La fiscal de Durazno de 2° turno, Blanca Zapater, presentó la demanda de acusación para los policías imputados por el homicidio de Santiago Cor, ocurrido en agosto de 2020. Pidió cinco años y siete meses de penitenciaría para los dos policías imputados por los delitos de homicidio a dolo eventual y abuso de funciones.
En la audiencia, que fue convocada ante el vencimiento de las medidas cautelares, el juez letrado de Durazno de 1° turno, Jorge Tabares, dispuso la prórroga por 120 días del cierre de fronteras, fijación de domicilio y prohibición de acercarse a la familia de la víctima.
Ahora, la defensa de los imputados tendrá 30 días para responder la demanda acusatoria y luego se fijará la audiencia de control de acusación, donde se determinará qué evidencia ingresará como prueba en el juicio oral.
En diálogo con la diaria, el abogado de la familia de Santiago Cor, Hugo O´Neill, destacó el trabajo de la fiscal Zapater y el profesionalismo de la investigación, y consideró que tiene “mucha evidencia para afrontar el juicio de la mejor manera”.
También señaló que la fiscalía “ha dado las mayores garantías constitucionales a todas las partes” y que dio “acceso a cada evidencia e interrogatorio” que realizó. En esa línea, rechazó que exista un ensañamiento contra los policías por parte de la fiscalía, tal como planteó la defensa de los imputados.
“No está bueno que se usen los medios de comunicación masivos por [parte de] los actores involucrados en este proceso penal para fomentar rivalidades, polarizar a la sociedad y generar “grietas” que no existen”, expresó O´Neill.
El abogado de la familia de la víctima señaló que el rol de la fiscalía es investigar posibles delitos y posibles autores, y si tiene evidencias y cree en su teoría del caso, llevarla ante un juez.
“Los operadores jurídicos que actuamos en este país sabemos y tenemos plena confianza en que gozamos de un Poder Judicial totalmente independiente e imparcial que brinda las mayores garantías a todos los ciudadanos”, opinó.
La muerte de Santiago Cor ocurrió el 9 de agosto de 2020 en la ciudad de Durazno, cuando el joven de 20 años comenzó a ser perseguido por dos policías de tránsito de la Jefatura de Policía de Durazno que le reclamaron que se detuviera por estar circulando con un caño de escape tronador. El joven, que venía en su moto por la Avenida Churchill, aceleró y al llegar a una curva pronunciada perdió el control de la moto y chocó contra un árbol. Fue trasladado a un centro asistencial donde murió dos días después.
Durante los diez meses de investigación, la fiscal contó con la declaración del acompañante de Cor y de la novia de la víctima, que venía en una moto detrás, y logró la declaración bajo la figura de testigo protegido de una persona que caminaba por la Avenida Churchill en el momento de la persecución.
Además, consideró los datos del GPS de las motos de los policías, que dieron cuenta de que los policías no estaban realizando un operativo de detención, sino que sorprendieron a la víctima luego de que pasara delante de ellos a baja velocidad. Según la evidencia con la que cuenta la fiscalía por la información del GPS y la pericia de Accidentología, los policías aceleraron de una velocidad de entre 10 y 20 kilómetros por hora a otra de 70 kilómetros por hora en un trayecto de 300 metros.
Otra de las evidencias planteadas por la fiscalía fue la declaración de varios policías sobre la actuación que corresponde en ese tipo de casos, en función de la formación que reciben y lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Policial, que establece las fases del accionar de la Policía -como la “observación, la prevención, la disuasión y, excepcionalmente, la represión”-, y el artículo 30, que marca los criterios para ponderar los efectos de la intervención policial -debiendo actuar “de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que pretende impedir”-.
Para la defensa de los policías, a cargo del abogado Andrés Ojeda, la imputación de la fiscalía es “peligrosa” y no corresponde porque no se puede responsabilizar a los policías de “todo lo que le pasa a alguien que está escapando”. Cuando se conoció la imputación, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, opinó que la imputación de la fiscalía “ata de pies y manos a la Policía”. “Lamentablemente, le costó la vida a una persona, pero no fue por el accionar de la Policía”, opinó.
A raíz de este y otros casos en los que se imputó abuso de funciones a policías, el sindicato policial planteó a la Fiscalía General de la Nación y a algunos actores políticos la posibilidad de agregar a la Rendición de Cuentas un artículo para derogar la tipificación de abuso de funciones en procedimientos policiales, pero la iniciativa quedó para ser analizada en futuras instancias parlamentarias.