La fiscal de Colonia Eliana Travers retomó la causa que investiga la gestión de las pasantías de la intendencia durante la anterior administración de Carlos Moreira, según informó El Observador. Esta semana declararán exdirectores de la Intendencia de Colonia y luego lo harán autoridades de la Junta Departamental del anterior período.
Travers dijo a la diaria que ya fue estudiada la documentación presentada por los ediles frenteamplistas que realizaron la denuncia y ahora continuará con las declaraciones de los testigos, luego de que en setiembre declararan los denunciantes.
Según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso, este miércoles concurrirán en calidad de testigos el secretario general de la Intendencia de Colonia Guillermo Rodríguez Guaraglia, el director de Desarrollo Humano y Juventud Ricardo Planchón y la directora de Recursos Humanos Mabel Tonelli.
La declaración de estos tres exjerarcas fue pedida por los ediles frenteamplistas, debido a que, por su cargo, cuentan con información sobre cómo se trataba el régimen de pasantías durante la anterior administración de Moreira.
Además, se citó a declarar al expresidente de la Junta Departamental de Colonia, Félix Osinaga, y a la secretaria general de la junta Claudia Maciel para que expliquen por qué no se dio cuórum para realizar un juicio político contra el intendente. Los dos testigos de la Junta Departamental concurrirán a la Fiscalía en los próximos días.
Por otra parte, los denunciantes pidieron la declaración del jefe de Relaciones Públicas de la intendencia, Jorge Torres, y del exsubdirector de Acción Social Julio Castrillo, quienes tienen familiares que fueron beneficiarios de esas pasantías pero no fueron convocados en esta etapa, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
La denuncia fue presentada el 14 de febrero de 2020 por siete ediles del Frente Amplio, luego de que la fiscal Travers archivara la denuncia por abuso de funciones realizada por la edila del Partido Nacional María José García y el exdirector de Turismo de la comuna Andrés Sobrero, que estaba vinculada a los audios en los que el intendente Moreira decía estar dispuesto a renovar pasantías a cambio de sexo.
El archivo de la causa fue cuestionado por los denunciantes por entender que existían vínculos entre un hermano de la fiscal Travers y el Partido Nacional, por lo que pidieron que la causa fuera revisada por otra fiscal. Finalmente, en julio de 2020, la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, ratificó el archivo de la causa, coincidiendo con Travers en que no existían elementos objetivos suficientes para determinar abuso de funciones.
La Fiscalía consideró que de la evidencia analizada no surge que Moreira “valiéndose de su cargo hubiere dado o prometido indebidamente dinero o provecho” a la denunciante y que “no surge coacción, obligación, presión, persuasión, u otro mecanismo extorsivo por parte de Moreira hacia la denunciante” en los audios.
Sin embargo, ante los nuevos elementos presentados por los ediles del FA, Travers consultó a la Fiscalía General de la Nación si tenía competencias para analizarlos o si debía remitir la carpeta investigativa a Charquero, debido a que ella la había subrogado en la revisión del archivo. La respuesta de la Fiscalía llegó a fines de agosto y confirmó a Travers en el caso, lo que volvió a impulsar la causa contra Moreira.
En setiembre, Travers convocó a declarar a siete ediles del Frente Amplio que adjuntaron en su denuncia el informe elaborado por la Junta de Transparencia y Ética Pública, firmado por Ricardo Gil y Matilde Rodríguez, quienes concluyeron que Moreira no respetó el Reglamento Interno de Pasantías, ya que se superó la cantidad de pasantes permitidos y los plazos en los que debían vencer sus pasantías.
El informe de la Jutep señala que las pasantías semestrales podían renovarse una vez, con una evaluación previa que justificara la renovación, pero se constató que en al menos en 40 casos las pasantías fueron renovadas más de una vez sin evaluación, y en uno de esos casos el vínculo con la Intendencia se extendió por tres años y medio.
“La renovación de pasantías aparece en los hechos como un acto discrecional del jerarca, lo que habilitaría un inadecuado manejo”, señaló el informe, que constató el ingreso de 788 pasantías desde julio de 2015 y advirtió que las disposiciones del reglamento interno no coinciden con los dispuesto en la ley de Presupuesto 2010-2015 (18.179), que define los conceptos de becario y pasante, ni con lo dispuesto por la Ley 19.133, que regula las contrataciones en la modalidad de Primera Experiencia Laboral en el Estado.