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La presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Graciela Gatti, durante una ronda de análisis (archivo Poder Judicial, 2019).

Jueces exigen a la Suprema Corte que respete la Ley de Concursos

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A los magistrados les preocupan las discrepancias entre el Colegio de Abogados y el máximo tribunal de Justicia.

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Leído por Andrés Alba.
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La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) enviará una nota a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) exigiendo que se cumpla con la Ley de Concursos (19.830), aprobada en 2019, que aún no fue reglamentada. Los jueces ven con “preocupación” el vínculo entre los ministros de la SCJ y el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU), al igual que los problemas de relacionamiento entre los magistrados del máximo órgano del Poder Judicial.

La presidenta de la AMU, Graciela Gatti, informó a la diaria que la Comisión Directiva del gremio decidió enviar una nota a los ministros exigiendo el cumplimiento de la ley, que, pese a estar vigente, no está siendo aplicada.

La Ley de Concursos estableció las formas de ingreso y ascenso en la carrera judicial y determinó qué aspectos deben ser evaluados para el ascenso, como los informes de los jueces superiores procesales —que son los que evalúan el desempeño del juez en los casos en los que hay apelación—, los cursos de formación continua, la antigüedad, las actividades académicas de los jueces y los resultados de las pruebas de conocimiento.

En diciembre la SCJ presentó una acción de inconstitucionalidad sobre la ley, por entender que el Poder Legislativo había violado el principio de separación de poderes al inmiscuirse en asuntos propios del Poder Judicial. Esa acción implicó demandar a los 500 jueces del país, por estar directamente implicados, y a la AMU, porque la norma le da un lugar en la integración en los tribunales de concurso.

Los jueces, que respondieron la demanda y defenderán ante una corte integrada especialmente para el caso la constitucionalidad de la ley, entienden que la norma tiene que ser reglamentada y cumplida, porque la impugnación por vía de acción de inconstitucionalidad no prevé efectos suspensivos.

“El Código General del Proceso establece que cuando se plantea la inconstitucionalidad de una norma en un juicio, ese juicio se suspende hasta que la SCJ decida, pero acá no hay ningún juicio en que la ley se vaya a aplicar, lo que hay es una ley que la SCJ no cumple”, explicó Gatti.

La presidenta de la AMU subrayó que lo que quieren los jueces es transparencia en el sistema de concursos: “La asociación no se opone a un sistema de evaluación, estamos exigiendo uno que brinde las garantías y que se cumpla, de manera que suponga un sistema objetivo y transparente, en que todo el mundo sepa por qué Fulano asciende y por qué Mengano no”.

Gatti se refirió, sin nombrarlo, al caso del juez Fernando Tovagliare, para el que se pidió venia de ascenso sin que estuviese en la lista de prelación: “No queremos que haya discrecionalidad que pueda transformarse en arbitrariedad. Lo que queremos es que se elija a los mejores”, advirtió, y adelantó que el abogado de la AMU quedó a disposición de los jueces que quieran recurrir esa decisión.

La Comisión Directiva de la AMU evaluó también la situación de tensión generada entre el CAU y la SCJ, luego de que el presidente de esta última, Tabaré Sosa, rechazara como “interlocutor válido” al del CAU, Diego Pescadere.

El deterioro del relacionamiento entre abogados y ministros de la SCJ surgió a raíz del análisis del proyecto de ley presentado por el CAU, que está siendo estudiado por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados y tiene la finalidad de digitalizar los procesos.

“Miramos con preocupación esa situación y aspiramos a que se resuelva de la mejor manera posible, por el bien de todo el sistema de justicia. En el marco de un Estado de derecho, aspiramos a que todas las instituciones tengan el mejor relacionamiento posible”, sostuvo Gatti.

Consultada sobre el proyecto del CAU, por el que la comisión legislativa va a solicitar un informe a la AMU, Gatti señaló que la asociación aún no tiene una posición tomada, pero en términos generales “está totalmente a favor de implementar los nuevos medios tecnológicos en el Poder Judicial”, y añadió que es necesario “tratar de lograr que en situaciones como las que hubo ahora, el sistema de justicia continúe funcionando”.

En cuanto a los problemas internos de relacionamiento entre los ministros de la SCJ, Gatti expresó que hay preocupación entre los jueces ante “un funcionamiento que no es el mejor para el Poder Judicial”. “Aspiramos al mejor funcionamiento, porque es lo mejor para el Estado y para preservar la institucionalidad”, agregó.

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