La Posada del Siglo XIX, en Termas del Daymán (Salto), fue sede el fin de semana pasado de las 29° Jornadas Regionales de Criminología, organizadas por el Grupo de Criminología de la Facultad de Derecho.
La actividad reunió a especialistas, docentes, investigadores y estudiantes para reflexionar e intercambiar perspectivas sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea en materia de seguridad y justicia.
En esta edición, el eje central de las jornadas fue el análisis del crimen organizado y el narcotráfico, fenómenos que han adquirido creciente relevancia en la agenda pública de la región.
A lo largo de las diferentes instancias de exposición y debate, se abordaron aspectos vinculados a las dinámicas de las organizaciones criminales, las políticas de prevención y persecución del delito, así como los impactos sociales, económicos e institucionales asociados al avance de estas problemáticas.
Uno de los temas que concitó mayor atención fue el narcotráfico en la cárcel de mujeres, abordado por la Dra. Sara Durán. En su exposición señaló que este fenómeno “ha dejado de ser marginal para convertirse en uno de los principales factores explicativos del crecimiento de la población penitenciaria femenina en América Latina”.
Según explicó, mientras la población masculina ha aumentado a un ritmo constante, la femenina registró un crecimiento del 53,3% a nivel mundial entre los años 2000 y 2017.
Este crecimiento está asociado principalmente a la criminalización de conductas vinculadas al mercado de drogas y al endurecimiento de las respuestas penales.
La expansión de estas políticas ha impactado especialmente sobre las mujeres pertenecientes a sectores vulnerables, cuya participación en las economías ilícitas suele ubicarse en los eslabones más bajos de las cadenas de comercialización. Como consecuencia, las cárceles femeninas latinoamericanas concentran una población caracterizada por altos niveles de pobreza, exclusión social, violencia basada en género y responsabilidades de cuidado.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Rehabilitación, ocho de cada diez mujeres privadas de libertad en Uruguay cumplen condenas o enfrentan procesos judiciales por delitos vinculados, de una u otra forma, al tráfico o comercialización de estupefacientes.
La jurista planteó una interrogante durante su exposición: “¿Podemos afirmar que la política criminal está resolviendo el problema o, por el contrario, simplemente está castigando a quienes ocupan los eslabones más débiles de la cadena?”.
En ese sentido, señaló que la privación de libertad de las mujeres presenta características muy diferentes a la de los varones. Explicó que, si bien la población penitenciaria masculina también ha crecido a nivel mundial de forma sostenida, lo ha hecho a un ritmo muy distinto al registrado entre las mujeres.
Durán sostuvo que en Uruguay existe una situación particularmente relevante, ya que la gran mayoría de las mujeres privadas de libertad tiene entre 19 y 39 años, con una marcada concentración en la franja etaria de 19 a 29 años. “Las mujeres que están presas son muy jóvenes”, afirmó.
Asimismo, indicó que se trata, en muchos casos, de mujeres con bajos niveles de escolarización, en situación de vulnerabilidad económica y con importantes responsabilidades familiares. “Son mujeres que suelen estar al frente de sus hogares y son las principales sostenedoras de sus núcleos familiares”, señaló.
Durán afirmó además que “el 90% de las mujeres privadas de libertad ha sufrido, en algún momento de su trayectoria de vida y antes del encarcelamiento, situaciones de violencia física, psicológica o sexual”. Según explicó, estas experiencias de victimización constituyen un elemento central para comprender sus trayectorias vitales y, en muchos casos, su eventual involucramiento en actividades ilícitas.
Asimismo, sostuvo que “los niveles superiores de las organizaciones vinculadas al crimen organizado y al tráfico de estupefacientes en Uruguay no están integrados, en términos generales, por mujeres”. Indicó que estas “raras veces ocupan puestos de dirección o decisión dentro de las estructuras criminales” y que los casos en los que ello ocurre son excepcionales.
“La gran mayoría de las mujeres involucradas en este tipo de organizaciones se encuentra en los eslabones más bajos de la cadena, desempeñando tareas de menor jerarquía”.
El sistema penal va a captar a esas mujeres y estas son las que pasarán a integrar a la población carcelaria de Uruguay.
El narcotráfico dentro de las cárceles
En este sentido, Durán señaló que el análisis del ingreso y consumo de sustancias estupefacientes en las cárceles no puede limitarse únicamente a la existencia de drogas prohibidas dentro de los establecimientos penitenciarios.
Explicó que, en el contexto carcelario, las drogas cumplen múltiples funciones: además de ser objeto de consumo, operan como una forma de intercambio y adquieren valor dentro de las relaciones económicas que se generan en prisión.
“En la cárcel todo es intercambio, desde los cigarrillos hasta la comida, y por supuesto lo que tiene que ver con las drogas en general”, afirmó.
Según indicó, para comprender la presencia de estupefacientes en las cárceles es necesario considerar también el papel que desempeñan en las dinámicas cotidianas de la vida penitenciaria y en los sistemas informales de intercambio que se desarrollan entre las personas privadas de libertad.
Durán relató que en una de las cárceles de mujeres que funcionó en Uruguay (que posteriormente fue cerrada), al ingresar, las internas recibían de forma sistemática distintos medicamentos.
Según explicó, algunas mujeres acumulaban las pastillas que les eran suministradas, las mezclaban en agua o jugo y luego consumían la preparación para permanecer durante gran parte del día bajo los efectos de esa medicación.
La expositora aclaró que no se trataba de sustancias ingresadas ilegalmente al establecimiento penitenciario ni de una práctica extendida a todas las mujeres privadas de libertad. Por el contrario, eran medicamentos recetados dentro de la propia institución, que luego algunas internas utilizaban de formas distintas a las previstas.
Asimismo, sostuvo que el consumo de sustancias suele funcionar como una estrategia para afrontar la ansiedad, la depresión y otros efectos asociados al encierro. “La forma en que algunas mujeres afrontan la cárcel es con el consumo de sustancias”, afirmó.
Por otra parte, señaló que las cárceles también reproducen mercados ilícitos y cuestionó lo que definió como una suerte de “pensamiento mágico” presente en parte de la sociedad.
Según indicó, existe la idea de que, una vez que una persona es privada de libertad, las actividades ilícitas disminuyen o desaparecen. Sin embargo, sostuvo que ocurre lo contrario y que dentro de los establecimientos penitenciarios se siguen desarrollando diversas formas de criminalidad.
Para ilustrar esta situación, contó el caso de un joven privado de libertad que había recibido una encomienda. “El desafío era llegar hasta su celda sin que le robaran o lo rapiñaran”, relató. A su juicio, creer que la actividad ilícita cesa automáticamente cuando una persona ingresa a prisión forma parte de esa percepción errónea sobre el funcionamiento de las cárceles.
Según explicó, la prisión se convierte en un espacio donde las lógicas económicas e ilegales que operan en el exterior son adaptadas y reproducidas bajo nuevas modalidades. En ese sentido, señaló que el narcotráfico dentro de los establecimientos penitenciarios (y particularmente en las cárceles de mujeres) funciona de manera similar a cualquier otra organización criminal.
“Adentro de la cárcel también hay una distribución de roles”, indicó. De acuerdo con su análisis, las actividades vinculadas al tráfico de sustancias responden a una estructura organizada, en la que distintas personas cumplen funciones específicas dentro de una cadena de responsabilidades y tareas.