Como cada 30 de julio, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) rindió cuentas sobre algunas de las principales medidas adoptadas por los distintos organismos que integran el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas que “permitan alcanzar un Uruguay libre de trata”.
En un comunicado que enumera las “prioridades de acción” del último año, el organismo que preside el consejo asegura que se diseñó la Guía de acción interinstitucional para situaciones de trata y explotación de personas en Uruguay, aprobada por decreto presidencial el 29 de enero y que “determina procedimientos específicos para la efectiva detección y articulación ante situaciones de trata”. Además, destaca la formación de “más de 350 personas integrantes de equipos técnicos y operadores de zonas fronterizas en la detección y derivación” de estas situaciones, y la elaboración, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de un protocolo sobre “derechos laborales, orientación laboral y asesoramiento en materia de denuncias”.
También asegura que Inmujeres “ha reforzado el asesoramiento a diferentes equipos técnicos con atención directa a la ciudadanía en la detección de situaciones de trata y explotación sexual”.
Por otro lado, resalta que durante 2023 se crearon tres nuevas fiscalías de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Basada en Género, que son las que tienen la competencia para investigar el delito de trata, y adelanta que está prevista la creación de una nueva en el departamento de Rivera en el segundo semestre de este año, lo que completaría una decena. Otra de las acciones que señala es el fortalecimiento del sistema de atención y protección a las víctimas de la Fiscalía General de la Nación, al haber incorporado personal especializado en la Unidad de Víctimas y Testigos, lo que “permite abarcar la atención presencial en 17 departamentos de nuestro país, y semipresencial en dos”.
La Fiscalía, a la vez, ha “generado mecanismos de protección que permiten atender a las víctimas desde el momento de su rescate, espacios de denuncia segura, acompañamiento y atención integral en el acceso a la justicia, en coordinación con todos los organismos del Estado y la sociedad civil”, agrega el documento.
En materia de prevención y sensibilización, el instituto hace énfasis en que este año se implementa a nivel nacional la campaña “Mercosur libre de trata”, que entre otras cosas dispone la difusión de material informativo en aeropuertos, puestos fronterizos y terminales de ómnibus, en coordinación con los ministerios de Turismo, de Transporte, y de Economía y Finanzas.
Servicio de emergencia
Hace poco más de un mes, el gobierno de Estados Unidos observó a Uruguay por “no cumplir totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”. Entre las razones que se enumeran aparece la finalización, en noviembre de 2023, del convenio entre Inmujeres y la organización civil El Paso, que era la que gestionaba el servicio especializado en la atención de mujeres adultas víctimas de trata sexual y laboral. El Departamento de Estado estadounidense califica esto como una medida que “posiblemente dificulte el acceso a la atención”.
En el comunicado difundido este martes, Inmujeres reconoce que ese servicio –que funciona con cuatro sedes en Montevideo, Paysandú, Paso de los Toros y Melo– se encuentra “en proceso de renovación de los equipos de atención contratados”. Al mismo tiempo, asegura que para subsanar esta situación “se ha puesto en marcha un servicio de emergencia que continúa realizando el seguimiento de todas las situaciones activas desde 2023”. Esto implica que el servicio no estaría brindando atención a nuevas situaciones desde hace ocho meses.
Uruguay es un país de origen, tránsito y destino de la trata con fines de explotación sexual, como ratifican distintas investigaciones y estudios nacionales e internacionales. La mayoría de las víctimas de este delito son niñas, adolescentes y mujeres en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. El país aprobó recién en 2018 una ley integral de prevención y combate a la trata de personas, que contempla distintas acciones que tiene que impulsar el Estado para la prevención, persecución y sanción del delito, así como la atención, protección y reparación de las víctimas. Sin embargo, activistas y colectivos que trabajan en la temática denuncian que hasta el momento no se han asignado los recursos necesarios para su total implementación.