Nueve personas fueron detenidas este jueves en el asentamiento Nuevo Comienzo, en Santa Catalina, en el marco de un litigio por ocupación de terrenos que lleva adelante el fiscal de Flagrancia de 5º turno, Diego Pérez.
Según relataron a la diaria algunos vecinos del lugar, el operativo sorprendió a los habitantes del asentamiento, dado que existe un ámbito de diálogo con una solución de realojo casi cerrada.
Además, los vecinos rechazaron la forma en que se llevó adelante el operativo: “Hoy nos desayunamos con esto, el helicóptero arriba de nosotros y la amedrentación de los policías que se bajaron con escopetas largas, se levantaban la remera para mostrar el arma de reglamento y le pidieron a los periodistas que apagaran las cámaras”, señaló uno de los vecinos.
Los terrenos que aún permanecen ocupados pertenecen a la empresa Dervalix SA y a una franja de servidumbre de la Intendencia de Montevideo.
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En diálogo con la diaria, Leonel Groisman, que oficia de mediador entre las partes, explicó que hace cinco meses se formó un ámbito de diálogo integrado por la Fiscalía, la Intendencia de Montevideo, el Municipio A, la Junta Departamental, la Universidad de la República y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, además de los vecinos del asentamiento y los representantes de la empresa propietaria del terreno.
De todas formas, Groisman señaló que el operativo de este jueves “no puede sorprender a nadie” porque la Fiscalía aclaró, en la última reunión de la mesa de diálogo, que las intervenciones continuarían en tanto no se arribe a una solución definitiva y documentada.
En la última reunión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados, el director Nacional de Vivienda, Jorge Perini, informó que la cartera podía aportar una canasta básica de materiales, lo que, sumado al compromiso de la Intendencia de Montevideo de ceder los terrenos para el realojo, permitiría implementar un acuerdo definitivo.
En el asentamiento Nuevo Comienzo viven unas 250 familias y fueron desalojadas e imputadas unas 30 personas, en su mayoría por el delito continuado de usurpación, con un plazo de 30 días para desarmar la casa e irse.