“Este 2025 fue un año para volver a poner los cuidados en el centro”, decía una placa publicada en diciembre en la cuenta oficial del Sistema Nacional de Cuidados (SNIC). El Frente Amplio asumió el gobierno en marzo del año pasado con la promesa de “recuperar la noción de SNIC como cuarto pilar de la protección social que reconoce el derecho de ser cuidado de las personas dependientes y la corresponsabilidad social y de género que propone la transformación de las pautas culturales que asigna a las mujeres las tareas de cuidados como trabajo no remunerado”, según establecen las bases programáticas.
Desde ese entonces, la Secretaría Nacional de Cuidados –separada de la de Discapacidad en el último presupuesto, después de haber sido fusionadas durante el período anterior– coordinó algunas medidas que van en ese sentido. Para empezar, presentó en octubre el Plan Nacional de Cuidados 2026-2030, que aspira a consolidar “un modelo de bienestar social sostenible, equitativo y transformador que apueste a constituir la sociedad del cuidado”.
Para alcanzar ese horizonte, el plan plantea cuatro objetivos principales: avanzar en el derecho universal al cuidado, asegurando servicios, subsidios y programas de cuidados a lo largo del curso de vida y regulación de la calidad; promover trabajo y formación de calidad garantizando las condiciones laborales dignas para el sector de cuidados; generar y disponibilizar información y conocimiento de calidad para la toma de decisiones acerca de una política pública de cuidados; y promover el cambio cultural para transformar la actual organización social de los cuidados.
En diálogo con la diaria, la adjunta a la dirección de la Secretaría Nacional de Cuidados, Valentina Perrotta, destacó como otro “hito” de este primer año de gestión la “reactivación” del Comité Consultivo de Cuidados –integrado por organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, el sector privado y la academia– como “mecanismo de seguimiento, monitoreo y control ciudadano”. En ese sentido, dijo que “si bien en el período anterior no había dejado de funcionar en términos de reunirse mensualmente, en el mejor de los casos, no cumplía el rol para el cual lo mandata la ley [19.353], que es de monitoreo ciudadano y de asesorar, por intermedio de la Secretaría de Cuidados, a la Junta Nacional de Cuidados”.
La jerarca aseguró que el plan nacional “se construyó por primera vez con la presencia, el aporte, la discusión y la participación social del Comité Consultivo, que armó sus comisiones de trabajo, que elaboró un documento por intermedio de la secretaría y que lo recogieron las comisiones interinstitucionales de la Junta Nacional de Cuidados”.
Por otra parte, los cuidados fueron incluidos como uno de los cuatro componentes del diálogo sobre seguridad social convocado el año pasado por el Poder Ejecutivo. En este ámbito, la idea es trabajar en una propuesta de “financiamiento sustentable” del SNIC. Perrotta dijo que la intención de la secretaría es crear un “instrumento solidario de financiación”, en el entendido de que “el cuidado de larga duración no se puede sostener de otra forma; es con el aporte de los trabajadores, los jubilados y los empresarios”, aunque aclaró que “no es algo que esté laudado”, sino que “está discutiéndose”.
Uruguay se convirtió en un país pionero en la región con la creación del SNIC en 2015. Sin embargo, la situación actual está lejos de ser ideal. En octubre del año pasado, la Red Pro Cuidados –una de las organizaciones que forman parte del diálogo social– cuestionó que el presupuesto quinquenal aprobado por esta administración no es suficiente para afrontar, entre otras cosas, la lista de espera de 7.000 personas que buscan acceder al programa de Asistentes Personales, destinado a quienes viven una situación de dependencia severa, y exigió una “reacción urgente”.
Perrotta reconoció que el diseño del Plan Nacional de Cuidados fue “previo a la discusión presupuestal” y que “le faltan metas e indicadores anuales”. En esa línea, dijo que la tarea “de cara a abril” es preparar un documento con todos los organismos que integran la Junta de Cuidados “con acciones que vayan en la línea de garantizar el derecho al cuidado como derecho humano autónomo, pero con metas e indicadores anuales y con el presupuesto que tenemos, que sabemos que no es el que deseamos ni es el que nos permite dar un salto en términos cuantitativos en los servicios del sistema”.
Concretamente sobre las acciones que se están tomando para reducir la lista de espera de Asistentes Personales, Perrotta dijo que, en marzo de 2025, cuando asumió el gobierno, “había personas que estaban esperando la visita del Ministerio de Desarrollo Social [Mides] y la asignación del programa desde 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024”, por lo que, en función del presupuesto que tenían, “priorizaron las visitas, empezando por los que venían más atrasados”. Al día de hoy, están “terminando de visitar” a quienes postularon en 2022.
Prioridades: más cobertura, articulación y cambios en el mecanismo de postulación al SNIC
Entre los cuatro grandes objetivos que establece el Plan Nacional de Cuidados 2026-2030, las autoridades tienen marcadas prioridades vinculadas específicamente a los dos primeros ejes, que tienen que ver, por un lado, con ampliar la cobertura de los servicios para quienes requieren cuidados y, por el otro, con garantizar condiciones laborales dignas para quienes cuidan.
Respecto de los servicios, Perrotta señaló como prioritaria la ampliación de coberturas, sobre todo en la atención a la dependencia severa, “que sabemos que son muy escasas”, pero aseguró que la intención es también “ampliar y crear servicios distintos que acompañen el curso de vida”. Así, dijo que hubo “grandes avances” en el acceso a la educación de niñas y niños de 3 años, pero que en el nivel de 0 a 2 años “tenemos problemas para garantizar no solamente cobertura, sino servicio de atención diaria”. En este punto, dijo que la prioridad no es solamente “crear cupos”, sino “crear cupos que garanticen las ocho horas de cuidado”.
Mencionó algunas posibilidades en este sentido, como potenciar los centros CAIF, que abarcan a niñas y niños de estas edades porque son hasta los 3 años, los Centros Siempre, que están dirigidos a infancias de hasta 12 años, o el aumento de las Becas de Inclusión Socioeducativa (Becas BIS) para familias que residen en territorios donde la oferta pública de atención de 0 a 3 años está saturada.
Por otro lado, adelantó que con la ayuda de cooperación internacional se está diseñando un nuevo mecanismo de postulación al SNIC, en el que “las personas no postulan a un programa, sino al sistema”, y es el sistema el que, tras una evaluación integral, define qué prestaciones son las que se ajustan más a sus necesidades. “Lo que hacemos es una valoración integral de tus necesidades de cuidados y las de tu hogar. En un hogar puede vivir un niño de 2 años y una persona mayor de 80 que tiene cierto nivel de dependencia o falta de autonomía o una persona con discapacidad que tiene un nivel alto de dependencia o de necesidad de cuidados. Esa valoración de tu necesidad y de la de tu familia, incluida de la persona que cuida, tenemos que poder hacerla de manera integral y poder decir ‘bueno, de todo lo que tenemos como sistema, a esta familia, a este hogar, a esta persona le podemos ofrecer esto’”, explicó Perrotta.
Para ejemplificar, se refirió al hipotético caso de una persona mayor de 65 años con una dependencia leve y moderada: “Te sirve un centro de día porque tenés una dependencia, pero además del centro de día te voy a ofrecer teleasistencia en casa porque entre el centro de día, que te permite un montón de actividades que van retrasando tu nivel de dependencia y la teleasistencia, te brindo la posibilidad de que vos permanezcas en tu vivienda y en tu entorno en la comunidad”. “Lo ideal es retrasar lo máximo que se pueda la necesidad de otros servicios de dependencia severa o de cuidados de larga duración, porque yo ya fui ofreciéndote servicios que fueron de alguna manera retrasando la pérdida de autonomía”, sintetizó Perrotta, y agregó que “esa es una prioridad”.
Consultada sobre si este cambio en el mecanismo de postulación aliviaría de alguna manera la sobrecarga de la demanda, por ejemplo, en el caso del programa de Asistentes Personales, la jerarca dijo que no cree que la lista de espera “vaya a decrecer”, porque las personas que se inscriben allí “saben a dónde apuntan”, pero sí consideró que permitirá “evitar esa dependencia severa”. “Hay personas que tienen una dependencia severa desde que nacen, pero hay otras dependencias vinculadas al envejecimiento que se pueden retrasar, a partir de hábitos de vida más saludables, pero, vinculado a los servicios, con teleasistencia, más 4 horas de centro de día, más una innovación que tenemos, que son las cuidadoras comunitarias”, que “van a estar instaladas en el territorio, en centros de desarrollo social del Mides o en los centros de día, y van a tener a su cargo dos, tres, cuatro personas que no son dependientes severos”, puntualizó.
Mejores condiciones para las personas cuidadoras
En cuanto al eje vinculado a las condiciones de quienes trabajan en el sector, Perrotta dijo que las prioridades son “profesionalizar el trabajo de cuidados a nivel de la formación, que tiene que superar la formación básica, que tiene que ir hacia una formación superior, avanzada, pero además que tiene que permitirles a quienes se forman en cuidados formarse a nivel terciario”, y “mejorar la empleabilidad de las personas que cuidan”.
En esa línea, recordó que en marzo el Mides y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmaron un convenio que apunta a promover la inclusión de los temas de cuidados y género en la negociación colectiva para “impulsar la corresponsabilidad de género y la distribución equitativa del trabajo en cuidados”, según dice el texto.
Perrotta dijo que, entre otras cosas, eso implica “hacer el esfuerzo para ver si logramos que las asistentes personales negocien colectivamente”. En paralelo, detalló la necesidad de atender a su demanda en “formación y profesionalización”, además de resolver “planteos históricos” de las asistentes personales que “tienen que ver con los procesos de mayor protección, de lo que pasa con la indemnización cuando hay un despido, de cómo fortalecemos la supervisión, el acompañamiento, la fiscalización de esas trabajadoras que trabajan muy en soledad”. Además, contemplar las necesidades de las trabajadoras del sector “que sí están negociando colectivamente para que puedan negociar mejores salarios, pero también otras condiciones de trabajo”.
La jerarca señaló que también se trabajó con el MTSS en la corresponsabilidad de los empleadores y en “cómo fortalecemos en la negociación colectiva que existan cláusulas de cuidados”, y para eso se promovieron instancias de formación para “trabajadores, negociadores del ministerio y del mundo empleador”. “Cuando decimos que esto es una responsabilidad compartida entre Estado y mercado, familias y comunidad, no es solo que el mercado provee servicios de cuidado y el Estado tiene que regularlos, exigirles calidad, etcétera, es que los empleadores de cualquier organismo, organización, universidad, ministerio, asuman que los cuidados de sus trabajadores y trabajadoras son parte de su responsabilidad”, enfatizó Perrotta. “¿Por qué? Porque el cuidado es un bien público y no puede seguir recayendo en las mujeres de manera no remunerada, lo tenemos que compartir, hay que asumir todos los costos”, apuntó.
Esto también requiere -y es otro de los ejes del plan- un cambio cultural que apunte a la “desfeminización” del cuidado, promoviendo la participación activa de los varones y la corresponsabilidad de género. Uno de los instrumentos para ese recorrido son las licencias parentales, en particular, las que aseguran “tiempo exclusivo de cuidado” para los varones. “Quizás no lo tomen, pero si lo toman, se enfrentan a esa experiencia, y lo que se ha demostrado en distintos países es que la experiencia de cuidar de un bebé o de una persona altamente dependiente solo, varias horas, todos los días, es lo que va generando la ética del cuidado, esta cuestión de la responsabilidad por el bienestar del otro, detectar la necesidad de cuidado, tener una solución a esa necesidad de cuidado y eso implica que, luego, se reconocen como cuidadores primarios”, profundizó Perrotta, que, justamente, dedicó su tesis doctoral en Sociología a las licencias parentales y la corresponsabilidad de género en Uruguay.