La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) definió un paro de 48 horas desde la tarde del miércoles, luego de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tabaré Sosa, les comunicara que la SCJ no accedería al pedido de la Intergremial Judicial de convocar a una Feria Judicial Sanitaria por el aumento de casos de coronavirus.
Funcionarios, actuarios, defensores de oficio, informáticos y jueces reclaman la feria sanitaria, tal como se dispuso entre el 14 de marzo y el 4 de mayo de 2020, debido a que no están dadas las condiciones para garantizar el acceso a la Justicia y a su vez se pone en riesgo la salud de los trabajadores.
La situación fue evaluada el lunes por los ministros de la SCJ, que resolvieron esperar los anuncios del presidente, Luis Lacalle Pou, realizados en la noche del martes, debido a que el inciso segundo del artículo primero 1 de la Ley 19.879, que dio rango legal a la feria sanitaria anterior, establece la necesidad de una sintonía entre el Poder Ejecutivo y el Judicial para definir la feria.
En una resolución aprobada este miércoles, la SCJ declaró inhábiles los restantes días de esta semana, considerando el aumento de casos de coronavirus, y determinó que cada jefe de oficina disponga el número mínimo de funcionarios que deberán concurrir al lugar de trabajo, así como los horarios.
Ante el llamado del presidente Lacalle a cerrar las oficinas públicas a excepción de los servicios imprescindibles, la SCJ remitió a dos resoluciones de 2020 en las que se estableció cuáles eran los servicios que debían mantenerse, entre ellos las cautelas, amparos, protección contra la violencia doméstica, infancia vulnerada, infracción de adolescentes, asuntos penales impostergables, internacionales urgentes y servicios registrales.
En diálogo con la diaria, el presidente de la AFJU, Pablo Elizalde, lamentó la actitud del presidente de la SCJ, que suspendió una reunión que tenía prevista para este miércoles con el gremio y emitió la resolución.
Para Elizalde lo más grave del planteo de la SCJ es la discrecionalidad que otorga a los jefes de oficina, lo que entiende como una forma de no asumir las responsabilidades que deberían tomar los ministros de la Corte.
“Lo más problemático es ese vacío institucional, al darles la potestad a los jerarcas para que organicen el trabajo como mejor les parezca”, comentó. Para Elizalde la resolución es “ambigua” porque menciona los servicios que fueron declarados imprescindibles cuando se decretó la feria judicial sanitaria, pero mantiene abiertas las oficinas.
“Dicen que se suspenden los plazos y después vemos, pero ellos sí están haciendo teletrabajo, no vienen a la SCJ, tienen las reuniones vía Zoom”, afirmó.
Elizalde dijo que la definición de mantener el servicio presencial “va a contrapelo de lo que planteó el presidente” y señaló que tanto la Fiscalía General de la Nación como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo adoptaron las medidas planteadas por el mandatario.
Por otra parte, señaló que hay más de 40 sedes cerradas por funcionarios en cuarentena y subrayó que un cierre ordenado evitaría situaciones como la que se produjo el martes en Fray Bentos, donde estaban cerrados todos los juzgados de la ciudad.
Los otros integrantes de la Intergremial Judicial analizarán en las próximas horas los pasos a seguir ante la resolución de la SCJ.