La jueza de Crimen Organizado María Elena Mainard condenó a Luis Alberto Betito Suárez Correa por delitos de comercialización de estupefacientes y formalizó la investigación contra Ricardo Damián Ricardito Cáceres Correa por delitos de organización de actividades de narcotráfico y lavado de activos.
La investigación fue llevada adelante por la fiscal especializada en Estupefacientes de 1º turno Mónica Ferrero, con la colaboración de su par de 2º turno, Stella Lorente, quien llevaba adelante otra investigación sobre Cáceres, por la que cumplía medidas cautelares.
En conferencia de prensa, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, señaló que se trata de una organización “de larga data en Uruguay”, con actividad desde la década del 90, y recordó que el primer procesamiento que realizó en un juzgado de Crimen Organizado en 2009 fue contra esta organización y por delitos de narcotráfico.
Díaz dijo que la organización que lideraban se dedicaba principalmente a la importación y distribución de pasta base en Montevideo, y expresó la preocupación de la Fiscalía por avanzar en la investigación sobre el uso de medios violentos “que uno puede pensar que son más comunes en otros países”, en referencia a las mutilaciones que practicaba la organización contra otras organizaciones en la disputa por territorio, o como actos “disciplinarios” contra integrantes de la misma organización.
En cuanto al lavado de activos, Díaz planteó que los procesos de investigación se han “enlentecido” y uno de los objetivos de la Fiscalía es fomentarlos. “Los narcotraficantes pueden aceptar perder su libertad ambulatoria, pueden llegar a aceptar perder algún cargamento, pero lo que no aceptan nunca de buena gana es perder el patrimonio que construyeron”, señaló.
Díaz dijo que han hablado con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y el presidente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaf), Jorge Chediak, para acordar modificaciones legales que faciliten la persecución de los delitos de lavado de activos.
En esa línea también señaló la necesidad de protocolizar figuras como la del testigo encubierto para “dar certeza a los operadores” en la persecución de este tipo de organizaciones.
Por su parte, Larrañaga destacó el “mensaje contundente que da el Estado” con la formalización de Suárez y Cáceres, dado su prontuario, y planteó que “el ataque al tráfico de droga es lo que puede llevar paz y seguridad a barrios y zonas de la capital”.
Además, dijo que el ministerio busca concretar la construcción de una cárcel de máxima seguridad para evitar que este tipo de organizaciones sigan siendo conducidas desde las cárceles. En el presupuesto quinquenal no está incluida la construcción de esta cárcel y, tal como se planteó, dependerá de la venta de inmuebles de la cartera. De concretarse estas ventas se deberá abrir un proceso licitatorio para concretar la construcción, lo que dificulta su concreción por los tiempos que implica.
La organización que lideraba Betito Suárez y su hermano también está integrada por su hermana Sandra Lorena Loly Suárez Correa, quien cumple una condena por homicidio en la Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Montevideo, desde diciembre de 2016.