Pese a la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas que instó al Estado uruguayo a suspender los desalojos en el asentamiento Nuevo Comienzo, la Justicia continuó con las intimaciones para que las personas abandonen el predio, en el que viven unas 250 familias.
A pedido del fiscal de Flagrancia de 5º turno, Diego Pérez, la jueza de 44º turno, Diovanet Olivera, convocó a audiencia a cuatro familias, a quienes se les dispuso la prohibición de ingresar al predio a partir del 4 de abril.
En diálogo con la diaria, el abogado Juan Ceretta, quien presentó el recurso ante el DESC, lamentó la decisión de la Justicia, pero advirtió que en ese ámbito no hay mucho por hacer, ya que la resolución del Comité no tiene carácter preceptivo. “Vamos a comunicar al Comité de Naciones Unidas que Uruguay no cumplió y será una mancha más, no mucho más que eso”, comentó.
Ceretta informó que analiza la posibilidad de presentar acciones ante la Justicia civil en reclamo del derecho a la vivienda de estas familias. Además, recordó que se había logrado ampliar los cupos para que los 200 niños del asentamiento fueran a los CAIF y la escuela de la zona, y se hizo una campaña que logró que los niños tuvieran mochila y útiles. “Habían empezado la escuela esta semana y ahora se van a tener que ir”, lamentó.
Consultado sobre las presuntas actividades delictivas en el asentamiento que fueron sugeridas por el fiscal Pérez, Ceretta respondió que “las familias que resultan detenidas y conducidas a Fiscalía y a los juzgados siempre son las más débiles”.
Los citados en esta última audiencia fueron formalizados por el delito de usurpación y en algunos casos por el delito de hurto de energía eléctrica y se les propone el acuerdo de archivar el expediente a cambio de irse del lugar, por lo que tienen que elegir entre abandonar su vivienda o ir a juicio, con la posibilidad de ser condenados con penas de entre tres y seis meses de prisión.
Sobre este punto, Ceretta subrayó que es difícil que las personas se arriesguen, por más que exista la resolución del DESC, y señaló que “las personas que han sido perseguidas toda su vida no tienen confianza en el sistema de justicia”.
El predio donde está el asentamiento fue ocupado en enero de 2020 y seis meses después se formó un ámbito de diálogo integrado por los vecinos de Nuevo Comienzo, la empresa propietaria del terreno (Dervalix SA), la Fiscalía, el Municipio A, la Junta Departamental, la Universidad de la República, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y la Intendencia de Montevideo, que es propietaria de una franja de servidumbre.
Ese ámbito culminó con el compromiso de la Intendencia de ceder terrenos para el realojo, siempre que exista un plan de vivienda aprobado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) en el marco de la Ley de Promoción de Vivienda.
En noviembre los vecinos realizaron una movilización que llegó a la Intendencia y la sede del MVOT y fueron recibidos por la ministra de Vivienda, Irene Moreira. En la Intendencia, el director de la División Tierras y Hábitat, Sebastián Moreno, ratificó el compromiso de la donación de los terrenos, pero en el Ministerio señalaron que había otras situaciones de asentamientos que resolver y no les dieron una respuesta concreta. El fiscal Pérez advirtió que no cesarán las expulsiones hasta que no haya un acuerdo firmado.
Gerardo Rivas, vecino del asentamiento Nuevo Comienzo, dijo a la diaria que están redactando una carta para enviar a Presidencia de la República, para ver si eso permite destrabar la situación en el MVOT.
“Sabemos que la economía está complicada, capaz que el plan de vivienda se genera dentro de cuatro o cinco años, pero no importa cuántos años demoren, lo que importa es que nos puedan trasladar y podamos dormir tranquilos todos los días”, agregó.