14 personas fueron detenidas este viernes en el asentamiento Nuevo Comienzo, de Santa Catalina, en el marco de la causa por ocupación de terrenos que lleva adelante el fiscal de Flagrancia de 5º Turno, Diego Pérez.

Tras las detenciones, los vecinos realizaron una movilización y se reunieron con autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para intentar concretar una solución de realojo que hace varios meses se viene negociando.

Familias del barrio Nuevo Comienzo, Santa Catalina, se movilizaron el 18 de diciembre, en el centro de Montevideo. Foto: Alessandro Maradei

Familias del barrio Nuevo Comienzo, Santa Catalina, se movilizaron el 18 de diciembre, en el centro de Montevideo. Foto: Alessandro Maradei

En diálogo con la diaria, Sebastián Moreno, director de la División Tierras y Hábitat de la IM dijo que el gobierno departamental tiene a disposición tierras para el realojo, considerando la situación, pero la competencia sobre la vivienda es del Ministerio. “Nosotros planteamos proveer los terrenos en el marco de que el Ministerio pueda construir ahí viviendas dignas, de acuerdo a la ley de vivienda”, afirmó.

Uno de los vecinos del asentamiento dijo a la diaria que este viernes fueron recibidos por la ministra Irene Moreira, pero no les dio una respuesta concreta. “Nos siguen diciendo lo mismo, que es un tema que no es fácil porque hay otros asentamientos. La gran preocupación de nosotros es que nos siguen procesando y la Fiscalía va a seguir trabajando hasta que no firmen un convenio, y las tierras están. Cuando se comprometan ya estamos todos procesados”, agregó.

Familias del barrio Nuevo Comienzo, Santa Catalina, se movilizaron el 18 de diciembre, en el centro de Montevideo. Foto: Alessandro Maradei

Familias del barrio Nuevo Comienzo, Santa Catalina, se movilizaron el 18 de diciembre, en el centro de Montevideo. Foto: Alessandro Maradei

En el asentamiento Nuevo Comienzo viven unas 250 familias y fueron desalojadas e imputadas unas 45 personas, en su mayoría por el delito continuado de usurpación y hurto de energía eléctrica. Los terrenos pertenecen a la empresa Dervalix SA y a una franja de servidumbre de la IM.