El pasado 8 de marzo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó una nueva ley que modifica el Código Penal para cerrar cualquier margen de interpretación judicial que pudiera atenuar la responsabilidad de los agresores en casos de violación a niñas, niños y adolescentes menores de 14 años o a personas con padecimientos mentales. De esta manera, se establece que el consentimiento de la víctima o su historial previo no tienen validez jurídica si se trata de menores de 14 años o de personas incapaces de oponer resistencia.
“El proyecto de ley, redactado por la diputada Laura Carneiro [del Partido Social Democrático], garantiza una redacción legal clara e inequívoca para reforzar la protección de la dignidad de nuestras infancias, evitando interpretaciones que reduzcan la protección de las víctimas”, publicó el domingo el presidente en sus redes sociales. Lula aseguró que, con esta nueva legislación, “ya no habrá ningún vacío legal para la relativización, ni ninguna posibilidad de que los maltratadores intenten escapar del castigo alegando, por ejemplo, que las relaciones fueron consentidas o que no dieron lugar a un embarazo”.
Así, las defensas de los agresores ya no podrán justificar la violación con argumentos como la existencia de una relación afectiva entre la víctima y el agresor, el historial previo de la víctima o su consentimiento.
El proyecto tomó impulso después del fallo del tribunal en el estado de Minas Gerais, que absolvió a un hombre de 35 años que violó a una niña de 12, bajo el argumento de que ambos mantenían una “relación estable” y que la menor había quedado embarazada fruto de ese vínculo.
Al dictar la absolución, el magistrado Magid Nauef Láuar aseguró que el acto no derivó de “violencia o coacción”, sino de un “vínculo afectivo consensuado”, que contaba con la aprobación de los padres de la víctima.
La decisión generó una ola de indignación nacional que derivó en la intervención inmediata del Consejo Nacional de Justicia, que resolvió la destitución del magistrado y terminó en una orden de investigación policial por presuntos delitos sexuales cometidos por el propio exjuez.