El 9 de diciembre hubo un incendio en el módulo 4 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). La celda 35 ardió por completo. Esta celda está en el sector 2A, es decir, en el segundo piso del módulo, al frente.
Dos hombres, de 44 y 49 años, murieron en el lugar. Uno de ellos murió en posición fetal en su cama. El otro llegó a levantarse. Uno de los dos era electricista. Otros tres privados de libertad resultaron heridos de gravedad. Dos fueron internados en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque). Ambos murieron. Uno de ellos, de 38 años, murió a los dos días de ser internado en el Cenaque y el otro, de 52 años, falleció el 16 de diciembre. El único que sobrevivió fue internado en el Hospital Español, con pronóstico reservado, intubado y con quemaduras en el cuerpo. Continúa internado y en recuperación.
Tras el incendio, desde el Ministerio del Interior se dijo que “no se podía hacer nada para evitarlo” y las autoridades se deslindaron de la responsabilidad.
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, presentó al Parlamento un informe sobre estos hechos en el que, además de analizar lo sucedido, hizo una serie de recomendaciones para “trazar líneas posibles de política pública en la promoción de los derechos de las personas privadas de libertad”.
Según Petit, “para comprender los hechos es necesario repasar el contexto edilicio e institucional en que ocurrieron”: una cárcel en la que hay 4.100 personas privadas de libertad. Explicó que el módulo 4 es de seguridad media y que cuenta con 42 policías y 38 operadores, que se reparten entre este módulo y el contiguo, el 5, de casi idéntica estructura. Entre los dos módulos hay unas 1.000 personas.
El módulo 4 tiene 400 plazas oficiales disponibles, pero el día del incendio había 653 personas; el hacinamiento en ese momento era, pues, de 163%. El incendio se produjo en el ala derecha del sector A2, donde hay nueve celdas con un pasillo o planchada en el medio, numeradas de la 33 a la 42, con 57 personas alojadas en el lugar.
Petit sostiene que “las dificultades edilicias que atraviesa son comunes a toda la unidad”, y describe: “celdas húmedas, con escasa ventilación, con mayor ocupación que las plazas previstas, con escasez de insumos diarios como materiales de limpieza, higiene personal y abrigo”. Por el contrario, “las condiciones del módulo son, en general, malas”; en el Informe Anual 2020 se lo identificó como de condiciones de trato cruel, inhumano o degradante.
Según Petit, el día del incendio “sólo dos funcionarios asistían a la totalidad de las personas que se ubican en el módulo 4”. Y detalló: “Cuando se desató el fuego, estos funcionarios, que cubren la guardia de 19.00 a 7.00, se encontraban, como es de práctica, en su puesto en la planta baja, desde donde escucharon gritos y golpeteo pidiendo auxilio”.
Cuando los funcionarios escucharon los gritos y golpes, reaccionaron y corrieron hacia el segundo piso. Vieron el fuego y despertaron las alertas. El candado de la puerta ya había tomado temperatura pero pudieron abrirlo. Salía mucho humo negro, muy caliente, y se veía fuego. Abrieron otras celdas para que otros privados de libertad ayudaran a sacar a quienes estaban dentro de la celda incendiada. Uno de los heridos salió caminando con apoyo y mucha dificultad. A los otros los sacaron con colchones y mantas que hacían de camillas, hasta que llegó una camilla real desde la enfermería.
El comisionado señaló que según los informes primarios de Bomberos, “cuya evolución hemos seguido, el incendio se generó a partir de la sobrecarga eléctrica de los aparatos que había en la celda 35, que tenía cinco personas durmiendo en ella”. “El cortocircuito en los cables habría generado fuego en los colchones que estaban contra la puerta de la celda”, afirmó. Agregó que “en contacto con el fuego, los colchones comenzaron a emitir gases sumamente tóxicos –con monóxido de carbono entre otros componentes que atacan en pocos minutos al sistema nervioso–, afectando gravemente a quienes estaban allí, algunos de los cuales probablemente perdieron la conciencia muy rápidamente”. El informe también señala que los gases son “tan o más mortales que el propio fuego, ya que en pocos minutos dejan a los afectados sin posibilidad de reacción”, y los colchones son “una importante carga de fuego”.
Según los informes técnicos de Bomberos, “primarios pero concluyentes”, no se detectaron indicios o elementos de intencionalidad en el lugar ni de agresiones externas que pudieran haber iniciado el fuego.
El comisionado destaca que en los pisos hay un espacio central vidriado que es para control, que se conoce como “consola”. Sugiere que es “importante detenernos en esa consola” porque “mucho del drama se resume en esa consola vacía”. “Fue prevista su ubicación allí, y así fue usada inicialmente, como puesto de observación y vigilancia para los funcionarios penitenciarios. Desde hace muchos años esa consola, igual que muchas otras consolas de observación y vigilancia de los módulos, ante la carencia de funcionarios y otras carencias logísticas y de mantenimiento, y en un contexto de sobrepoblación de internos, permanece vacía durante las 24 horas”.
En el informe se destaca la conmoción de todos los involucrados en el rescate, tanto privados de libertad como funcionarios. Estaban “impactados emotivamente por lo ocurrido y por el desgarrador rescate de las personas que estaban en la celda 35: las heridas que tenían eran gravísimas y dolía el alma verlas”. Además de coincidir en la “congoja” y el impacto por lo que vivieron, hubo acuerdo en los testimonios en que dada la “circunstancia extrema del rescate”, “todos hicieron lo que estuvo a su alcance”, con acciones de “gran valentía y arrojo”. Según se señala, tienen señales de “estrés postraumático”: “Lo vivido se repite en sus cabezas, tienen dificultad para dormir y temores de que algo malo ocurra nuevamente en cualquier momento”.
Conclusiones y recomendaciones
El informe no plantea dudas: el Estado tiene el “deber” de custodiar la vida. “El Estado es responsable de custodiar la vida de las personas privadas de libertad, debiendo demostrar siempre que actuó con la máxima diligencia y volcando los recursos disponibles según su nivel de desarrollo para asegurar mínimos básicos que permitan evitar y prevenir accidentes o hechos dañinos”. En este sentido, “la falta de personal suficiente y con capacidad de observación, control y vigilancia para actuar en pocos minutos ante emergencias extremas es una de las materias pendientes en buena parte del sistema penitenciario desde hace mucho tiempo”. En consecuencia, “un desenlace accidental de una cadena de sucesos no debe hacernos olvidar el origen y la concatenación de esos hechos, que muchas veces los generan y explican”.
Petit define como el “punto central” que la toxicidad del humo que generan los colchones, y el calor que desprende este dentro de una celda, hacen que la respuesta de urgencia para este tipo de siniestros deba darse en unos pocos minutos. “La consola vacía por la ya consuetudinaria escasez de funcionarios, estratégicamente diseñada y colocada en momento de construirse esa cárcel a metros del celdario, fue precisamente hecha para cumplir esa función”, explica. Y agrega: “Si algo grave ocurre, desde allí se puede actuar en minutos. Si no hay funcionarios allí, nada puede hacerse de manera pronta. Sin sensores, dispersores, botón de pánico, cámaras de seguridad u otros elementos –panorama que se repite en muchas partes del sistema–, con el golpeteo y los pedidos de auxilio a una guardia relativamente lejana, se pierden minutos esenciales”. El comisionado enfatiza en que “la consola vacía es muestra contundente de una carencia que, de tener el funcionamiento para el cual fue creada y que tuvo durante un tiempo, habría generado más posibilidades de interrumpir la cadena de hechos que desencadenó el cortocircuito”.
El informe también señala un “peligro estructural” que está “directamente vinculado a la sobrecarga eléctrica que desencadenara el hecho”, ya que la instalación prevista supera la cantidad de personas que la usan dado el hacinamiento (163% en el módulo). Además, indicó que “existen condiciones de vida y de funcionamiento cotidiano que conspiran contra la adecuada prevención de siniestros de todo tipo”. “En ambas cosas es notorio que siendo el Estado responsable de la administración de la ejecución penal, debe tomar medidas pertinentes y suficientes para hacer frente al aumento de personas bajo su custodia de manera que ese aumento no se vuelva un factor de riesgo y daño”.
Respecto de los funcionarios, resaltó que están “bajo presión” y que la cantidad es insuficiente para controlar la seguridad, asistir y custodiar la vida. “Sobre los funcionarios recae una dura tarea que, en general, realizan con bajas remuneraciones, poco reconocimiento público, alto riesgo jurídico y vital y condiciones de alto riesgo y agotamiento laboral”, indicó, lo cual es otro problema que define como “estructural” y “constatable”, que se vuelve “patente y patético en el módulo 4, donde había dos funcionarios actuantes de guardia para 653 personas”.
Retomó un reclamo “histórico” de la oficina que representa en nombre del Parlamento: que las cárceles cuenten con habilitación de Bomberos. “Corresponde reiterar que todas las unidades penitenciarias deben tener habilitación de Bomberos para certificar que el Estado ha hecho todo lo necesario para asegurar estándares mínimos que puedan prevenir un desastre”, afirmó. También instó a que se tome esto en cuenta en el diseño de las nuevas cárceles y que se evite que los presos tengan que recurrir a instalaciones “clandestinas o irregulares”.
El comisionado recomienda la atención por el estrés postraumático: que se brinde atención en salud mental tanto a los funcionarios como a los privados de libertad que participaron en los rescates. También sugiere resarcir a las víctimas y sus familias por el daño moral sufrido. “Es ineludible técnicamente, tanto desde la dimensión de la seguridad como de la dimensión de la rehabilitación, la existencia de puestos de control y observación en los celdarios”, señaló. Y enfatizó en que “el Estado debe avanzar en su propia transformación, asumiendo la responsabilidad civil que le corresponde por carencias que son estructurales y endémicas, cumpliendo los estándares mínimos: control, vigilancia, cuidado”, para los cuales, según dijo, “tiene un grado de desarrollo suficiente capaz de asegurarlos”.
De cara al futuro, ante un “sistema penitenciario superpoblado y con grandes necesidades de personal técnico (tanto de custodia como de rehabilitación y de gestión)”, que “tiene carencias estructurales y crónicas que explican su alta tasa de reincidencia”, recomienda apostar a una política pública que se adecue a las necesidades actuales. “Sin eso, seguirá siendo causa de grandes dolores: reincidencia, violencia, nuevos delitos y hechos como el aquí analizado”, concluyó.