemplazo del que había tenido vigencia en el período 2018-2020, que ya había vencido. También publicó la “evaluación anual obligatoria del trabajo en temas de lucha contra la trata de personas por parte del gobierno en 2023 y apoyó un proyecto de la sociedad civil para evaluar los perfiles de las víctimas adultas de sexo femenino que fueron identificadas entre 2018 y 2022”, explicita el informe.
En cuanto a la prevención, explica que el gobierno distribuyó materiales para la concientización “preparados en períodos de informes anteriores”, y remarca que no se dio detalle sobre los fondos destinados para “producir y distribuir materiales” que buscaban ese objetivo.
Por último, el documento concluye que “el consejo no tuvo un presupuesto de funcionamiento” y que, en general, el gobierno “no asignó fondos para la lucha contra la trata de personas”.