La Fiscalía General de la Nación presentó este viernes los datos cerrados a setiembre, con un nuevo máximo histórico de imputaciones a personas, que llegó a 1.697, y un índice de aprisionamiento que lo ubica en el primer lugar de América del Sur.
El director del Departamento de Políticas Públicas del organismo, Sebastián Pereyra, señaló que el incremento representa 28% en relación con el mismo mes del año anterior, y 24% en comparación con el promedio del primer semestre. Si bien en este indicador se había registrado una baja ‒si se compara el primer semestre de 2020 con el de 2019‒, esta se explica porque en ese período hubo 75 días de feria, a causa de la pandemia.
Cabrera destacó el crecimiento constante que tuvieron las formalizaciones desde que se inició el nuevo código; en junio de este año se registró el valor máximo, 1943 denuncias formalizadas.
En cuanto al número de formalizados con al menos una persona imputada con relación al total de las denuncias registradas, Cabrera detalló que en los últimos tres meses fue de 8,2%, mientras que en el primer semestre de este año fue de 6,5% y en el primer semestre de 2018 de 3,3%.
En conferencia de prensa, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, señaló que los resultados muestran la diferencia “entre el relato y la realidad” sobre el código procesal.
“A fines de 2017 y principios de 2018 escuchamos un día sí y otro también que se había aprobado una reforma procesal benigna, que era un código pensado para los delincuentes que ataba de manos a los policías, nosotros controvertimos ese relato y hoy, con los resultados a la vista, tenemos la certeza de que estábamos en lo cierto”, afirmó.
Díaz se refirió a la cantidad de personas privadas de libertad, que alcanzó las 366 personas cada 100.000 habitantes. “Es un dato duro porque, por un lado, pueden ser buenas noticias [...] pero si no trabajamos sobre los índices de reincidencia, lo que termina pasando es que cada vez es mayor la cantidad de gente que entra y sale de la cárcel”, señaló.
Además, destacó que hoy casi 82,7% de las personas privadas de libertad tienen sentencia, cuando en noviembre de 2017 la cifra llegaba a 30%. “Era uno de los objetivos que nos planteamos”, señaló.
Las instrucciones generales
El fiscal de Corte se refirió al proyecto de presupuesto quinquenal y las modificaciones que se realizaron al Consejo Honorario que dicta las instrucciones generales, donde en la discusión de comisión se quitó la participación del Colegio de Abogados y de la Universidad de la República y se agregó un segundo representante de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, y luego se sustituyeron esos dos cargos por los dos fiscales más antiguos, dejando sin representación a la Asociación.
Díaz calificó las instrucciones generales como “un instrumento formidable para las fiscalías” y como un adelanto el hecho de que se haya dado marcha atrás con la idea inicial del Ejecutivo, que era derogar el mecanismo.
En cuanto a la integración del Consejo, Díaz expresó su sorpresa por la modificación y rechazó el hecho de que se excluya a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay por los fiscales con mayor antigüedad. “La antigüedad lo único que nos garantiza es que estamos más viejos, no nos da per se mayores conocimientos”, señaló, porque es “capital” la participación de la Asociación, y calificó al gremio como “absolutamente representativo”. También señaló que “representa el sentir y el pensar de todos los fiscales del país”.
Díaz dijo que transmitió su disconformidad a varios dirigentes políticos y habló del tema con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. “Confiemos en que eso se pueda volver a modificar, porque es un retroceso importante”, agregó.
Las declaraciones de Lust y el respaldo a Morosoli
El fiscal de Corte evitó referirse a las declaraciones del diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust, quien dijo tener la certidumbre de que el presidente Luis Lacalle Pou lo removerá en dos o tres meses. “No tengo tiempo, ni quiero perder el poco tiempo que tengo en comentar hipótesis, conjeturas o rumores”.
De todos modos, aseguró tener “la más absoluta tranquilidad de conciencia y un profundo respeto por la institucionalidad”. El fiscal recordó que tiene prohibido por la Constitución realizar comentarios políticos, y al ser consultado sobre los dichos de Lust sobre que está “debilitado” respondió: “No confunda mi silencio con debilidad”.
Díaz también fue consultado sobre los cuestionamientos al fiscal Rodrigo Morosoli por su actuación en el caso sobre el tratamiento de las actas del tribunal de honor a José Gavazzo, por el que se pidió el desafuero de Guido Manini Ríos y el reclamo de Graciela Bianchi de que se realice una investigación administrativa: “Si hay algo que tiene este fiscal de corte es que es proactivo, si entiendo que tengo que hacer algo, lo hago”, respondió.
El presupuesto
El fiscal manifestó su preocupación por la falta de recursos que tiene la Fiscalía y recordó que mantienen el mismo presupuesto en términos constantes que en 2015. “Imagínense si ustedes y su familia tuvieran hoy los mismos ingresos que tenían en 2015, ¿podrían parar la olla todos los meses?”, ilustró. “Otro de los relatos que se instaló es que a nosotros se nos daban todos los recursos que pedíamos”, expresó, y calificó la situación presupuestal de la Fiscalía como “delicada”. Díaz confió en que se encuentren soluciones, pues “la institución encargada de la investigación y la persecución criminal no puede cerrar sus puertas”.
El fiscal detalló que la Fiscalía tenía en 2016 12% de déficit, que fue financiado con trasposición de fondos, que hoy llega a 50% y para el año que viene se estima que llegará a 60%. Además, recordó que existe una disposición planteada en la ley de urgente consideración que obliga a pedir autorización para esas transposiciones.