Josefina González asumirá como directora nacional del Departamento de Diversidad Sexual, que integra el Área de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El cargo era ocupado de forma interina desde el comienzo de la administración por Brandon Ferreira, asesor del director nacional de Desarrollo Social, Nicolás Lasa. González asumirá formalmente el puesto en las próximas semanas, cuando termine de tramitarse el expediente de designación de su cargo, confirmó la futura jerarca a la diaria. Sin embargo, este lunes ya empezó a trabajar con el equipo, con el que viajó a Lavalleja para el lanzamiento del Consejo Departamental de Diversidad Sexual. Se espera que, en el marco de esa actividad, se anuncie públicamente su futura asunción.
González es licenciada en Comunicación –fue la primera persona trans en egresar de esa carrera en la Universidad de la República– y tiene en su haber dos décadas de trayectoria como activista por los derechos de la población LGBTI+ y, en particular, de las personas trans en Uruguay. Desde ese lugar, integró el colectivo Unión Travesti Trans y fue una de las promotoras de la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en 2018. Tiene además experiencia en el Mides en tanto ya formó parte del Departamento de Diversidad Sexual en el período 2015-2020, en esa ocasión como funcionaria técnica.
“Para mí la designación es fundamentalmente un reconocimiento a lo que ha sido mi trayectoria política y social por los derechos de las personas LGBTI+, es una oportunidad, y creo que también termina siendo, en definitiva, una suerte de respaldo institucional para profundizar en la construcción de política pública y en el debido cumplimiento de la normativa con la cual cuenta nuestro país”, señaló González a la diaria.
Consultada sobre dónde estará puesto el foco una vez que asuma el cargo, aseguró que “la participación social y política es una prioridad en esto de fortalecer las voces”, y dijo que “es sustantivo” trabajar en conjunto “con el movimiento social de la comunidad LGBTI+ en clave territorial, comunitaria y de descentralización, porque cada territorio tiene sus particularidades, sus experiencias y sus formas”. Por eso, adelantó que su equipo hará “una recorrida por todo el país para ir fortaleciendo y acompañando los procesos del movimiento social en cercanía con la institucionalidad territorial”. “Para eso son estos consejos departamentales de diversidad sexual: para instalar mesas de trabajo territoriales con esa clave y con esas líneas de trabajo político”, agregó, en referencia a la actividad en la que participa este lunes en Lavalleja.
Por otro lado, dijo que otro eje prioritario será “todo lo que tiene que ver con la capacitación y la formación para el trabajo, y acompañar esas trayectorias para el mundo del trabajo”. También marcó como prioridad la “pata educativa”: señaló que el Departamento de Diversidad “ya viene trabajando hace un rato en convenio con la Administración Nacional de Educación Pública, el Codicen, UTU, y la idea es profundizar esos trabajos para proteger las trayectorias educativas de la población LGBTI+, sobre todo de las personas travesti-trans, para que no haya deserción y expulsión de los sistemas educativos, que puedan culminar sus trayectorias educativas y cumplir con determinados requisitos que luego establece, por ejemplo, la implementación del cupo de 1% de los llamados públicos a concurso de la Ley Integral para Personas Trans”.
Ligado a eso, afirmó que “obviamente es una prioridad el monitoreo, el seguimiento y la debida implementación de la Ley Integral para Personas Trans en todo el país”. Esto no solo en lo relativo a educación y trabajo, sino a otras cuestiones, como hacer el seguimiento del trabajo de la Comisión Especial Reparatoria, creada por esa norma, que se encarga de analizar las solicitudes para acceder al régimen reparatorio para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad debido a su identidad de género.
“Creo que esos son los grandes desafíos y obviamente profundizar las políticas públicas para que las personas realmente puedan vivir en un Uruguay que no discrimine, que no violente, que no genere diferencias, que no genere desigualdades y que no coloque a las personas como subalternidades”, apuntó la referente.
González aseguró que “el trasfondo de todo esto” es “la batalla cultural y combatir con política los discursos de odio y el avance fascista que estamos viviendo en la región y en el mundo”, que “está instalando un enemigo imaginario y ese enemigo tiene nombre: son los feminismos y son las organizaciones y las personas LGBTI+”.
En paralelo, adelantó que durante su gestión está previsto “retomar” el Plan Nacional de Diversidad Sexual, publicado en 2018, para “ver con qué se cumplió, con qué no se cumplió, establecer las bases y la planificación para ver cuáles son las deudas que tenemos en cuanto a la implementación de ese plan, y ver cuáles son las demandas actuales, porque de 2018 a 2026 pasaron cosas, pasó una pandemia en el medio, hubo gente que se vio afectada por la pandemia, entonces es otra de las cuestiones prioritarias a trabajar en esta gestión”.
