La propuesta de impulsar una consulta pública sobre el vínculo entre niños, adolescentes, plataformas digitales e inteligencia artificial (IA) comenzó a ganar respaldo en el sistema político. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, aseguró, en diálogo con la diaria, que la iniciativa tuvo “mucha aceptación” a nivel político y entre instituciones que podrían participar en su implementación.
El proyecto apunta a abrir una consulta “amplia y multiactor” para recoger insumos sin “preconceptos” antes de avanzar en eventuales regulaciones, con el objetivo de evitar respuestas simplificadas frente a un “fenómeno complejo”, señaló Goñi, quien planteó que la construcción de consensos será clave para diseñar políticas más efectivas en un área en rápida transformación.
“La idea es tener una consulta amplia para abordar la complejidad del tema [...] Sabemos que otras soluciones de regulaciones que se han dado en otros países a las plataformas tienen 1.000 formas de ser eludidas, por tanto es clave buscar una fórmula en la cual estén todos los actores involucrados [...] A nivel político e institucional, la propuesta ha tenido una gran aceptación”, explicó el diputado por el Partido Nacional.
El legislador dijo que la propuesta surge del modelo británico y remarcó que las reuniones entre distintos actores para hacer efectiva la propuesta comenzarán este viernes. “He encontrado muy buena acogida hasta ahora, todos están a favor, no he encontrado a nadie que le ponga una objeción”, indicó.
Goñi sostuvo que las instituciones tendrán unas semanas para definir su participación y las condiciones de trabajo. De forma paralela, el Parlamento comenzará a trabajar en el borrador que determine el diseño de la consulta. Asimismo, técnicos de la embajada de Gran Bretaña ya se encuentran ayudando a los legisladores.
Debate a nivel internacional
La propuesta de impulsar una consulta pública llega días después de que dos fallos en Estados Unidos responsabilizaran a gigantes tecnológicos por los efectos de sus plataformas en la salud de menores.
El 25 de marzo de 2026, un jurado en Los Ángeles encontró a Meta y Google (por Youtube) responsables por la adicción de una joven de 20 años y determinó el pago de una compensación de seis millones de dólares. El jurado concluyó que Meta y Google “actuaron con malicia, opresión o fraude” por la forma de operar sus plataformas.
Un día antes, otro fallo en Nuevo México responsabilizó a Meta por exponer a menores a contenido sexual y depredadores. En ambos casos, las gigantes tecnológicas anunciaron apelaciones.
En una entrevista con ABC, que fue publicada el 28 de marzo, el exdirectivo de Meta Arturo Béjar dijo que “Instagram enseña vídeos de tus hijos a pedófilos”. Su testimonio fue clave para que la empresa haya perdido los dos juicios en Estados Unidos. Béjar dijo que las multas no representan montos importantes para la empresa, sino que lo medular es lo que “puede ocurrir a partir de aquí” y remarcó que espera que estos juicios fuercen a Meta a cambiar el funcionamiento de sus plataformas.
“Me di cuenta de que Instagram seguía facilitando la conexión de los usuarios menores con extraños. También vi que los filtros no funcionaban, y que si un niño empezaba a buscar contenido relacionado con el suicidio o el sexo, lo podía encontrar”, indicó.
Especialistas de Brasil y Uruguay consultados por la diaria en los últimos días coincidieron en que estos fallos marcan un “quiebre”, suponen un “antecedente muy importante” y desplazan el foco de la discusión del contenido al diseño de las plataformas. Sin embargo, mientras algunos expertos señalaron que la adicción que generan las redes sociales está probada, otros advirtieron que la evidencia es aún insuficiente y que el fenómeno es más complejo.
Lo que dice el proyecto de ley
Según el proyecto de la consulta pública, titulado “Nuevas y futuras generaciones en un entorno digital: Niños, adolescentes, plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial”, al que tuvo acceso la diaria, el objetivo de la propuesta es promover una iniciativa “responsable, plural y oportuna sobre uno de los temas que más preocupa a la sociedad”.
El documento plantea que el país enfrenta un escenario en el que las prácticas digitales están moldeando la socialización, la construcción de identidad y el acceso a la información, al tiempo que se acumula evidencia sobre impactos en salud mental, atención, vínculos y exposición a riesgos.
“Se ha acumulado evidencia suficiente sobre diversas problemáticas vinculadas a su uso intensivo: impactos en el bienestar y la salud mental, alteraciones en los modos de atención y vínculo, exposición a dinámicas adictivas o compulsivas, riesgos de contacto inapropiado, presión sobre la autoestima, desinformación y nuevas formas de vulnerabilidad en entornos diseñados para captar tiempo, atención y comportamiento”, se añade.
A esto se suma una nueva capa de “complejidad” asociada a tecnologías como chatbots, sistemas conversacionales y generación de contenidos sintéticos, que “introducen condiciones inéditas” y avanzan a mayor velocidad que las respuestas institucionales, indicó.
“No podemos seguir llegando tarde. Si durante años las instituciones han tendido a reaccionar cuando los problemas ya están instalados, hoy ese desfase resulta todavía más costoso. La magnitud del cambio obliga a acompañarlo en los términos del cambio: con lectura cercana de las novedades, atención a los efectos emergentes y capacidad de generar respuestas antes de que los daños escalen o las inercias se consoliden. No se trata de simplificar la discusión en términos de prohibir o permitir, sino de construir una capacidad pública más madura para comprender mejor”, agregó.
La iniciativa prevé que la consulta no se limite a una encuesta, sino que se estructure como un proceso con múltiples instancias con distintos actores: participación abierta, talleres, foros, espacios específicos con adolescentes y otros públicos, junto con una etapa de sistematización orientada a alimentar el trabajo parlamentario.
“Uruguay, además, cuenta con condiciones especialmente valiosas para dar este paso. El país no parte de cero. Dispone de trayectoria en alfabetización digital, ciudadanía digital, gobierno digital e innovación educativa, así como de capacidades institucionales que pueden articularse para una iniciativa seria y escalable. Esto permite pensar la consulta no solo como una reacción ante un problema, sino como una oportunidad para fortalecer capacidades sociales e institucionales frente a la transformación tecnológica en curso”, concluye.