El corazón conservador y republicano de Estados Unidos, Kansas, tiene una nueva ley que atenta contra los derechos de las personas trans. Se trata de una iniciativa aprobada por la legislatura estatal en febrero, después de haber sido vetada por la gobernadora demócrata Laura Kelly, y establece que de ahora en más las licencias de conducir tienen que reflejar el “sexo asignado al nacer” de la persona titular. La norma ha sido calificada por diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles como una de las medidas “antitrans” más intrusivas en el país.
Durante la última semana de febrero, las personas trans de todo el estado recibieron una carta de la División de Vehículos del Departamento de Hacienda informando que sus permisos de conducir ya no serían válidos con efecto inmediato y que, en dichas licencias, tiene que apercer el sexo biológico de la persona. La ley tampoco permite a las personas trans actualizar su identidad de género en certificados de nacimiento y permisos de conducir expedidos por el estado en el futuro. La medida revoca los permisos de unas 1.700 personas e invalida los certificados de nacimiento de más de 1.800.
Dos varones trans ya han demandado al estado de Kansas por estas medidas, que calificaron de “deshumanizantes” y que “violan el derecho a la privacidad y a la autonomía personal”, según afirma la denuncia. Los demandantes, que se presentan como Daniel Doe y Matthew Moe –nombres ficticios porque temen ser discriminados y acosados si no se mantienen en el anonimato–, piden a la jueza del distrito de Douglas, Catherine Theisen, que bloquee esta ley por atentar directamente contra la identidad y la libertad de las personas trans. El texto de la demanda remarca que la propia Constitución del estado prohíbe que la legislatura de Kansas persiga a las personas trans “con este trato discriminatorio y deshumanizante”, según consignó The Guardian.
Por otro lado, la nueva ley también prohíbe a las personas trans utilizar baños de edificios públicos que coincidan con su identidad de género y no con su sexo biológico. Además, la ley ha creado un sistema de persecución y castigo que permite a cualquier persona que sospeche que una persona trans ha infringido la ley poder denunciar por “daños y perjuicios” por un total de 1.000 dólares. Prevé, a su vez, multas severas para ciudades, escuelas públicas y agencias estatales que no apliquen esta ley en sus instalaciones y controlen el uso que hacen de ellas las personas trans.
Los legisladores republicanos que votaron a favor de la ley argumentan que son medidas que protegen a las niñas y a las mujeres. Los republicanos suponen mayoría absoluta en la legislatura y, en 2023, promulgaron una ley estatal, también después del veto de Kelly, que definía a un hombre y a una mujer según “el sistema reproductor biológico” a la hora de nacer.
En febrero de 2025, los congresistas republicanos de Kansas reunieron los votos necesarios para anular otro veto de Kelly y aprobar así una ley que prohíbe la atención en salud a niñas, niños y adolescentes que quieran acceder a tratamientos de reafirmación de género.
Críticas desde la sociedad civil
Varias voces han criticado y denunciado la nueva ley republicana. Una de ellas es Monica Bennett, directora legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Kansas (ACLU), que declaró que es un “ataque directo contra la dignidad y la humanidad de los ciudadanos transgénero y sofoca las fuertes protecciones constitucionales del estado contra el exceso de poder y la persecución del gobierno”.
En tanto, Harper Seldin, abogada del Proyecto de Derechos LGBTQ y VIH de la ACLU, calificó la norma como una amenaza cruel a la seguridad pública. La abogada explicó que no solo actúa como medida discriminatoria a las personas trans, sino que las expulsa contra su voluntad cada vez que solicitan trabajo, alquilan un apartamento o interactúan con la Policía, lo que, en definitiva, las excluye de la vida pública.
Un estudiante trans de la Universidad de Kansas, Anthony Alvarez, de 21 años, dijo a The Guardian que, debido a esta normativa, ya tramitó cuatro licencias diferentes y se encuentra en una batalla legal para lograr su validez.