El abogado defensor de las 12 adolescentes víctimas de la Operación Océano, Juan Raúl Williman, afirmó esta mañana que la repercusión mediática de la causa logró concientizar a buena parte de la población sobre la explotación sexual de adolescentes y provocó que se prendieran “algunas antenas que antes no”.
Entrevistado por Informativo Sarandí, Williman, que integra el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dijo que la salida de Darviña Viera por motivos de salud no lo sorprendió desde el punto de vista estratégico, sino “por el momento del cambio”. En este sentido, indicó que estaba al tanto de que Viera tenía pensado jubilarse en poco tiempo, por lo que imaginaba que el cambio se produciría previo a la presentación de las acusaciones.
“Suponía que si Darviña tenía en mente jubilarse, imaginaba estratégicamente como correcto que quien decida con quién y por qué se va a juicio sea la misma fiscal que después está en el juicio”, mencionó. De todos modos, consideró que esto no afecta el trabajo en la causa: “No nos cambia nada la salida de la fiscal Darviña Viera. Nosotros tenemos un contacto permanente con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Tengo el mejor concepto de Darviña, pero para nosotros el cambio de fiscal es algo muy común”, señaló.
Williman explicó que siete de las 12 víctimas defendidas por el consultorio en esta causa ya han prestado declaración, y esperan asistir a “tres o cuatro” más, aunque la principal víctima del caso aún no pudo completar su declaración.
Sobre el rol de Viera y sus declaraciones públicas mientras estaba al frente de la investigación de la Operación Océano, el abogado reconoció que “existieron errores administrativos” pero que ninguno de estos justificaba la nulidad de la causa, como solicitaron los abogados de los imputados. “Las nulidades son para actos procesales, no administrativos”, explicó, y señaló que los dos errores administrativos que se presentaron fueron “subsanados” en la etapa de “información preliminar”.
“Acá hay que despojarse de los valores morales que cada uno tenga y pensar en la norma, que es una norma tuitiva de una población extremadamente vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes. [...] Todos sabemos que los adolescentes son personas vulnerables. Lo que hace la ley es proteger especialmente a esas personas vulnerables. Todo el mundo sabe que no pueden votar, manejar, celebrar un contrato civil y lo último que quiere esta norma es que decidan comercializar con sexo mediante una retribución de cualquier especie. Eso es lo que importa y no tiene nada que ver con ninguna concepción moral. En el límite de la duda, la responsabilidad cae sobre los adultos”, sentenció el abogado.
En este sentido, dijo que pese a que no compartía algunas declaraciones de la fiscal Viera a la prensa, sí estaba de acuerdo “con el estado público que ha tomado la causa”. “Yo no sé si había conciencia de un delito tan difícil de denunciar y que pasa tan entre bambalinas, tanto en las clases más altas, medias o más bajas. De lo que estoy seguro es que después de la Operación Océano, todo el mundo ha prendido algunas antenas que antes no. Porque no sé, más allá de las campañas de Unicef, si hablamos de trata o retribución”, sostuvo.
Williman se preguntó si “la fragilidad de los adolescentes insertos en una sociedad de consumo como la que tenemos hoy y con las redes sociales al alcance de su mano” y las consecuencias que esto podía acarrear habrían provocado la atención de padres y madres de hijos adolescentes a raíz de esta causa. “No sé si éramos tan conscientes de esa realidad, y todos tomamos conciencia de una realidad que le puede pasar a cualquiera”, concluyó.
Tras la salida de Viera por decisión del fiscal general de la Nación, Juan Gómez, la causa de la Operación Océano queda a cargo de la fiscal especializada en delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género de 6º turno, Mariana Alfaro.