Tras la reunión que mantuvieron el miércoles pasado representantes de la bancada bicameral femenina con el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tabaré Sosa, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, había informado sobre la “voluntad” de la SCJ de instalar seis juzgados especializados en violencia de género en el interior del país y afirmó que el Poder Judicial “ya venía trabajando” en su instalación.
La diputada colorada María Eugenia Roselló explicó a la diaria que Sosa planteó tres propuestas posibles para lograr la instalación de estos seis juzgados: ampliar los recursos asignados en el Presupuesto con “ahorros” del Poder Judicial; dialogar con las intendencias de cada departamento para encontrar locales disponibles que no estén en uso, y un convenio entre la SCJ y la Administración de los Servicios de Salud del Estado para contratar a los peritos que trabajarán en esas nuevas sedes.
No obstante, según consigna Búsqueda el jueves, la ministra de la Corte Elena Martínez afirmó que las necesidades de recursos del organismo siguen “incambiadas” y que “nada ha cambiado” respecto de diciembre de 2020. “Así como estamos, las sedes de Género no pueden funcionar”, aseveró. “Estamos esperando alguna respuesta favorable en el sentido de que haya locales o recursos. Pero por ahora no tenemos certeza de nada”, agregó la magistrada.
Martínez señaló que “la insuficiencia de recursos se agrava sin la derogación de los incisos C y D del artículo 51 de la Ley 19.580”, sobre los cuales la SCJ había pedido su derogación, pero finalmente fueron aprobados. Según informa el semanario, la ministra resaltó que hay una “voluntad permanente de la Corte de agotar los esfuerzos” para que las sedes se instalen, pero indicó que las gestiones iniciadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas en noviembre no tuvieron respuesta.
